FULNA

SE VIENE EL FRENTE DE UNIDAD POPULAR

2008-10-31T05:19:00.002-02:00

SE VIENE EL FRENTE DE UNIDAD POPULAR
Este año LA VALLESE, EL MOVIMIENTO EVITA, LA AGRUPACIÓN SANTIAGO PAMPILLON, LA PUIGGROS, CONSENSO Y MEGAFÓN formamos el FRENTE DE UNIDAD POPULAR como parte de un proceso de debate y construcción política colectiva dentro del movimiento estudiantil de nuestra Facultad. El triunfo electoral de Macri, el resultado del conflicto por las retenciones móviles y las actuales resistencias a la estatización de las AFJP expresa la recomposición de una derecha neoliberal. Este reverdecer neoliberal se apoya en un fuerte discurso antipolítico, individualista, privatista y mercantilista, así como en los déficits de construcción política de los sectores populares y nos plantea nuevas tareas.
En este sentido creemos que el Centro de Estudiantes debe ser la herramienta a partir de la cual luchar por las reivindicaciones históricas y los derechos de los estudiantes. Es a su vez, una forma de organizar al movimiento estudiantil, entendido como el conjunto de los estudiantes. Lamentablemente, el Centro de estudiantes de nuestra facultad fue vaciado de contenido, y su espíritu fue tergiversado. Hoy se limita a ser la secretaría de Apuntes, sin siquiera cumplir su objetivo original. Esta secretaría fue creada para que los estudiantes consigamos los apuntes al menor precio posible, democratizando y socializando el acceso al material de estudio, contemplando las becas necesarias para los compañeros con mayores dificultades económicas. Después de 5 años de presidencia de Oktubre esta forma de pensar el centro parece estar olvidada. Sus prácticas mercantilistas transformaron a nuestro Centro de Estudiantes en un instrumento de financiamiento partidario y en una máquina propagandística. Lejos está de ser la herramienta de movilización y organización del movimiento estudiantil de Sociales.
Como parte del movimiento estudiantil debemos asumir la necesidad de llevar la batalla de ideas al interior de nuestra sociedad. Desde la universidad y el movimiento estudiantil tenemos que contribuir a evitar el peligro de que se reinstale el consenso neoliberal que impero en la década de los ´90 y que puso en riesgo a la existencia misma de la universidad pública. Sin embargo la actual conducción del Centro (OKTUBRE) le hace el juego a la derecha por puro oposicionismo al gobierno de turno. Esto constituye un error estratégico, una posición de miopía y mezquindad política. En un contexto de crisis internacional del capitalismo realmente existente, los sectores populares tenemos que recuperar el terreno perdido sin caer en la “enfermedad infantil del izquierdismo”. Por todo lo anterior, desde el FRENTE DE UNIDAD POPULAR creemos que los estudiantes de Sociales tenemos que recuperar el Centro de Estudiantes y ser protagonistas del debate y la lucha por construir una sociedad más justa y libre.

Recuperemos el Centro
Por un Centro de Estudiantes • Solidario, sin excedente en Apuntes• Democrático, con Estatuto• Organizado por el Edificio, con Comedor y Guardería• Comprometido con nuestro Pueblo
FRENTE DEUNIDAD POPULAR
LA VALLESE La Corriente Nacional www.lavallesenacional.org /// info@lavallesenacional.org
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EVITA
SANTIAGO PAMPILLÓN
LA PUIGGROS
CONSENSO
Megafón

Proyecto de estatización de las AFJP

2008-10-24T23:58:00.001-02:00

PODER EJECUTIVO DE LA NACION
BUENOS AIRES, 21-OCT-2008
AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:
Tengo el agrada de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de Ley por el que se propicia la eliminación del actual régimen de capitalización, que deberá ser absorbido y sustituido por un único régimen de reparto.
Se persigue el objetivo de la unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a ser financiado por un sistema solidario de reparto,
Tal régimen deberá garantizar a todos los afiliados y beneficiarios del actual régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la que brinda el régimen previsional público.
El presente proyecto de Ley enmarca al sistema de seguridad social dentro de los preceptos constitucionales contenidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al establecer que el Estado es quien otorga los beneficios de la Seguridad Social en forma Integral e irrenunciable.
Este sistema previsional unificado estará basado en el principio de solidaridad, en el que el régimen público tiene un rol Inclusivo y redistributivo, acorde con las políticas que ha desarrollado el Gobierno Nacional desde el año 2003.
Las jubilaciones y pensiones deben, por definición, otorgar certezas a los ciudadanos en un momento de sus vidas en el cual ya no participan de la fuerza activa de trabajo.
Los antecedentes históricos del sistema previsional en la República Argentina tienen su hito fundacional en la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 27 de noviembre de 1943 ya que, hasta dicha fecha no existía un esquema central estratégico y, por lo tanto, coexistían diversos sistemas jubilatorios que le daban respuestas particulares y heterogéneas, no cuidando la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
La creación del Consejo Nacional de Previsión Social en el ario 1944 formalizó el convencimiento del Estado Nacional en cuanto a diseñar y poner en funcionamiento un sistema previsional de alcance nacional e integral.
La reforma de la Carta Magna del año 1949 había otorgado rango constitucional a los derechos ciudadanos sobre la Seguridad Social, liderando en Latinoamérica las cuestiones relativas al reconocimiento de los derechos de los trabajadores, Este proceso inclusivo y protector de derechos solo pudo ser detenido por los quiebres del orden institucional
El actual artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresamente consagró la obligación del Estado en cuanto al otorgamiento de los beneficios de la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable, así como el derecho a jubilaciones y pensiones móviles
Las Leyes N° 18.037 Y N° 18.038 construyeron un sistema público y solidario de alcance general que abarcaba a la mayor parte de la población económicamente activa , cubriendo las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento.
Dicho sistema sufrió un progresivo deterioro , originado, entre otras causas, en el constante proceso dé desindustrialización comenzado a fines de la década de 1970; la creciente informalidad laboral y la consecuente caída de los recursos del sistema; la proliferación dé regímenes especiales sin los necesarios esquemas de financiamiento; los cambios demográficos; el proceso inflacionario y sus consecuencias sobre las relaciones ingreso/gasto del sector público y la alta litigiosidad por problemas de diseño del sistema.
Aquél conjunto de circunstancias pusieron claramente de manifiesto que no puede existir un sistema previsional que funcione sin relaciones laborales formales,
Estas ratones, adicionadas a las dificultades macroeconómicas que vivió la República Argentina, fueron condiciones que evidenciaron la necesidad de replantear el sistema entonces vigente,
Sin embargo, la respuesta otorgada oportunamente por el Estado no tuvo una visión nacional solidaria y sustentable que previera aumentar los niveles de cobertura1 el valor de las prestaciones y el sostenimiento en el tiempo de los derechos de que se trata,
Así ,se implementó la idea del ahorro individual administrado por empresas privadas, reemplazando al seguro social de base solidaria como pilar fundamental del sistema, considerando que sólo quien podía ahorrar podría jubilarse cristalizando la distribución del ingreso,
Claro está que dichas administradoras sólo podrían existir mediante una regulación que privilegiara al sistema de capitalización por sobre el régimen público, No es ocioso recordar que el proyecto original ; eliminaba la participación del Estado, es decir el régimen de reparto del sistema previsional público argentino, quedando dentro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la organización institucional residual de las cajas previsionales y de asignaciones familiares,
La imposición del sistema de capitalización traía aparejada la visión de que los aportes eran de propiedad individual por lo que, la cuestión del trabajo organizado, también fue concebida como un asunto individual.
Sin embargo los resultados contradijeron dicha premisa. Así en 1993 antes dé la implementación del régimen de capitalización la tasa de desempleo fue del OCHO CON OCHO POR CIENTO (8,8%), un alto después de la vigencia del régimen, la misma se habla incrementado en DIEZ (10) puntos porcentuales, llegando hasta el DIECIOCHO POR CIENTO (18%). La crisis del año 2001 marcó un pico de desempleo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y hoy luego de CINCO (5) años de políticas públicas activas, ha vuelto a colocarse por debajo del OCHO POR CIENTO (8%) con lo que se pone de manifiesto la importancia de la presencia del Estado en materia de políticas activas y de control sobre los mercados laborales, como determinante del empleo formal.
Por otra parte, cabe resaltar el desarrollo del mercado de capitales, en ese sentido el volumen de fondos administrados por las ADMINISTRADORAS DE FONDOS OE JUBILACIONES Y PENSIONES (AFJP) destinado a la adquisición de acciones equivale al DIECINUEVE CON CINCO POR CIENTO (19,5%) del capital flotante,. es decir aproximadamente el SIETE CON OCHO POR CIENTO (7,8%) de las empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sin embargo, dicha participación es de tan sólo el CINCO CON NUEVE POR CIENTO (5,9%) del valor de mercado de dichas acciones.
En el mismo sentido entre junio de 2000 y junio de 2007, previo al inicio de la crisis global, el saldo administrado por las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES y PENSIONES (AFJP) se multiplicó pasando de 18.714 millones de pesos a 95.871 millones de pesos, en tanto que para el mismo período la relación entre el saldo del fondo de jubilaciones y pensiones y el PBI aumentó 1,8 veces.
Sin embargo para el mismo periodo, la capitalización bursátil doméstica creció sólo 3,5 pasando de 5,979 millones de pesos a 179.771 millones de pesos, mientras que la capitalización bursátil doméstica sobre PBI aumentó sólo 1.3 veces,
Además, se esperaba que dicho sistema aumentara la cobertura de la población, es decir que se incrementara el número de jubilados, circunstancia que no se ha producido, no obstante cabe señalar que la cobertura medida, en términos porcentuales, bajó del SESENTA POR CIENTO (60%) al CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (47%),
Asimismo, es de destacar que la evaluación de las comisiones cobradas por las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (AFJP) demostró que las mismas han sido incrementadas, teniendo en cuenta que se fijan sobre los salarios brutos, Esto motivó que por una decisión política de reducción de aportes para los afiliados a este régimen, llevada adelante en el año 2001, la comisión sobre el aporte ascendiera al SESENTA POR CIENTO (60%) de la suma aportada por cada trabajador, en promedio entre 2001 y 2003, Es decir, que durante dicho periodo el monto capitalizado fuera casi inexistente.
También se esperaba que este régimen estimulara a los ciudadanos de mayores ingresos a realizar aportes voluntarios al sistema, en tanto que, a la fecha, el total de aportes no obligatorios no supera el CERO CON TRES POR CIENTO (0,3%) del total de los ingresos que reciben las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES,
Conceptualmente el sistema de capitalización deja el futuro de los ingresos de nuestros trabajadores y jubilados a merced de los avatares del mercado financiero, es decir sujeto a operaciones de riesgo, tal como se hace más evidente ante la crisis financiera internacional.
La previsión social es una institución creada para otorgar certezas, por lo que la misma no puede tener como pilar central una actividad intrínsecamente riesgosa y que además ha demostrado que puede distanciarse fuertemente de la economía real por periodos prolongados cuando los productos financieros no tienen un correlato con la riqueza en términos de bienes y servicios.
Finalmente, en el año 2003 se advirtió que nos encontrábamos, frente a un sistema previsional con cobertura baja y en descenso, alta litigiosidad, haberes congelados, desigualdad en las condiciones del sistema de reparto y el de capitalización (opción negativa, diferencia de aportes, cálculo de la prestación adicional por permanencia) y gestión deficiente de los trámites previsionales.
Frente a dicha circunstancia, el Estado toma un rol activo en la reconstrucción del sistema previsional público en sus distintos parámetros.
Esto en el convencimiento del Gobierno Nacional de entender que la situación social se mejora tomando medidas técnicas que promuevan reformas sobre una base humana y moral que tenga en consideración al hombre; la familia y la sociedad como principales protagonistas a ser protegidos por el Estado como administrador de la Seguridad Social.
En ese, sentido, perfeccionar el sistema contribuye a mejorar la calidad institucional del país, entendiéndose que ningún modelo de crecimiento económico que descuide la Justicia Social puede ser efectivo en el largo plazo.
Con esta visión estratégica del rol central del Estado en la Seguridad Social se ha consolidado el sistema previsional, habiéndose mejorado toda la escala de haberes, ampliando la cobertura del sistema jubilatorio a más de un millón y medio de ciudadanos.
Para ello la Ley N° 26.222 permitió la libre opción entre regimenes y equiparó la prestación por permanencia. Asimismo se igualó la tasa de aporte entre ambos regimenes, se redujeron las comisiones de las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES al UNO POR CIENTO (1 %), instaurando, además, la mutualización del sistema de invalidez.
Se constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, Finalmente, la movilidad de las prestaciones consagrada parla Ley N° 26.417 otorga a las mismas previsibilidad y consistencia al sistema.
En definitiva, actualmente tenemos un sistema previsional público robusto, con cobertura, con fortaleza financiera e institucional que incluso cubrió los desajustes en las prestaciones del régimen de capitalización, ya que la Ley N° 26.222 consagró la garantía del haber mínimo para todos los beneficiarios.
Es cierto, hoy, de los 445.000 beneficiarios del régimen de capitalización el Estado concurre en el pago de los mismos en el SETENTA y SIETE POR CIENTO (77%) de los casos y 179.000 jubilados de capitalización reciben complementos para que su haber no sea inferior a la mínima garantizada.
Además hay que resaltar que 33.000 casos tienen ya su cuenta de capitalización individual totalmente consumida, y por consiguiente es el Estado quien paga la totalidad de sus haberes.
El proyecto iniciado en el año 2003 ha llevado adelante en forma sistemática y consistente la reconstrucción del sistema público de reparto en el convencimiento técnico y político de que el sistema previsional requiere más certezas que Interrogantes y que el Estado debe tener un rol activo en la seguridad social, con la convicción de que es posible una buena administración de los recursos públicos y una gestión estatal eficiente y eficaz.
Es importante destacar que en países como ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la REPUBLICA FRANCESA, el REINO DE ESPAÑA y CANADA, entre otros, rige un sistema previsional público, en tanto otros, como los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la REPUBUCA DEL PERU y la REPUBLICA DE CHILE, han adoptado un régimen previsional mixto o privado, con dispares resultados frente a los últimos acontecimientos en materia financiera,
Frente a todo lo expuesto, se propone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional Público, eliminándose el actual Régimen de Capitalización, el que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto.
Asimismo, se propone que el Estado Nacional garantice a los afiliados y beneficiarios del citado Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gocen a la fecha de la entrada en vigencia del presente proyecto de ley.
Además, el proyecto de ley acompañado prevé que los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los periodos en que el trabajador se encontraba afiliado al Régimen de Capitalización, se considerarán como SI hubiesen sido prestados al Régimen Previsional Público.
Por otra parte, se establece que los beneficios de la jubilación ordinaria, del retiro por invalidez y de la pensión por fallecimiento que, sean liquidados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones bajo las modalidades de Retiro Programado o Retiro Fraccionario, serán pagados por el Régimen Previsional Público. Asimismo, los beneficios que se liquiden bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, continuarán abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.
En tanto, los afiliados al Régimen de Capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de "Imposiciones Voluntarias" y/o "Depósitos Convenidos” y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación o a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad.
Frente a lo expuesto, se propone transferir en especie a la ADMINISTRÁC10N NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que Integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones los que pasarán a Integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto.
Se dispone, también, que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL entidad actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL gozará de autonomía financiera y económica con los alcances que disponga la reglamentación bajo la supervisón la COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Los representantes del pueblo y de las provincias tomarán así; un rol activo en el seguimiento y el cuidado de los fondos de la seguridad social, en aplicación de una verdadera política de estado para su custodia, en tanto los fondos pertenecen a los aportantes y no al Estado Nacional.
Se prevé que, de resultar procedente el pago de una compensación, el Estado sólo entregará a los accionistas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, titulas públicos emitidos o a emitirse por la REPUBLICA ARGENTINA; por hasta un valor máximo equivalente al capital social de las Administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación del presente proyecto de ley, estableciendo, además, que se preservará el empleo de los dependientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
Con respecto al personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el articulo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias se establece que será transferido a la SUPERINTENDENC1A DE RIESGOS DEL TRABAJO; en la proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento, conforme lo determine el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Por último, entre otras disposiciones, se establece que la ADMINISTRACION NACIONAL DE lA SEGURIDAD SOCIAL, en un plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente proyecto de ley, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer operativas sus disposiciones en lo relativo a la recepción de los aportes y el pago de los beneficios por jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento,
En consecuencia, este Gobierno Nacional cree que es necesaria la existencia de un solo régimen previsional, el que no puede edificarse sobre la base de una actividad intrínsecamente riesgosa como es el mercado de capitales con la consecuente especulación financiera, por lo que se eleva el presente proyecto a consideración de Vuestra Honorabilidad solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
FIRMANTES: SRA. PRESIDENTA DE LA NACION SR. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ...
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
TITULO I
Sistema Integrado Previsional Argentino
Capitulo I
Unificación
ARTICULO 1° - Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización vigente hasta la fecha, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional Público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley.
ARTICULO 2° - El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.
Capítulo II
Afiliados y Beneficiarios
ARTICULO 3°- Los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los periodos en que el trabajador se encontraba afiliado al Régimen de Capitalización, serán considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestados al Régimen Previsional Público.
Los trabajadores podrán solicitar que se consideren las remuneraciones percibidas mientras se encontraban afiliados al Régimen de Capitalización para la determinación de la Prestación Adicional por Permanencia correspondiente a dicho período, aún cuando no estuvieran comprendidas en los DIEZ (10) años anteriores al cese en los términos del inciso a) del articulo 24 de la ley Ley N° 24.241 y concordantes,
ARTICULO 4° - Los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha de vigencia de la presente, sean liquidados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones bajo las modalidades de Retiro Programado o Retiro Fraccionario serán pagados por el Régimen Previsional Público. El importe de las prestaciones de los actuales beneficiarios de las prestaciones por invalidez, pensión y jubilación ordinaria del Régimen de Capitalización será valorizado conforme el valor cuota más alto vigente entre el 1 ° de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008. Estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias,
ARTICULO 5°.- Los beneficios del Régimen de Capitalización previstos en la Ley N° 24.241 Y sus modificatorias que a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, continuarán abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.
ARTICULO 6°.- Los afiliados al Régimen de Capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de “Imposiciones Voluntarias” y/o “Depósitos Convenidos” y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la ADMINISTRACIQN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación o una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la que deberá reconvertirse, modificando su Objeto social para tal finalidad.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas pertinentes a esos fines.
TITULO II
De los recursos del Sistema
ARTICULO 7° - Transfiérense en especie a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo 6° de la presente ley. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el Decreto N° 897/07.
ARTICULO 8° - La totalidad de los aportes correspondientes a los trabajadores autónomos financiará las prestaciones del Régimen Previsional Público, modificándose1 en tal sentido, el articulo 18, inciso c) de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias
TITULO III
De la supervisión de los recursos
ARTICULO 9° - La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL entidad actuante en la Órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL gozará de autonomía financiera y económica con los alcances que disponga la reglamentación, estando sujeta a la supervisión de la COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Dicha comisión estará Integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna, teniendo como misión constituir y ejercer la coordinación entre el CONGRESO NACIONAL Y el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informara los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.
Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.
TITULO IV
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
ARTICULO 1O - En ningún taso las compensaciones que pudieran corresponder a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las Administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el Estado Nacional, de corresponder, entregará a los accionistas de dichas entidades, titulas públicos emitidos o a emitirse por la REPUBLICA ARGENTINA, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos para evitar afectaciones a la cotización de los mismos, permitiendo, asimismo, que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL tenga derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos,
ARTÍCULO 11 - A través de las áreas competentes se realizarán todos los actos necesarios tendientes a preservar el empleo de los dependientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
ARTICULO 12 - El personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias será transferido a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, en la proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento, conforme lo determine el MINISTERJO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL.
A los efectos relativos a la antigüedad en el empleo del personal que sea transferido, se considerará como tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación con el organismo cedente. Asimismo, deberán transferirse los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las Comisiones Médicas.
Los gastos que demanden las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central serán financiados por la Administración Nacional de la Seguridad Social y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en la forma y proporciones establecidas en la reglamentación.
TITULO V
Régimen General
ARTICULO 13,- Los afiliados del Régimen Previsional Publico tendrán derecho a la percepción de una Prestación Adicional, por Permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los Incisos a) y b) del artículo 17 de la Ley N° 24.241.
El haber mensual de esta prestación se determinará computando el UNO y MEDIO POR CIENTO (1,5%) por cada año de servicios con aportes realizados al Régimen Previsional Público en igual forma y metodología que la establecida para la Prestación Compensatoria. Para acceder a. esta prestación los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del articulo 23 de la citada Ley.
A los efectos de aspectos tales como movilidad, Prestación Anual Complementaria y otros inherentes a la Prestación Adicional por Permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la Prestación Compensatoria.
ARTICULO 14 - Deróganse el inciso e) del articulo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 'en 1997 y sus modificaciones y el articulo 113 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
ARTICULO 15 - La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se subroga en las obligaciones y derechos que la Ley N° 24.241 y sus modificatorias le hubiera asignado a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
TITULO VI
Disposiciones Transitorias
ARTICULO 16 - La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL deberá adoptar las medidas necesarias para hacer operativa la presente ley en lo relativo a la recepción de los- aportes y el pago de los beneficios por jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento en el plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 17 - Encomiéndase al PODER EJECUTIVO NACIONAL la elaboración del texto ordenado de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, debiendo adecuarse la misma a lo establecido por la presente ley. Asimismo, podrá disponer la supresión de aquellas disposiciones que a la fecha del ordenamiento, hayan perdido actualidad.
ARTICULO 18 - La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 19 - Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL
SRA. PRESlDENTA DE LA NACION SR. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Conferencia del Cónsul de Bolivia en la UBA, 23/10 – 19 hs

2008-10-22T03:19:00.001-02:00

Jueves 23/10 – 19 hs: Conferencia del Cónsul de Bolivia en la UBA
6º encuentro de la Cátedra Libre Salvador Allende
Jueves 23/10 – 19 hs - Aula 103Sede Parque Centenario. (Franklin 54 o Ramos Mejías 841)Facultad de Ciencias Sociales - UBA
Conferencia:“El Desarrollo de los movimientos sociales que plantean la defensa de los recursos naturales y de los derechos humanos en Bolivia”
Dr. Alberto González SamaniegoCónsul General de Bolivia
Participará el Sr. Decano de la Facultad de Cs Sociales: Federico Schuster
Organiza Cátedra Libre Salvador Allende
www.catedralibresalvadorallende.blogspot.com
catedralibreallende@gmail.com
Auspicia Fac. de Cs. Sociales - UBA
Invitan:
FRENTE de UNIDAD POPULAR
LA VALLESE
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EVITA
SANTIAGO PAMPILLÓNLA PUIGGROS
CONSENSO

SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO - LA VALLESE

2008-08-15T13:41:00.002-03:00

El desenlace del conflicto por las retenciones móviles marcó una importante derrota político-ideológica de los sectores populares debido a que los sectores oligárquicos fueron capaces de articular un amplio bloque que ha logrado obtener la hegemonía ideológica por fuera y en contra del Estado nacional. Esto, visto en perspectiva, es la continuación del mismo proceso político que se evidenció en el triunfo electoral de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Un proceso que marca el surgimiento de una fuerte corriente de opinión social que expresa a una nueva derecha conservadora y que simultáneamente evidencia el cierre del ciclo político iniciado con la crisis del 2001.
Frente a esto desde el campo popular tenemos que intensificar la lucha político-ideológica contra el bloque oligárquico. Como escribió Cooke, no se puede enfrentar a la oligarquía desde sus mismos valores. Hay que ir avanzando en la construcción de una conciencia política que vea a la democracia como una forma de resolución pacífica de las luchas políticas del país. La concesiones ideológicas en este sentido, la idea de una normalidad entendida como ausencia de conflicto político, la idea de que los gobiernos se reducen a elencos técnicos que pueden y deben gestionar asépticamente los problemas sociales no solo implica desconocer la existencia de intereses sociales diversos sino que también fortalece una visión conservadora del statu quo (es decir de los intereses de los más fuertes, los intereses oligárquicos). La redistribución de la riqueza, cualquier avance hacia la justicia social y hacia el desarrollo autónomo nacional, vulnera los intereses de los sectores oligárquicos, de las empresas transnacionales y del imperialismo. Los hechos recientes, más allá de sus cuestiones secundarias y superficiales, muestran claramente que para el bloque oligárquico (especialmente para su núcleo más duro e invisible, las transnacionales de los agronegocios como Cargill y Dreyfus) existen porciones de rentabilidad que no pueden ser alteradas sin una enorme dosis de conflicto.
Por lo tanto, desde los sectores populares resulta necesario crear estrategias y desarrollar organizaciones políticas capaces de vencer en los próximos conflictos frente a los enormes márgenes de rentabilidad que pretenden mantener e incrementar los grupos que comandan el bloque oligárquico. Esto implica poder construir políticamente más allá del mero electoralismo que reduce la lucha política a la disputa por los espacios institucionales. Hay que superar la concepción que tiende a suplantar el esfuerzo militante y la construcción de una amplia corriente de opinión dentro de la sociedad con el peso de los aparatos. Tenemos que lograr construir organizaciones capaces de desarrollar estrategias que superen los particularismos y los personalismos en función de unificar las fuerzas del campo popular. Generar organizaciones políticas capaces de llevar el debate político al interior de la sociedad para reconquistar la hegemonía ideológica.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, más allá de ciertas posturas críticas y protagonismos de opinión, fue incapaz de producir y socializar un conocimiento realista sobre de la estructura social del agro argentino y los mecanismos de funcionamiento de los agronegocios. Asistimos así, una vez más, a un rol científico y académico marginal por parte una Facultad cuya comunidad académica (y los conocimientos por ella producidos) debería agregarle calidad y perspectiva científica al debate publico. Así, se produjo el absurdo de que el grueso de los estudiantes de Sociales no accedió a dicho conocimiento en sus aulas, actividades y publicaciones específicas, sino a través de los "interesados" medios de comunicación masiva al igual que el resto de la opinión pública. Por ello, también planteamos la necesidad de dar esta batalla ideológica y política en dicho ámbito, para que no se reduzca a ser una mera fábrica de técnicos y de fraseología. Para lograr que nuestra Facultad, como productora de conocimiento científico, se convierta en una herramienta importante para disgregar la hegemonía ideológica del bloque oligárquico.

POR UNA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO EN UNA PATRIA LIBERADA

LA VALLESE La Corriente Nacional
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FULNA Frente Universitario de Liberación Nacional
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Secretaría de Relaciones Obrero-Estudiantil de la FUA

Norberto Ivancich, Diego Raus, Sergio De Piero, Transformaciones en el Estado y en las Políticas Públicas - Junio de 2005

2008-01-30T14:50:00.000-02:00

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Ciencia Política

Seminario: Estado y Sociedad Civil en la Argentina Contemporánea. Reflexiones desde la Ciencia Política

Tercer encuentro: Transformaciones en el Estado y en las Políticas Públicas, 23 de Junio de 2005.

Panelistas:

Norberto Ivancich (UBA)

Diego Raus (UBA-UNLA)

Sergio De Piero (UBA-FLACSO)

Organización: Agrupación La Vallese
Auspicia: Dirección de la Carrera de Ciencia Política
Desgrabación, edición y corrección: Agrupación La Vallese

Presentación: Este seminario pretende poner en discusión una serie de problemáticas de la sociedad y la política argentina a las cuales la Ciencia Política o bien no ha dado respuesta o sólo lo ha hecho de manera parcial y fragmentaria; el objetivo es doble: por un lado efectuar una crítica a los patrones recurrentes de aproximación a los fenómenos políticos que han caracterizado a diversas escuelas politológicas y, en segundo término, aportar desde la Ciencia Política distintas herramientas tendientes a la construcción de alternativas prácticas dentro de la coyuntura actual.
En lo que se refiere al primer aspecto, la tradición politológica argentina, sobre todo a partir de la década de los ochenta, ha centrado su análisis en la necesidad de fortalecer las instituciones liberal-democráticas, en el marco de lo que se denominó transición democrática, en consonancia con los trabajos que se estaban llevando a cabo en Europa y otros países de América Latina sobre esta misma temática. A partir de la década de los noventa, sin embargo, la Ciencia Política pierde en buena medida su anclaje en la realidad sociopolítica, tanto al nivel de la producción académica como de la práctica profesional. Es indudable que nuestra carrera no ha podido dar cuenta satisfactoriamente de los distintos procesos de desarticulación de la Sociedad Civil (desocupación, pobreza, falta de acceso a los servicios básicos) que han acosado a la Argentina a partir del proceso de reconversión neoliberal que sufrió. Las visiones hegemónicas dentro de la disciplina, fundamentalmente las diversas escuelas de corte institucionalista, no alcanzaron a comprender en toda su dimensión las nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad civil, así como la transformación de la naturaleza de los actores que suelen mediar entre ambos terrenos, primordialmente los partidos políticos y su perdida de penetración y credibilidad en el seno de la sociedad. En este sentido, la propuesta de este seminario es, dialogando críticamente con los enfoques existentes, la de comenzar a pensar en una reformulación teórica y metodológica de nuestra disciplina, considerando las complejas interacciones existentes en el Estado y la Sociedad Civil en los procesos políticos contemporáneos.
Teniendo en consideración este diagnóstico, nuestro segundo objetivo reside en captar las problemáticas actuales de la Argentina posterior a la crisis de 2001. Cabe considerar que la caída de De la Rúa en diciembre de 2001 ha marcado un punto de inflexión en la vida política nacional, haciendo patente, por un lado, el grado de fragmentación y exclusión social que se vino produciendo desde 1976 en adelante y, por otro lado, arrojando la necesidad inmediata de comenzar a discutir proyectos alternativos. Es esta última dirección la que queremos profundizar a través de la serie de encuentros que programamos, enfatizando las transformaciones que se vienen dando en el ámbito del Estado, de la participación política, de los partidos y movimientos sociales, así como al nivel de la integración regional y el papel de la Argentina dentro del contexto latinoamericano.

Diego Raus: En principio buenas noches a todos. La temática que convocaron a esta reunión es Estado y Sociedad Civil en la Argentina contemporánea y es, nada menos ni nada más, que hablar del Estado y hablar de la sociedad, es decir: hablar de todo. A mi me gustaría empezar con tres conceptos de tres autores ya clásicos de la Ciencia Política o de la Teoría Política que de alguna manera definían un poco el tema del Estado. Por un lado Guillermo O´Donnell, que en un artículo bastante profundo del año 1982 - Apuntes para una teoría del Estado -, definía al Estado y a la sociedad como un espacio de mutua constitución. Incluso largaba un concepto, el de “co-constitutividad” entre el Estado y la sociedad, y lo que quería decir es que no se entiende al Estado sin la sociedad y no se entiende a la sociedad sin el Estado, obviamente en un período histórico, no en términos abstractos. Históricamente explicar un Estado tiene que ver con la sociedad y explicar una sociedad tiene que ver con el Estado.
Otro autor norteamericano, James O´Connor, en un libro de 1973 (La crisis fiscal del Estado) hablaba críticamente del Estado –desde un enfoque neomarxista- y señalaba que el problema del Estado contemporáneo –en 1973 el se refería a ese modelo que fue el Estado de Bienestar- era que había cumplido dos funciones paralelas que era proveer a la acumulación de capital pero a su vez generar legitimidad social, o sea: el Estado es una suma de acumulación o de funciones de acumulación y de legitimación. Y el precisamente lo que veía como aspecto crítico era que en la necesidad de acumulación del capital la función de legitimación del Estado cada vez era más dificultosa.
El otro autor que quería citar, filósofo, recientemente fallecido, Norbert Lechner, que hizo su carrera en Chile, en un artículo de 1992, es decir donde ya estaban inscriptos los procesos de reforma del Estado sobre todo en América Latina, criticaba estos procesos de reforma del Estado porque decía que en definitiva la reforma del Estado había dejado el rol de ordenador social, o sea de constituir un orden social, al mercado y decía que el mercado no puede constituir un orden social, el mercado cumple muchas funciones pero no el de constituir en sentido de coherencia, de homogeneidad un orden social, rol que había cumplido el Estado y que ahora había dejado de cumplir.
Es decir, si analizamos al Estado hoy, en estos últimos años para situarnos en Argentina, hablamos de un proceso de reforma del Estado, un proceso que fue tan necesario a las reformas económicas como las mismas reformas. Nos acostumbramos a decir que después del plan de convertibilidad básicamente hay una profunda transformación de la estructura económica, social y política de la Argentina, pero no hay que dejar de tener en cuenta que no sólo fue una reforma económica - apertura comercial, liberalización financiera, privatizaciones, control de la inflación, estabilidad del tipo de cambio- sino que eso necesitó sí o sí la reforma del Estado. Y cuando entran los análisis acerca de la reforma del Estado, hay cientos de trabajos, papers, investigaciones publicadas acerca de los múltiples aspectos que hacen a la reforma del Estado, la reforma administrativa, la reforma del empleo público, la descentralización del Estado, la reforma económica, la reforma jurídica, es decir: los análisis de la reforma del Estado hacen hincapié en la reforma de las funciones del Estado, pero creo que no hay que perder de vista el concepto que implicó estas reformas funcionales del Estado y ese concepto es precisamente el que señalaba Lechner en su artículo, que la reforma del Estado en definitiva encubrió un retiro del Estado como ordenador social, y con ordenador social no quiero decir un orden autoritativo, imperativo, quiero decir alguien que desde lo público constituye un determinado sistema de relaciones sociales tendiente a algo. El Estado argentino, más allá de los baches o de los momentos autoritarios, tendió desde el yrigoyenismo, pero sobre todo desde el peronismo, a un proceso de generación de políticas públicas que en definitiva tendían a la inclusión social, es decir: constituyó un orden social, que en la Argentina se fue desmoronando desde la dictadura, intento reemerger en la etapa de los ochenta y definitivamente se reconfiguró con la políticas de los años noventa. Esto es lo esencial para entender la reforma del Estado, entender como el Estado perdió o le hicieron perder o se retiró de esa responsabilidad política que tiene que ver con la constitución de un orden social que tendía a la inclusión.
Este aspecto no es menor, porque este aspecto está presente en los análisis críticos del modelo del Estado de Bienestar que empezaron a emerger muy fuertemente a fin de los sesenta y principios de los setenta en los países centrales y que definitivamente terminaron generando, como base ideológica, las políticas neoconservadoras que se desplegaron en el mundo, sobre todo en los países centrales, a principios de los ochenta, desde Reagan y Thatcher hasta las defecciones o reconfiguraciones de la socialdemocracia europea o el laborismo inglés. Y me refiero básicamente a lo que fue los análisis que formuló la Comisión Trilateral y público dentro del documento llamado Documento Trilateral. Ese documento trilateral tenía tres capítulos, un capítulo que hablaba sobre los Estados Unidos, otro sobre la Comunidad Europea y otro sobre Japón. El capítulo de los Estados Unidos es muy ilustrativo, lo escribió Samuel Huntington, entre los años 1969 y 1972, en los cuales funcionó y publicó la Comisión Trilateral. Esta comisión que se había reunido a instancias de los gobiernos o de estas instituciones (Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón) para analizar la recesión económica en que había comenzado a caer el capitalismo keynesiano a fines de los sesenta, se había reunido con ese objetivo, con ese objetivo trabajó y con ese objetivo publicó su informe: El Documento Trilateral. Y es llamativo, en este sentido, el título del Documento: La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las sociedades. Es decir: lo que había empezado por tratar de analizar un problema económico llega a un diagnóstico que es político, porque el problema para el Documento Trilateral era el problema de la democracia y de la gobernabilidad social. ¿Y en qué hacían foco en este doble aspecto, crisis de la democracia y gobernabilidad de las sociedades? Hacían foco en las excesivas funciones que los Estados habían empezado a desarrollar a partir del modelo que se conforma después de la segunda posguerra: el Estado de Bienestar.
Creo que, también acá hago un pequeño paréntesis, hay que entender bien esto del Estado de Bienestar. Entenderlo en el siguiente sentido: se piensa al Estado de Bienestar rápidamente como un Estado de distribución social, un Estado de políticas sociales, un Estado de derechos sociales, y el Estado de Bienestar fue un modelo político institucional con el que se pudo rearticular no solo la crisis de los treinta sino el conflicto social que había emergido en la crisis de los treinta –la desocupación, el desempleo, la desprotección del trabajo, etcétera-. Todo lo que se reconfigura después de la segunda posguerra hasta exactamente 1980 tiene que ver con un modelo institucional que permite un nuevo pacto, contrato o compromiso social, ese que permitió la emergencia de los derechos sociales, de las políticas sociales, pero también de un nuevo sector social –los sectores obreros, asalariados urbanos- que se transformaron en sujetos de derecho precisamente a partir de las políticas del Estado de Bienestar. Eso fue el Estado de Bienestar, más que un Estado Social un modelo de institucionalización política de un nuevo acuerdo social.
Ese modelo de Estado de Bienestar es el que critica Huntington. Y dice que precisamente ese modelo permitió todo este proceso de movilidad social tan fuerte y de construcción de demandas sociales tan fuertes, inclusive de nuevos actores sociales –no solo los sectores obreros sindicalizados -, sino ya estaba hablando de los estudiantes universitarios, de los movimientos de derechos civiles, de los movimientos raciales, etcétera; y decía que toda esa construcción de demandas sociales, en un Estado de las características del Estado de Bienestar –un Estado que en definitiva se legitimaba procesando permanentemente nuevas demandas sociales- impactaba en el costo fiscal del Estado, en el funcionamiento fiscal del Estado. Incluso en ese capítulo Huntington tiene una observación muy interesante. Él dice: aproximadamente en los años cuarenta los ingresos fiscales del Estado norteamericano eran de aproximadamente 40 mil millones de dólares y los gastos fiscales eran 44 mil millones. Él lleva esa comparación a mediados de los sesenta y ve que los ingresos fiscales del Estado Norteamericano eran de 320 mil millones de dólares y los gastos fiscales de 333 mil millones. Es decir la ecuación 40 mil millones - 44 mil millones, 320 mil millones – 333 mil millones, es similar, es pareja. El pequeño déficit fiscal que el Estado tenía en 1940 es similar porcentualmente al que tiene en 1965. Lo que Huntington hace hincapié en esa comparación es que en la suba de las cifras de 40 mil millones a 330 mil millones. Para Huntington eso demuestra el exceso de actividad del Estado, medido en costo de política pública, y ese, para Huntington, es el problema. El problema es que ese exceso de gasto fiscal, ese costo que tiene la política pública está en función de una sociedad que cada vez demanda más y de un Estado que es permisivo para procesar esas demandas sociales. Concepto que Huntington hizo famoso con la “sobrecarga de demandas” sobre el Estado.
Hecho el diagnóstico el problema no es económico, es político; hay un exceso de democracia –bueno obviamente Huntington no va a recomendar para los Estados Unidos o para la Comunidad Europea que la democracia no exista más -, pero va a decir, bueno, lo que tiene que hacer de ahora en más el Estado es empezar a controlar las demandas sociales. Los canales institucionales del Estado no tienen que ser absorbentes de demandas sociales sino que tienen que ser filtros de las mismas.
Este documento trilateral publicado en 1972, conocido y analizado exhaustivamente, es el afluente o el emergente ideológico del neoconservadurismo político de los ochenta. Y cualquiera que haya estudiado un poco las políticas de Reagan, pero sobre todo de Thatcher, piensen que el Estado inglés de posguerra es el Estado de economía nacional más fuerte que hay en el mundo –inclusive que los países latinoamericanos -, los principales sectores económicos eran propiedad del Estado. Este es el modelo de políticas que lleva al neoconservadorismo: reforma del Estado, achicamiento del gasto fiscal, achicamiento de políticas públicas, control del gasto, etcétera Pero en definitiva reconfigura el rol del Estado como constitutivo o co-constituidor, como diría O´Donnell, de un orden social. El orden social tiene que pasar al mercado. Thatcher tiene una frase célebre en esto, dice: “voy a hacer de cada obrero inglés un pequeño capitalista” – y con esto defiende la política de privatizaciones que lleva adelante -, mejor metáfora para decir el pase del Estado, de lo público, al mercado no hay. El orden social lo crea el mercado, y el mercado discrimina de acuerdo a capacidades, habilidades, conocimientos, etcétera Pero la responsabilidad de la vida de cada individuo y de cada grupo social depende de su suerte o de su inserción en el mercado. Ya no hay responsabilidad del Estado.
Este es el trasfondo ideológico que permea las reformas concretas, objetivas de los Estados, en los capitalismos centrales, pero luego a partir de los noventa en los países latinoamericanos.
Entonces, esta es la situación en la cual obviamente quedó la Argentina. Hay un nuevo emergente social, el desempleo, precariedad del empleo, informalidad, pobreza, nueva pobreza, exclusión, etcétera, pero no hay que olvidarse de la otra parte: hay un Estado que durante largos años en la Argentina se retiró de la responsabilidad de rearticular de alguna manera ese orden social que iba produciendo el mercado luego de las reformas económicas. Entonces, como sabemos que ni la teoría del derrame ni la teoría del orden social vía mercado tienen ya aceptación dado el desmadre social que existe en el mundo, esto obviamente está en revisión, está permanentemente en discusión y debate y obviamente en la Ciencia Política y en las Ciencias Sociales con más razón.
Entonces uno observa últimamente muchas charlas, conferencias, artículos sobre este tema, y muchas de estas reflexiones hablan de pensar el Estado, repensar el Estado; y otras hablan de la reconstrucción del Estado, reconstruir el Estado –no hablemos de la Argentina nada más. En esta reflexión que es rica y es necesaria, obviamente, pensar el Estado y reconstruir el Estado, no son dos términos antinómicos y separados, sino absolutamente complementarios. Porque pensar el Estado en abstracto podemos hacer mucha teoría, muchos ejemplos históricos…, reconstruir el Estado en términos de funciones que se dejaron de hacer, implicaría algunos aciertos, algunos errores, cosas posibles, cosas no posibles, expectativas, frustraciones. Creo que la cuestión es pensar que Estado hay que reconstruir. Pensar primero el Estado en función de qué Estado para qué sociedad, y luego a partir de ese diagnóstico sí pensar en la reconstrucción del Estado. Porque se estaría reconstruyendo un Estado no en términos históricos, de lo que fue o lo que tuvo que ser, sino en función de la sociedad, vamos a hacer una metáfora, “realmente existente”, que es la sociedad argentina actual. Creo que el debate, para ser productivo y no ser solamente debate o reflexión, tiene que tener este hilo conducente, pensar el Estado en función de qué sociedad tiene que co-constituir, como decía O´Donnell, qué orden social hay que de alguna manera rearticular, reconstruir, para luego sí reconstruir el Estado, que quiere decir generar acciones, políticas públicas e instituciones estatales.
Porque lo que no se puede pensar en esta coyuntura es una reconstrucción del Estado en función de lo que fue el Estado argentino. Porque el Estado argentino fue algo y funcionó a veces bien, a veces mal, en función de una sociedad que tampoco existe más. A su vez, no nos olvidemos, y hay que tomarlo objetivamente y es así, que tanto las actuales sociedades así como los actuales y potenciales Estados reconstruidos se mueven en un mundo globalizado, no solo económica, sino social, cultural y políticamente, el cual se transforma en un marco externo bastante restrictivo. Entonces ya no hay una autonomía ni en el pensamiento ni en la práctica para pensar un Estado como se pensó y se construyó durante varias décadas en la Argentina. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta: qué sociedad es la argentina hoy actualmente y por lo tanto qué Estado necesita –si pensamos que obviamente en definitiva pensar y reconstruir el Estado tiene que ver con proveer políticas públicas que tiendan progresivamente a volver a un proceso de inclusión social, porque lo que hay hoy es efectivamente exclusión social- y, por lo tanto, gestionar un Estado, políticas públicas e instituciones en función de esa idea de sociedad, de esa idea de qué es lo que hay que hacer para rearticular, volver a incluir a vastos sectores sociales.
El debate y la reflexión de hoy es sobre la Argentina contemporánea. ¿Qué ve uno en la Argentina contemporánea, en la política argentina contemporánea, en la política de este gobierno en función de esto, pensar el Estado y reconstruir el Estado? Creo que, tratando de ser objetivo –ni haciendo propaganda ni criticando a un gobierno- y en términos de análisis, la Argentina de estos últimos dos años sobre todo, está dando fuertes pasos en esa reconstrucción del Estado. No terminantes pero fuertes pasos. Cuando uno piensa, simplemente para poner ejemplos concretos, en una situación donde se plantean a los deudores privados de la deuda externa e interna argentina una renegociación en tal punto y más allá de mínimos arreglos: la negociación o se hace así o no se hace, yo digo: se está reconstruyendo un Estado, hay Estado, está empezando a haber Estado de nuevo. Si yo veo que, sea por motivos electorales o por otros motivos, no hay una suba de las tarifas de las empresas privatizadas a pesar de que estas tienen argumentos jurídicos y el Estado argentino les proveyó de argumentos jurídicos en su momento para que ahora aumenten las tarifas públicas y no aumentan las tarifas públicas y se negocia o simplemente no aumentan las tarifas públicas, yo pienso: se esta reconstruyendo el Estado, está empezando a haber Estado de nuevo en la Argentina. Si uno dice: gran parte de los planes sociales actuales - que no son lo mejor del mundo, tampoco alcanzan para el desmadre social que hay en la Argentina y que se están reconfigurando de “Jefes y jefas” a “Manos a la obra”-, gran parte de esos planes se financian con un impuesto extraordinario a las exportaciones –extraordinarios porque en su momento Duhalde lo planteó así, luego se mantuvo- agroexportables, agroindustriales o petróleo inclusive –quiero decir que empresas están pagando ese impuesto o que grupos económicos están pagando ese impuesto- para financiar en parte esos planes sociales, yo pienso, bueno, está empezando a haber Estado de nuevo.
Por otra parte y para terminar: el debate es Estado y Sociedad Civil. Intenté hablar un poco del Estado. Hablemos mínimamente de la Sociedad Civil. ¿Qué es la Sociedad Civil? La Sociedad Civil es todo de alguna manera o es un concepto, incluso abstracto me animaría a decir, pero no es la sociedad “realmente existente”; es más, Gramsci se había detenido muy fuertemente en señalar que la diferencia entre la Sociedad Civil y la Sociedad Política es analítica, es teórica, sirve para entender con la relativa autonomía que cada campo tiene, pero no es real. La Sociedad Civil también es Sociedad Política; es más, Gramsci sostiene, la Sociedad Política es parte de la Sociedad Civil, es parte de la sociedad y de los conflictos de la misma. Pero bueno, aceptemos que se hable de Sociedad Civil para diferenciarla de la Sociedad Política, sea del sistema de gobierno, del sistema político. ¿Qué es la Sociedad Civil? Es el conjunto de los individuos sociales, ciudadanos que no participan activamente en términos de representación o función en la política. Ese concepto tampoco nos ayuda mucho si después lo tenemos que rearticular en pensar y reconstruir un Estado en la Argentina. Es bueno, sirve teóricamente, pero cuando esto se tiene que transformar en una política práctica, en una política pública hacia la sociedad, bueno, operacionalizemos esa Sociedad Civil. Y la operacionalización de la Sociedad Civil es transformar ese amorfo que es un conjunto de ciudadanos en determinados, concretas, efectivas e históricas identidades sociales, podemos llamarlos grupos sociales, movimientos sociales, clases sociales, sinteticémoslos por ahora en “identidades sociales”. La Sociedad Civil es un espacio absolutamente fragmentado entre diferentes identidades sociales, y son esas identidades sociales las que co-constituyen al Estado y a su vez tienen que ser co-constituídas por el Estado.
No podemos entender al Estado solamente como una serie de instituciones o funciones, hay que pensarlo en el rol y en la responsabilidad de constituir un orden social en términos de sujetos de derecho, y no podemos pensar a la Sociedad Civil como un todo sino como un conjunto fragmentado por intereses contradictorios o en conflicto, pero en el Estado de la sociedad argentina contemporánea, una Sociedad Civil donde muchos de sus grupos o identidades sociales tienen en este momento más derechos que otros, más derechos a tener un Estado que hay que reconstruir. Gracias.

Sergio De Piero: Buenas noches. Gracias por la invitación. Un tema que me parece bastante claro y que es una fuerte diferencia con el debate de los ochenta incluso es que a partir de la gran reforma del Estado de los noventa, incluso en nuestra disciplina –la Ciencia Política- desapareció la preocupación por la Teoría del Estado. La crisis de los paradigmas dominantes del siglo XX, el marxista y el estructural-funcionalista sistémico parsoniano, la crisis en la que entraron en la década del setenta hizo disolver la discusión sobre la Teoría del Estado. Es decir, a partir de los noventa ya no hay un debate fuerte en torno a la génesis del Estado, la función del Estado, la representatividad del Estado respecto a los grupos sociales, ni que hablar del tema de clases, etcétera Inmediatamente ese debate se diluyó, y emergió como centralidad la cuestión de las políticas públicas. El debate en torno a la existencia del Estado –en el caso nuestro sociedades capitalistas periféricas- fue reemplazada por, menos que un debate, una discusión sobre las políticas públicas. Eso es muy palpable en nuestra carrera. Fue muy notoriamente transformándose desde finales de los ochenta hacia los noventa a dirigirse hacia el paradigma diseño-planificación-ejecución-evaluación de políticas públicas. A eso redujo el Estado la reforma. De esta reducción fue también parte la Universidad. La Universidad también, más allá de lo que hizo individualmente cada uno o algunas cátedras, como colectivo o como conjunto la Universidad aceptó esa discusión como dominante y dejar de discutir una Teoría del Estado y una concepción del Estado en ese momento concreto de la reforma. De la mano de todo lo que señalaba Diego (Raus) del paradigma pos-Comisión Trilateral y presidencia de Reagan y primer ministerio de Thatcher.
Cuando desaparece la discusión del Estado y simplemente caemos en la temática de las políticas públicas, el debate ya no se torna sustantivo sino meramente procedimental. Lo que está en juego es de que manera hacemos mejor determinadas políticas y no tanto qué rol juegan los sujetos sociales en torno a esa política, qué actores son relevantes, a qué actores afecta y qué rol juega cada uno de los actores sociales y clases sociales en ese debate. Todo eso desaparece para dar lugar a la cuestión meramente procedimental, que desplaza del sujeto que en el debate de la Teoría del Estado es la Sociedad Civil o la sociedad en su conjunto, la categoría de “pueblo”, fundamental en la historia de nuestro país y de nuestro continente, se traslada a una discusión del rol de los expertos. La tecnocracia, la tecnoburocracia internacional comienza a ocupar el lugar de aquellos sujetos que eran formadores del Estado. Al trasladarse el eje hacía las políticas públicas, el rol de la sociedad en su conjunto en la construcción del Estado se ve violentamente reducido y marginado.
En el gobierno de Alfonsín, en los ochenta, es interesante ver cómo el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales toman buena parte de las temáticas emergentes. Crean la Secretaría de Derechos Humanos, Dirección de la Mujer, Dirección de la Niñez, Dirección de la Ancianidad, Secretaría de Medio Ambiente, Asuntos Indígenas. Lo que terminó sucediendo en los noventa es que con este traslado del paradigma de la discusión sobre la Teoría del Estado hacía las políticas públicas, es que este discurso se fue fragmentando infinitamente. Entonces el Estado fue creando ventanillas de atención, como suele decirse, para estas diversas demandas ciudadanas que fueron tematizadas como demandas de clientes hacia el Estado. Ahí es donde el desembarque de la teoría de la Nueva Gerencia Pública (New Public Management), que llega a América Latina de la mano del Consenso de Washington, consecuencia y continuidad de lo que Diego (Raus) señalaba acerca de lo acontecido en la década del setenta, introduce esta idea de que la mejor manera de organizar el Estado es organizarlo en torno de la nueva gerencia que se había utilizado en las corporaciones de servicios en particular –tras el fin del modelo fordista- trasladado a la lógica de las políticas públicas.
En este marco el Estado se redefine en relación con la sociedad. Al abandonar esta discusión, al darse este divorcio entre esta responsabilidad del Estado de intervenir y regular a la sociedad –en algún sentido el Estado crea a la sociedad, nos impone leyes que articulan nuestra vida personal (uno se casa ante el Estado, inscribe a sus hijos ante el Estado, manda a los hijos al colegio bajo la obligación del Estado), el Estado interviene en la vida cotidiana -, el Estado comienza a retirarse de este énfasis en moldear a la sociedad, tratando de garantizar, como fue el modelo “imperfecto” del Estado de Bienestar en Argentina, algunos niveles de igualdad - criterios de justicia social- y no de equidad como reemplazó después la Teoría de la Nueva Gerencia Pública.
Cuando se desarma el andamio que sostenía este modelo de Estado, para el cual la hiperinflación de 1989 fue clave –si durante los ochenta la amenaza de golpe daba un margen de legitimidad a los gobiernos, para el gobierno de los noventa, para Menem, era el fantasma de la hiperinflación: si no privatizamos, si no flexibilizamos, si no reformamos, vuelve la hiperinflación de 1989, que fue una catástrofe social como no habíamos conocido nunca.
Para ese modelo de Estado el rol que va cumplir la sociedad va a ser marginal. La Sociedad Civil es concebida ya no en la categoría de un sujeto activo estructurado en torno a un cuerpo ideológico como podía ser la idea de pueblo o la idea de los trabajadores; la Sociedad Civil entendida en este último sentido no va a cumplir una función esencial en la construcción del Estado. Esto esta bastante claro de la mano de un hecho objetivo: el desempleo. El desempleo desestructura la identidad del trabajador que había sido en Argentina una identidad muy importante para constituir la sociedad, y de ahí la idea de pueblo también.
Ya que estamos citando a la célebre ex primer ministro, Thathcer, hay otra frase muy interesante de ella respecto al rol que va a jugar la sociedad en el proceso de reforma. Thatcher va a decir hacía 1980 o 1981: “la sociedad no existe, existen individuos y a lo sumo la familia”, pero la sociedad, es decir, un cuerpo social que se debe solidaridades mutuas, no existe. La idea de Thatcher es decir que el Estado no tiene ninguna obligación con la sociedad y cada individuo no tiene ninguna obligación con el resto, y si la tiene a lo sumo la tiene con su familia. Pero no hay ninguna obligación solidaria, de corresponsabilidad con el resto. La idea de jubilación de capitalización reemplazando al sistema solidario impulsaba esta idea. Para que yo voy a poner a un pozo común, si yo puedo ahorrar por mi cuenta, capitalizar mis ahorros y tener una jubilación maravillosa y bailar como dice la propaganda. Romper la idea de solidaridad intergeneneracional. Lo cual también es mentira porque el sistema de capitalización requiere de la solidaridad de un sistema económico para capitalizar bien, si no preguntenlen a la gente que aporta al sistema privado y lo que perdió con la devaluación.
Yendo al caso concreto de lo que fue en Argentina este modelo, ¿cuál fue durante los noventa la idea de Sociedad Civil? ¿cuál era la buena Sociedad Civil?. La buena Sociedad Civil era la que se dedicaba básicamente a dos temas: 1) asistencia a los pobres, a los que quedaban afuera del sistema; planteados en aquel momento como pobres en tránsito, porque el “efecto derrame” en algún momento iba a llegar y esas personas que sumaban alrededor de cinco o seis millones ya en la segunda mitad de la década del noventa, cuando el mercado dinamizara lo suficiente iban a volver a reingresar al sistema –lo cual se sabía que no era cierto. Entonces, mientras estaban estas personas en esta situación la Sociedad Civil debía desplegar un conjunto de acciones de contención social, de asistencia directa, de entrega de alimentos, multiplicar comedores, políticas focalizadas para responder a demandas, a consecuencias y no a causas a través de las ONG que conocemos en la Argentina, que son básicamente las que aparecen en televisión. Las ONG no tematizan un conflicto social; la idea era que estas organizaciones aguaran el conflicto social. Detrás de esas personas que no tenían alimentación no había nada, había gente que no tenía comida y punto. Yo me acuerdo una campaña que había hecho Subterráneos de Buenos Aires: aparecía un afiche y decía “detrás de cada chico que pide hay un adulto que lo explota” y abajo estaba el nombre de una ONG. A mi me llamaba la atención porque yo conocía la ONG y me causaba curiosidad que se haya prendido a una campaña de ese tono. Después me enteré que en realidad el afiche que habían pactado Subterráneos con la ONG era “detrás de cada niño que pide hay un adulto desocupado”. Pero a Subterráneos eso le parecía que tematizaba un conflicto que era decir que había un desocupado. Entonces decidieron largar “adulto que lo explota”. La ONG después se retiró cuando vio los afiches. La idea era no presentar un conflicto social, hay gente que se muere de hambre pero por un problema técnico. Por eso hay que mejorar las políticas públicas. 2) el segundo rol que debía cumplir la Sociedad Civil –que debe cumplir todavía si ustedes leen el diario “grande que es muy incomodo de leer”[1], el cual sigue tematizando la misma línea- era controlar. La Sociedad Civil es asistencia y control. Y esto es bien claramente una traslación directa del modelo sajón de Sociedad Civil, de un modelo económico inclusivo, con toda la gente incluida y, entonces, gente con tiempo para sentarse y ser fiscal de los asuntos públicos. Por eso acá la temática va a ser la de la transparencia. Es bastante gracioso que en pleno desguace del Estado aparezca el tema de la corrupción. La corrupción, no hace falta decir que en Argentina era un problema –así como en otras partes del mundo -, era también un factor de fundamentación para alentar la reforma del Estado. Y ahí vemos otra lista de organizaciones del elenco estable que aparecían y aparecen en los medios de comunicación, tampoco sin tematizar en exceso el conflicto, que dicen: “ acá el problema es que la mayor parte de los políticos son corruptos y la Sociedad Civil que es transparente, pura y honesta, debe anular a esos corruptos que están gobernando”. Ese es el conflicto, no hay mucho más. No hay una tematización económica o política en términos más profundos del conflicto.
A eso se remitía el rol de la Sociedad Civil. Una estructura meramente marginal. ¿Y por qué no meterse, por qué el neoliberalismo no plantea que la Sociedad Civil debía meterse en la formulación de las políticas? Porque eso es tarea de los tecnócratas. Lo que la Sociedad Civil debe hacer es apoyar todo lo que sea limitar la acción del Estado. Limitar la acción de los políticos. Pero no el sentido en el que se podía plantear democráticamente en los sesenta o en los setenta –como un pueblo que exige que sus representantes rindan cuentas frente a lo que hacían, que sean representantes de estas demandas del pueblo. Uno dice: “tienen razón, controlar a los políticos para que no sean corruptos es algo que yo apoyo”, pero el mensaje, la sustancia de lo que se propone en la década del noventa es que se limite la acción de los poderes representativos y que se libere a los tecnócratas. En el mismo momento en que se plantea esto, en el final del gobierno de Menem y comienzos del de la Alianza, van a plantear la imposibilidad de recurrir a la justicia frente a la presidencia del Directorio del Banco Central en la reestructuración de Bancos. Que tuvieran inmunidad judicial todo el Directorio del Banco Central para la transformación del sistema bancario, al mismo tiempo que se exigía un conjunto de cosas al poder ejecutivo y al poder legislativo. Un poder que no tiene control representativo, no votamos a los directores del Banco Central, se le exigía inmunidad judicial.
Ese, me parece, es el marco de los noventa hasta el 2001. La Alianza no hace cambios sustantivos en este sentido, en comprender cuál es el rol de la Sociedad Civil y cuál es la posibilidad de injerencia del Estado, que debe seguir en manos de los técnicos. Lo que explota en el 2001, y uno podría decir que viene del “Santiagazo” en 1993 y en los piquetes de 1996 en Neuquén, es que esos dos roles asignados a la Sociedad Civil estaban ocultando el verdadero conflicto social que estaba emergiendo, que era un conflicto de tipo político y económico. Esas dos vías que se le daba a la Sociedad Civil para participar era negarle efectivamente lo que la sociedad estaba demandando. Creo que es bastante claro, la expresión de 2001 rechaza creer que el problema de la Argentina es un problema de corrupción o de problemas técnicos o de no confianza hacia los inversores. Entre muchas cosas me parece que eso emerge claramente con voces muy disímiles en el 2001, no es que hay una sola voz, hay voces muy distintas. Pero me parece que esa es una demanda concreta.
Y eso fuerza un cambio de escenario. La discusión que se va a dar a partir de 2001 y que se está dando hoy ya no es, y me parece que no tuvo mucho que ver el Estado para cambiar esto, no va a ser hasta donde achicamos el Estado o si es necesario tener Estado más allá de la policía, si no en donde debe regular el Estado, hasta donde debe intervenir el Estado en el desarrollo de la economía. El clima de discusión es otro. Si la discusión se orienta y termina en un modelo de desarrollo, inclusivo, es parte de esto. El eje del debate se desplazó. El Estado hoy puede tener acciones afirmativas y explícitas de intervención sin que sea tomado por la opinión pública, por eso que son básicamente los medios de comunicación, como un acto autoritario, o es planteado pero es difícil de sostener. La renegociación de la deuda tal como planteaba Diego (Raus) es posible porque hay un cambio de escenario, porque cambia el escenario de la discusión, y hay fuerzas sociales que acompañan ese cambio de discusión. Plantear la posibilidad de recuperar una empresa estatal de energía es porque hay un cambio de discusión. Que la Sociedad Civil demande, grupos sociales diferentes desde los piqueteros hasta infinidad de grupos sociales de base o algunos partidos políticos, “giros” o leyes en algún sentido es porque hay un cambio de escenario. Lo cual no quiere decir que hemos recuperado la discusión sobre el rol del Estado o la discusión sobre la Teoría del Estado. Esta casa de estudios (Facultad de Ciencias Sociales) tiene grandes falencias en ese sentido. Yo miro la currícula de algunos grandes amigos con los que hicimos la carrera, pero todavía ellos siguen planteando que el problema es meramente institucional, un problema de la transparencia de las instituciones. Esta es una discusión anclada en el tiempo. La cuestión no es plantear “volvamos a ser el pueblo” porque eso no va a suceder de la noche a la mañana, la sociedad no es tan drástica que uno la transforma como se le ocurre, si no de acuerdo a la sociedad que tenemos hoy, de que manera estas expresiones sociales, que representan demandas concretas, pueden plasmarse en políticas públicas, pero también en una redefinición del Estado, que tal vez hoy implique cosas distintas que hace cincuenta años, que implique definirnos ante la cuestión regional. Me parece bien que haya venido alguien a hablar sobre la cuestión regional[2]. ¿Qué tipo de integración queremos?. A fin de año está la cumbre de Mar del Plata[3]. Esos son temas sobre los cuales el rol que adquiere el Estado es clave.
El 2001 redefinió el rol de la Sociedad Civil pero nos falta todavía, se ha abierto la puerta en todo caso –para plantearlo de otro modo -, pensar en que líneas podemos reconstruir el Estado y qué demandas y que actores son los que forman parte de esa reconstrucción.

Norberto Ivancich: Yo voy a encarar la temática más desde el lado de la coyuntura, pero con alguna relación con los temas que expresaron tanto Sergio (De Piero) como Diego (Raus). A mí me interesa retomar la situación en la que aparece la coyuntura electoral de 2003 y después lo voy a relacionar con el tema de Estado y Sociedad Civil.
Las elecciones de 2003 pueden llegar a expresar dos elementos relevantes. El primero tiene que ver con la existencia de un telón de fondo muy fuerte que se relaciona con la crisis de 2001 y el fuerte cuestionamiento que surge en la misma de lo que es la política, los partidos y su sistema de representación y por lo tanto el Estado como una unidad que está directamente imbricada. Esto era un componente clave, era un escenario, pero no era un escenario como telón sino uno que actuaba y se iba imponiendo sobre los actores que van a participar en ese proceso. Esto sería como uno de los grandes elementos que tenían que ver con las elecciones de 2003. El otro elemento que tiene que ver con esa crisis y con la ruptura o la casi desaparición del debate político-ideológico en el seno de las fuerzas políticas, producto también del crecimiento de la apatía electoral en todo lo que puede definirse como rutinización democrática y, quizás de manera más fuerte, la existencia de un doble discurso que caracterizaba el accionar de los políticos donde se decía o se constituían determinado tipo de valores que pensaban llevar a cabo y donde después la realidad, como elemento genérico, se imponía sobre esos discursos y hacía que estos se desviaran. Pero el esfuerzo de los políticos siempre tendía a tratar de decir “realmente estoy haciendo lo que digo o lo que dije”. Trataba de justificarse ese elemento. Tomo dos ejemplos nada más: 1) la capitulación que tuvo el radicalismo, a pesar del enjuiciamiento a las juntas militares, con respecto a los derechos humanos. El radicalismo a pesar de que iba retrocediendo ante la consolidación de un imaginario que llevó a sobredimensionar el poder de los militares - era muy difícil no sobredimensionarlo por el protagonismo que existió años antes- que expresó en parte este doble discurso, como un área determinada que demuestra como fue perdiendo parte de los componentes del frente de hecho que constituye el radicalismo en 1983. 2) El otro ejemplo yo lo relacionaría con la “teoría del derrame” y la lógica de Menem de decir “vamos bien” a pesar de que todos los índices señalaban el proceso de cierre de las actividades productivas, destrucción de las economías regionales, incremento de la pobreza, de la desigualdad y la desintegración. El discurso trataba de mantenerse, “revolución productiva” y “salariazo”, a pesar de que los signos e indicadores demostraban otra cosa. Ese doble discurso actúa también sobre la contienda del 2003.
En el 2003 uno podría llegar a decir que los políticos se dividían en dos grandes grupos más allá del alineamiento o no con los partidos políticos tradicionales. Había aquellos políticos que consideraban el 2001 una explosión casi espontánea de sectores muy distintos y diversos en los que estaba fragmentado el país, que va desde lo social hasta lo cultural y lo ideológico, que necesariamente la normalidad de los procesos políticos iba a llevar a que fueran más irrelevantes en su capacidad de influir sobre la conducta de los que llevaban a cabo la propuesta política. El otro sector de los políticos daba cuenta de la crisis, veían que había fundamentalmente una crisis de credibilidad y se planteaban la construcción del discurso para la campaña electoral tratando de relacionar esa crisis de credibilidad, esa existencia nociva del doble discurso para todo lo que era el sistema político y el sistema de representación, y por lo tanto venturaban una serie de afirmaciones que indicaban la necesidad de un cambio o invertir rápidamente el sentido que había continuado desde la política de reforma que acá se plantearon de Menem y que la Alianza, a pesar de que había tenido un mandato claro en las urnas de rectificarlo, más que hacerlo había acentuado y lo había ido acompañando. Tomando lo Alianza también como un tercer ejemplo de doble discurso donde la reparación con la que venía a corregir los desvíos de Menem termina siendo en las políticas concretas continuidad. Sacando a los candidatos de la izquierda más neta y más nítida, que tienen poco caudal electoral, quiénes podrían representar esta última visión eran Kirchner, por un lado, y Carrió, por el otro, con diferencias notorias entre los dos. Y el resto de los candidatos expresaban de hecho la postura tradicional. Uno puede llegar a decir incluso que dentro de la alianza política que lleva a Kirchner a la presidencia también hay un sector que participa más de la lógica del primer grupo de políticos que del segundo pero que de hecho la conducción de la campaña la establece el candidato y no la establecen las alianzas que lo constituyen.
Por lo tanto encontramos que en el 2003 se llega a una situación realmente paradójica. Porque uno podría llegar a decir: ¿tiene sentido contar los votos de las tres candidaturas peronistas y decir que el peronismo llega a alrededor del 60% de los votos? ¿tiene sentido decir que el radicalismo con sus distintas líneas se expresaron en las tres candidaturas de origen radical[4]? No, no tiene sentido. Sería más interesante cruzar lo que significaba los votos de Menem, López Murphy y Rodríguez Sáa confrontándolos con los votos que llegan a sacar la candidatura de Kirchner y la de Carrió. ¿Esto qué quiere decir? Que expresaban voluntades distintas del electorado pero también que los envases de donde surgían eran importantes para ver como podían llegar a encarar o no la revitalización de una nueva actitud o lógica de invertir fuertemente el sentido de lo que venían desarrollando los gobiernos desde 1989 en adelante.
Visto esto me interesa señalar lo complejo de la situación a la que se accedía. Si sumamos el 22% de Kirchner al 14% de Carrió estamos todavía en un porcentaje muy pequeño de lo que podía llegar a ser la intención de cambio más profundo que podía aparecer en la política argentina de ese momento. En el otro espacio, uno puede encontrar en el electorado de Rodríguez Sáa una mezcla de ortodoxia peronista con aventurerismo, y, en este sentido, podía encontrarse una parte que creía en el cambio. Pero el hecho ese me parece que demostraba otra vez una Argentina dual, pero una Argentina dual con representaciones no confluyentes sino que se fragmentaban al interior de cada uno de los polos.
Esta es la situación a la que se llega al 25 de mayo de 2003[5]. Acá me parece que aparece un primer problema: las carencias de la política que fueron siendo horadadas por lo que dijeron los que me precedieron. De alguna forma Diego (Raus) habla del proceso militar y yo diría que el proceso de decadencia de la política puede nacer en 1975 con el gobierno de Isabel Perón y todo el proceso que significó el “Rodrigazo” y que expresó de alguna manera una línea que se fue desplazando a lo largo de los sucesivos gobiernos, siendo asumidos como principios rectores de su accionar o siendo sobredimensionados o siendo límites de una pretensión de cambio.
En este marco uno puede llegar a decir que lo que realmente se estaba expresando era una tendencia a la despolitización y una tendencia al predominio de la explicación económica por sobre la explicación política. Y eso llevaba a que de hecho el gobierno de Menem y después la lógica que tuvo el gobierno de la Alianza fundamentalmente plantearía un predominio de la explicación económica sobre cualquier otra explicación, y por lo tanto reducir el propio margen de la política a partir de tratar de superar, dentro de una lógica que se había impuesto desde 1975, los problemas que existían en el país. Esto constituía un marco restringido y bastante autolimitado de la dirigencia política para salir de ese círculo vicioso.
Lo que aparece, por lo tanto, en la puja entre la visión política y la visión económica creo que se refleja en las medidas que comienza a tomar el gobierno a partir del 25 de Mayo de 2003. En este sentido el gobierno provisional de Duhalde tuvo una endeblez propia de origen, un presidente electo por una asamblea legislativa, un presidente, además, condicionado por la liga de gobernadores que aparece como un instrumento clave hoy para entender los procesos de fortalecimiento o no de la figura presidencial, y un gobierno anterior que también había licuado gran parte de su triunfo electoral del año 1999 en menos de dos años. Autoridad política y necesidad de reconstruir la autoridad política creo que expresa los gestos con los que comienza Kirchner a establecer un intento de recuperar y legitimar nuevamente la política; y si uno se propone legitimar la política, tratar de persuadir de que se abandona el doble discurso y que se pretende establecer una relación más unívoca entre el hacer y el decir y, sobre todo, el hecho de considerar que no solo basta la legitimidad de origen como había sido en 1989 y en 1999 sino que es fundamental plantearse la legitimidad de ejercicio que es el mecanismo como incrementar o aumentar el nivel de adhesiones que surjan de la ciudadanía. Si tomamos ese elemento de la autoridad política y lo vinculo a esta cuestión, significa que se fortalecen instituciones; básicamente se fortalecen los partidos políticos, no porque recuperen un papel histórico que tuvieron –eso sería necio, de hecho hay una clara crisis de la representación en los partidos políticos, hay una clara redefinición de la militancia política en nuestros días, hay una clara confusión de roles donde la lógica del accionar política tiende a ser explicada desde la visión del operador en contraposición a la lógica del militante y que eso no solamente pasa por una perversión de los políticos sino también porque el sistema de representación se hace más confuso, más difuso y las pertenencias tampoco son demasiado claras. En este marco recuperar la política es recuperar la vocación de que los canales de definición política no sean alternativas no partidarias sino que el envase necesario para llegar a la concreción de construcción de legitimidad sean nuevamente los partidos políticos, aunque estos mismos, como se prefigura en la elección de este año, establezcan alianzas insólitas. Si uno toma el caso de Corrientes o el caso de Neuquén o lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, expresarían como una dispersión muy peculiar del sistema de alianzas. Los partidos todavía no son identidades pero por lo menos se los ha reconocido como el espacio a partir del cual se dirimen las pujas y los intereses sectoriales, ideológicos y culturales propios de cualquier sociedad.
Pero lo que importa de la recuperación de la política por sobre la economía –donde el hecho de que los debates sobre la economía apuntaron al fortalecimiento de la política desde mayo de 2003 en adelante, donde se vieron que decisiones que eran económicas en definitiva promovían un crecimiento de la autoridad política- es que todo este proceso fortalece al Estado, porque el desprestigio de la política y de los partidos también había llevado a un desprestigio del Estado. Hoy, por lo menos y más allá de los problemas de los partidos que no necesariamente se han adecuado a las nuevas circunstancias y que siguen fraccionados en una lógica que no necesariamente tiene sentido hablar ahora, hay una manera de visualizar un Estado distinto, un Estado que asume funciones que había delegado en un aspecto, pero que también, se puede decir, que había fortalecido una articulación con un interés que no provenía de la legitimidad política sino de una económica-social. Es decir: el establishment tiene más capacidad de utilizar el Estado para sus intereses que los sectores populares o la voluntad popular nacional, más dispersa, más fragmentada, más debilitada en sus capacidades organizativas. Por lo tanto el Estado no tanto fue ausente en un determinado período, sino que fue el instrumento presente de intereses que simplemente se amoldaban a un predominio que ya existía en la sociedad. El Estado no cubría su rol de regulador de las funciones y de la redistribución del ingreso, sino que se convertía en un instrumento que consolidaba un poder ya preexistente en la sociedad.
En este marco recuperar la autoridad política es recuperar la política, los partidos políticos y, en definitiva, es recuperar el Estado. ¿Qué pasa con esta recuperación del Estado? No se hace de una manera sistemática o producto de un marco teórico que se aplica. Si hoy tomamos además el caso latinoamericano este proceso de redefinición del papel del Estado, para qué existe el Estado y cómo se legitima el Estado, necesariamente lleva a la reflexión de que tanto en Uruguay como en Chile, en Brasil o en Venezuela, los procesos de redefinición no se hacen desde posturas preestablecidas sino que el cambio político aparece como un signo fuerte en los gobiernos o partidos que acceden al poder, y que a partir de ahí tratan todos ellos de demostrar esta inversión de sentido que también caracteriza al gobierno argentino, en el sentido de abandonar las pautas que habían seguido hasta ese momento el o los partidos o el sistema de partidos –como en el caso venezolano o el bipartidismo blanco-colorado del Uruguay.
Hoy no se puede decir que la discusión este en el campo teórico fundamentalmente sino que la discusión sobre el papel del Estado aparece sobre todo desde el campo de los políticos y desde el campo de las nuevas visiones de articulación entre economía y política, y entre lo que sería la Sociedad Civil y el Estado en los países que he mencionado.
¿Qué pasa con los organismos que fueron correa de transmisión de las políticas del noventa? Hay que recordar que este elemento, que señalaron Diego (Raus) y sobre todo Sergio (De Piero) cuando planteó el tema de las ONG y las características limitadas que asumía esta supuesta representación de la Sociedad Civil, subraya que estas políticas de transparencia, control y asistencia a los pobres básicamente es una política que desplegaron los organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no era una lógica desvinculada de lo que pueden ser la representación de los países del norte. Esta política fue promovida, difundida, presionados incluso los gobiernos, porque el problema que aparecía no eran las medidas o las políticas sustantivas que llevaban los gobiernos previos a los que he mencionado, sino que se suponía que las desviaciones eran las causales de la conflictividad. La desviación, manifestada básicamente en la corrupción y en lo que podía llegar a ser el corporativismo de los políticos. Por lo tanto se rechazaba la política; la política en definitiva era un antro que pretendía reproducirse a sí mismo de manera eterna y se preocupaba muy poco de las cuestiones de los pobres o de las cuestiones de los sectores que realmente trabajaban, idealizando por lo tanto la actividad privada y, en consecuencia, eran necesarios estos instrumentos para mejorar las políticas que en definitiva eran sustantivas. Hoy los Estados que he mencionado de América Latina señalan sus diferencias en la visión del Estado por las políticas sustantivas, más allá de que tienen diferencias entre ellos y más allá que también plantean determinado tipo de acercamiento con instancias u organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional.
Esto plantea un tema que creo que es parte de los debates actuales. La cuestión no es contraponer el modelo de los noventa a la no negociación –como diciendo lo malo era este “papel secante” en que se había convertido el Estado, que solamente recibía los fluidos de los sectores más poderosos de la sociedad, sino que ahora lo que hay que hacer es directamente “confrontar con”. Lo que aparece, en este mundo que tiende a generar una interdependencia muy particular, es acentuar la autonomía en la negociación; el esquema no es negar la negociación, con el Fondo (Monetario Internacional) o con distintos organismos, sino cómo se negocia con los mismos, desde qué lugar se negocia y desde qué lugar se mantiene este componente que podríamos definir como una autoridad que no es vulnerada por la existencia de los poderosos.
En este marco uno puede llegar a observar como en este tipo de organismos, tanto los organismos de crédito como el FMI –este con mucho más nivel de resistencia porque tiene que convalidar o justificar lo que fueron las políticas de ajuste propias del Consenso de Washington -, uno diría que hay retrocesos en los organismos de crédito que se los plantea desde una determinada voluntad política y no se acepta lo que puede ser esta idea de premiar a la actividad privada pensando que esta es sacrosanta, pura y en definitiva el sector más pujante de la sociedad. En este marco acá hay un elemento que lleva a pensar claramente de que se puede mantener determinado tipo de relaciones, si las mismas tienen un determinado nivel de autonomía y desde ese nivel de autonomía se discute y se termina acordando con algunos aspectos de estos sectores que tienen que ver con el aporte financiero o con cualquier otro tipo de medida que puede ser utilizada por los distintos gobiernos. Esto como un primer aspecto.
El segundo aspecto que me interesa señalar es hasta que punto la idea de gobernabilidad se tiene que modificar en términos de lo que fueron los ochenta. Como muy bien lo planteó Sergio (De Piero) en cuanto a la idea del “fantasma militar”, los ochenta acentuaron toda la lógica de la transición democrática en la contraposición democracia-autoritarismo, o sea que el eje de 1983 se trasladó a los estudios de las ciencias sociales e imperó también como una lógica que fue orgánica a esta sobrevaluación del peso militar, con bastante justificación –pensemos en los levantamientos “carapintadas” que alimentaron esta tendencia a la debilidad del sector político -, en lo que podía llegar a ser la interrupción del período democrático. En los noventa la gobernabilidad básicamente se planteó como control del conflicto. ¿Hoy qué tenemos que plantear en términos de gobernabilidad? En este sentido aparece un debate que me parece que recién se inicia, pero que no necesariamente es nuevo sino que más bien hay que vincularlo a la tradición político-cultural de nuestro país, que es el de pensar la gobernabilidad como una tendencia a desplegar poder y delegar poder en la Sociedad Civil. En este aspecto un gobierno popular se tiene que caracterizar básicamente por la peculiaridad que tenga de ir estableciendo derechos, un sistema de garantías y por lo tanto delegar poderes a los distintos organismos de la Sociedad Civil. Esto no es nuevo en la Argentina porque justamente el peronismo se caracterizó por esta peculiaridad. ¿Por qué el peronismo no fue un mero proceso de un dictador peculiar latinoamericano como pudo haber sido Trujillo o Pérez Jiménez? ¿Por qué tuvo esta pervivencia? Porque justamente generó esta política de derechos, que es un elemento que aporta a la conciencia y la identidad de los sectores sociales, planteó garantías y además desplegó organización. Después está todo el debate, que es atendible, sobre si hay autonomía o no-autonomía dentro de esa organización, si la autonomía es ideológica o no, si es organizativa o no, pero lo que importa es que generó organización. Entonces en este marco hoy pensar la gobernabilidad es pensarla desde esta nueva visión que tiene que ver con la idea de recuperar tradiciones. Que obviamente estamos ante un país distinto, no es el mismo país del cuarenta donde las identidades son nítidas, los límites entre los sectores son claros, y hay todo un eje de la sociedad alrededor de la producción, más allá de que haya índices de desempleo o no. Había un norte, un futuro establecido, y por lo tanto había mayor posibilidad de establecer estas identidades dentro de la sociedad. Hoy la gobernabilidad encuentra identidades difusas, pertenencias múltiples, determinada segmentación de la sociedad y, además, con una parte de la sociedad bastante relevante que está fuera del eje organizativo de la producción. Por lo tanto aparece como una complejidad mucho mayor.
En este sentido me parece interesante reflexionar que la relación entre Estado y Sociedad a partir del eje de la gobernabilidad establece mínimamente una agenda que va ser necesario discutir. Acá aparecen dos concepciones, una concepción mucho más pragmática y vinculada al poder que se expresaría sobre todo en esa capacidad del peronismo que tiene de resignificarse y reproducirse de manera diversa –que es al mismo tiempo un beneficio y un terrible lastre- y que expresaría la lógica que significa tratar de representar fuerzas sociales –concepto que parece anacrónico casi en nuestros días -, la posibilidad de que las fuerzas políticas tiendan, a pesar de que esto es mucho más complejo que en la década del cuarenta y del cincuenta, a representar sectores sociales; y si no alcanza la estructura política a representar esos sectores, promover la organización de los mismos para que puedan tener derechos, garantías y a su vez organización. Y la otra lógica, y aquí aparece la diferencia cultural entre los dos proyectos que podían asumir y percibir que había que responder a la crisis, es la de la “república”, en contraposición a la lógica de la representación de fuerzas sociales. Yo últimamente empiezo a sospechar cuando aparece un discurso republicano, y hay un momento determinado en las páginas de opinión que tiene el diario Clarín en donde uno veía la coincidencia de la lógica republicana en muchos profesores de esta facultad, en determinados partidos políticos que ya conocemos que tienen este elemento en su definición, y acá me parece que hay otro debate tradicional de la política argentina. La lógica republicana presupone que el establecimiento de la norma, el establecimiento del pacto moral, serviría para reordenar la sociedad. Es una concepción absolutamente idealista en este sentido y plantea una visión que no creo que sea ingenua porque la lógica republicana en definitiva, en esta exaltación de la norma, se vincula también, y por eso hay también partidos de derecha que toman este adjetivo –por ejemplo, el partido de Bussi en Tucumán, o el de Cavallo -, es que en definitiva lo que impera es la idea de orden. Es la idea de que la norma va a tener una capacidad de ordenar y no la política. Entonces es un mismo proceso de despolitización que necesariamente puede vincularse a la apatía, a la idea de que la política pierda poder y por lo tanto los partidos y el Estado. Lo que queda claro cuando el Estado intenta ser independiente o autónomo de los sectores que ya tienen poder dentro de la sociedad solamente se puede recuperar esa autonomía desde un campo, desde la política. Los sectores populares no tienen otra campo para recuperar ese espacio. Por lo tanto la concepción republicana es idealista en un gran sentido, un idealismo que puede ocultar e impedir ver que representa intereses y, por el otro lado, que termina en un orden.
La idea o la lógica de representar a las fuerzas sociales me parece que tiene mérito fundamental reconocer la conflictividad permanente de la sociedad. Y más una sociedad que tiene una deuda interna enorme y que se tiene que plantear como horizonte la inclusión de un 47% de sectores que tienen actividad en negro, o que viven en la pobreza o que son indigentes. La tarea, al fortalecer la política, necesariamente va a llevar a fortalecer el Estado. Este es otro elemento que me parece relevante para establecer un puente entre el tema de la sociedad y el Estado.
El último elemento que uno puede llegar a señalar es que todos estos factores que mencioné vinculados a la cuestión de que hoy la “reforma del Estado” se hace porque se modifican las políticas sustantivas, no porque hay una teoría previa, no hay un dogma que se instala sino que hay un Estado que tiene necesidad de la política, de recuperar credibilidad, y creo que eso se está extendiendo y para mí es muy claro –diferenciaría a Chile básicamente y Brasil de esta situación de los casos de Venezuela, Uruguay y Argentina donde claramente es un Estado de necesidad de la política, de recuperar credibilidad.
¿Cómo se puede instalar el debate sobre lo que puede llegar a ser la reconstrucción del Estado o el sentido que tiene que tener el Estado, abandonando los principios rectores que se difundieron a partir de la década del noventa? Y un eje que puede darle racionalidad al debate político para discutir la característica del Estado es el del bien público. Definir un debate que establezca, y que a partir de ahí se produzcan los alineamientos que la política necesariamente lleva, que son los bienes públicos y hasta que punto estos no son producto de una receta que señala que el Estado no se tiene que involucrar con la regulación o no se tiene que vincular con la redistribución del ingreso, sino las políticas que garantizan a una sociedad inclusiva, a una sociedad que tienda a redistribuir el ingreso de manera positiva y por lo tanto a reconocer la heterogeneidad social, pero sabiendo que la política tiene que fundamentalmente nivelar o llevar a una reivindicación de justicia social, pueda partir de un debate de que son “bienes públicos” y que no son “bienes públicos”, que pueden ser privatizados. En este marco me parece que ahí puede haber una “punta” para comenzar a desarrollar esta cuestión. Lo lamentable es que Fukuyama ya ha publicado un libro sobre bienes públicos, por lo tanto este debate también puede ser ganado desde la lógica que uno pretende erradicar. Pero yo creo que este debate sobre la identificación de los bienes públicos, que estos bienes públicos se redefinen según las circunstancias histórico-sociales de cada Estado, son los elementos que pueden llevar a abandonar lo que un poco caracterizó a la política de la Alianza: pensar una modernización del Estado desde la lógica del continuismo de la política y de la lógica del continuismo de los instrumentos de esa política para hacer un Estado más amigable. Y ese es el factor que no alcanzaba, no es necesario construir un Estado más amigable sino en todo caso construir este Estado con autoridad y que recupere este sentido de bien común, es decir, tratar de ponerse por fuera de la excesiva influencia e infiltración del poder que ya existe en la sociedad.

Pregunta: El gobierno no solamente tiene que luchar por recuperar la discusión de lo público sino también como recuperar la legitimidad que no tuvo en las elecciones de mayo de 2003. ¿Qué está haciendo el gobierno para recuperar esa legitimidad?

Norberto Ivancich: Lo paradójico de este país es que esto se tiene que dar en un gobierno que solamente alcanzó un 22% de los votos y con una crisis que fue devastadora en términos de repercusión social. Uno puede decir que la paradoja es cómo desplegar y delegar poder en la sociedad al mismo tiempo de reconstruir legitimidad política. Las circunstancias no son las más propicias; no es un gobierno que, de haberse realizado el ballotage, hubiese llegado con un caudal electoral determinado. No descarto que el resultado de octubre va a recuperar el caudal electoral que tuvo, por ejemplo, el radicalismo de 1985 o el peronismo travestido de menemismo en 1991. Además cabe considerar que la oposición está totalmente desarticulada. Hay evidentemente un proceso de reconstrucción de un piso de un 40%. Eso va a servir como para apuntalar….y después están los dos años finales. Me parece que lo importante no es ver tanto el problema del gobierno sino ir introduciendo este tema. Y una experiencia de esto, que tiene que ver con la tradición pero que no se tiene que agotar en la tradición, es la convocatoria a negociaciones paritarias. Esa convocatoria recupera un protagonismo que estaba muy opacado, que había sido desplazado por la conflictividad de los sectores paradójicamente desocupados y al mismo tiempo financiados por los planes “Jefas y Jefes”, financiados por el propio proyecto de evitar la desintegración. En ese marco hoy cobra protagonismo un sector que había sido muy descalificado, que puede seguir siendo descalificado en lo político, pero que aparece hoy encabezando la redistribución del ingreso, que quizá si genera un proceso inflacionario no va ser lo necesario como para invertir esta injusta redistribución que tiene la Argentina y que aún se mantiene en este gobierno; porque no es una cuestión que se modifica desde la mera voluntad. Pero yo creo que eso es un signo de que se delega un poder presionando a una actividad que los empresarios no estaban acostumbrados. Pensemos que los convenios colectivos con un proceso tan importante no se hacían desde 1975, desde el gobierno de Isabel Perón. Hoy tomando los gremios estatales y el gremio de sanidad, se puede decir que si se resuelven estos dos temas, casi todo el sector de empleo blanco –que no es el total- va a llegar a un proceso de negociación colectiva que va a ser significativo. Eso también es una manera de delegar y de limitar el poder del sector privado dentro de la economía.

Pregunta: Yo quería hacer un comentario articulando lo que más o menos hablaron los tres en cuanto al tema de la legitimidad. Si una legitimidad de este tipo se puede dar en las elecciones de octubre, si corriera el peligro de que no se diera un debate a gran escala, si, supongamos, tenemos una legitimidad “única” de signo, posición o sin voces alternativas que se puedan conjugar en el debate, si se perdiera a la vez la posibilidad de que el Estado pueda realizar una verdadera representación de la Sociedad Civil. Más bien sería una definición y una determinación de la Sociedad Civil pensada directamente desde el Estado.
Diego Raus: Por un lado legitimidad política de un sistema representativo quiere decir un gobierno que tiene mayoría de apoyo a través de los votos; implica la Sociedad Civil, porque es esa Sociedad Civil en sus múltiples expresiones la que va dar o no legitimidad política. Es decir, en esa nueva legitimidad política, fortalecida o refortalecida, están expresadas demandas de la Sociedad Civil. Eso por un lado, por otro no hay que olvidar que la legitimidad que un gobierno gana implica más obligaciones. La legitimidad que un gobierno gana a partir de un acto electoral donde encima hace este esfuerzo tan extraordinario para legitimarse el esfuerzo que perdió, no por el 22% de los votos sino por el retiro del otro candidato y la posibilidad del ballotage. Ese ballotage hubiera dado la suficiente legitimidad. Hay que recuperarla ahora. Pero de recuperarse esa legitimidad no se transforma en unidireccional, una sola visión, una sola política. Por el contrario, genera el doble de obligaciones para los que te votaron y para los que no te votaron. Entonces es una legitimidad que de alguna manera está expresando una rearticulación, porque seguramente esa legitimidad sería una mayoría de votos que vendrían de muchos de esos sectores de la Sociedad Civil que son los que en este momento más están movilizándose y buscando un proceso de inclusión. Y por el lado del Estado y del gobierno implicaría duplicar las obligaciones. Implicaría atender no solo a los que te votaron y porque te votaron sino también lo que queda en el abanico restante. Un gobierno legítimo tiene más obligaciones que un gobierno ilegítimo.

Pregunta: Sin duda, pero puede ser una legitimidad “excesiva”…Pensando en la coyuntura actual en donde no hay una oposición articulada, se puede encontrar algún tipo de oposición en distritos particulares pero que no tienen un arraigo nacional, es decir son una multiplicidad, una atomización que no alcanza a conformar una verdadera oposición…

Diego Raus: En un sistema representativo no hay ni un solo oficialismo ni una sola oposición. El oficialismo no es uno solo, expresa alianzas, de hecho este gobierno está haciendo lo imposible por generar alianzas y algunas medio a “contrapelo” o en virtud de la ingeniería electoral - sobre todo en algunas provincias -, y por el otro lado una oposición que a lo mejor no es orgánica en términos peronismo-radicalismo pero que, como bien decía Norberto (Ivancich), hay que leerlas no solamente en términos del caudal de votos de cada partido opositor sino como se cruzan esos votos. Y por otro lado leer una elección que es nacional pero que a su vez expresan particularidades provinciales. Entonces en muchas provincias vas a tener muchas oposiciones que parecen divergentes, heterogéneas pero que si seguramente recogen idearios, mensajes, ideas, propuestas de política, confluyen en un punto. La Argentina tuvo generalmente un sistema representativo que dio cuenta de oposiciones y oficialismos de alguna manera, en algún momento muy totalizantes - peronismo y radicalismo -, pero eso ya sabemos que se deshizo hace tiempo y este sistema mucho más fragmentado sin embargo es rico en ese sentido, en hacerse responsable de la legitimidad pero a su vez saber que esa legitimidad ya no es un voto uniforme. El voto que te da la legitimidad es muy heterogéneo también. Y creo que un buen gobierno tiene que saber leer eso, no pensar que el 40% para Kirchner en octubre va a suponer un 40% de votos peronistas reconstituidos. No creo que un gobierno actualmente en Argentina pueda hacer esa lectura. Sería totalmente erróneo y no creo que estemos en esa dirección.

Sergio De Piero: Que haya pisos electorales no quiere decir que haya bloques sociales que estén detrás de esos pisos y que respondan a eso. Uno dice la oposición no está articulada pero tampoco lo está una alianza social en torno al oficialismo. Es muy fluctuante. Gente que puede votar al oficialismo puede tener una actitud muy negativa hacia el gobierno o apatía directamente. Lo que hay por detrás es una fragmentación preocupante de la Sociedad Civil. Más que esta fragmentación de la oposición política, que en todo caso tiene que ver con qué pasará con el radicalismo –termina dividiéndose en tres partidos o en dos o lo que suceda -, es la grave fragmentación de la Sociedad Civil, desde la dictadura para acá la fragmentación fue permanente. El menemismo trabajó justamente sobre esta fragmentación y la Sociedad Civil al mismo tiempo no ha concentrado la demanda, la ha fragmentado en aspectos muy puntuales. Las demandas tienden a ser cada vez más micro o bien realidades que explotan en un momento, Blumberg reúne 120 mil personas en una plaza y al año 4 mil. Movimientos que explotan y desaparecen porque no forman, no cohesionan movimientos sociales. En lo que respecta a movimientos sociales uno podría decir que todavía no ha pasado nada nuevo después del 2000. Lo de la noche del 19 de diciembre de 2001, por ejemplo: había miles de personas en la calle, pero eso no quiere decir que ahí había movimiento social. Había algo muy interesante, pero identidades sociales que conformaban un cuerpo político dentro de la Sociedad Civil no había, no hay obligación de que exista, no hay obligaciones históricas, pero de hecho los actores sociales no se recomponen tan rápido como la teoría dice.

Diego Raus: Por eso uno de los grandes dilemas de la teoría social hoy en día es la famosa cuestión del sujeto. Lo que no hay es un sujeto histórico, existieron las clases obreras como gran sujeto, que luego incluso hubo que reconfigurarlas con la modernización como hizo el Partido Comunista Italiano a principios de los ochenta y ya no hablo de clase obrera sino de clase asalariada. Pero más allá de esas reconfiguraciones siempre estuvo el sujeto de la política. Bueno hoy no hay sujeto, ¿cuál es el sujeto, las clases obreras, las clases asalariadas, los desempleados? También siempre, como bien dice Sergio (De Piero), hay una gran tentación de reconstituir el sujeto y donde hay tres cacerolas ya estamos hablando de un nuevo movimiento social y donde hay piqueteros hablamos de un movimiento que hoy en día está atomizado en veinte pedazos distintos y cooptado por algunas fracciones políticas. Entonces hay una gran necesidad de la teoría social de buscar el sujeto y en realidad ese sujeto hay que pensarlo de otra manera, a lo mejor hay que pensarlo desde la diferencia y no desde la homogeneidad como se lo tendió a pensar a lo largo del siglo XX.

Norberto Ivancich: A mí de la elección de octubre me interesa el nivel de apatía que pueda existir. Considero que no va a haber lo que fue el voto impugnación de octubre de 2001, que no fue apatía sino una militancia clara para no ir a votar, votar voto nulo y voto en blanco –eso lo descarto en esta elección -, sino me interesa el nivel de apatía que puede llegar a existir. Cuántos no votan del electorado y cuánto voto en blanco puede llegar a haber. Esto es lo único que me parece que daría percepción de hasta que punto se está reconstruyendo la actividad política con ejes que vale la pena discutir.

Pregunta: Respecto a la co-constitución entre la Sociedad Civil y el Estado ¿no se está excluyendo un factor importante como lo es el factor exterior dentro de un marco como el de los países latinoamericanos o del tercer mundo en donde cumple un papel fundamental dentro de lo que es la constitución interna de la sociedad y del mismo Estado?

Diego Raus: Sí, indudablemente. Yo en algún momento lo mencioné tangencialmente. Cuando se hablaba de esta idea Estado-sociedad y se pensaba cada construcción histórica, también hablábamos de Estado-nación o Estado nacional y, por el otro lado, de pueblo. Entonces toda esa relación Estado-sociedad se mediatizaba hacia el interior de una sociedad, hacia el interior de una historia, una cultura, etcétera. Hoy en día es lo que llamamos globalización que es cierta y no es solamente económica y obviamente interfiere mucho más en estas relaciones. Esta relación no es solo interna sino que también ahora el factor externo tiene un papel predominante. Un papel predominante pero que también hay que saber rearticular. La forma de incluir este factor externo fue claro en la década de los sesenta y de los setenta en la idea de dependencia. Dependencia, subdesarrollo, centro-periferia. Este factor externo sigue jugando, es mucho más presente ahora, pero también es mucho más heterogéneo como son heterogéneos los Estados y las sociedades. No digo que no hay que pensarlo en términos de relaciones desiguales pero ya no cabría absolutamente el concepto de dependencia para incluir este factor externo. Este factor externo, los poderes externos centrales, el imperio famoso o lo que fuera, juega y tiene un papel muy importante pero hay que ser muy sutil para ver de que manera está presente ese factor externo en los procesos Estados-sociedades internos. Antes era muy claro, ahora esa injerencia externa juega de muchas maneras no solamente por intereses económicos sino por visiones ideológicas muy fuertes del mundo tales como el eje del mal, los países del mal, el neopopulismo, el terrorismo, es decir, hay definiciones con que interviene ese factor externo que ya dejaron de ser netamente económicas –centro capitalista sobre la periferia capitalista. Entonces hay que ver también de qué manera juegan y con qué visión del mundo. Creo que el gran peligro en este mundo actual contemporáneo sobre ese factor externo, esos poderes centrales es que precisamente tiene una visión mucho más ideológica que económica. La visión de Estados Unidos, concretamente la administración Bush, hoy en día y su injerencia sobre los procesos internos en América Latina o en el resto del mundo es una visión y una acción mucho más ideológica, representación política y geopolítica del mundo, que económica. En todo caso tienen una visión más económica los países europeos que Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo permanentemente hincapié en una visión absolutamente ideologizada del mundo como es la visión conservadora; el conservadurismo es una ideología profunda. Y neoconservadurismo quiere decir rescatar ciertos valores, ciertas representaciones ideológicas, transpolarlas al mundo contemporáneo y hacerlas políticas. Llámese eje del mal, terrorismo, fundamentalismo, etcétera. Es una visión ideológica y de esa manera está este factor externo permanentemente pivoteando sobre las situaciones internas de los países. La reciente injerencia a Paraguay ya es “de terror”, alcanza un nivel burdo e impresionante; esta idea de que los militares norteamericanos no pueden ser juzgados en un país donde están haciendo ejercicios y operaciones militares hagan lo que hagan. Esto es el extremo. Creo que en los setenta a ninguna administración norteamericana se le hubiera ocurrido plantear eso. ¿Cuáles son los argumentos para esto? ¿Imponer el capitalismo, las empresas extranjeras? No ¿Por qué Paraguay entonces? Porque se supone que ahí está la triple frontera y el problema islámico en América Latina. Es más una representación ideológica lo que ahora implica la injerencia externa que una representación económica.

Pregunta: Pensando en la problemática que lleva adelante la terciarización del Estado, los problemas de legitimidad y de erosión del poder estatal, del Estado-nación….¿Qué rol juega la idea de soberanía en lo que es la reconstrucción del Estado y de la política como transformación y no ya como mera administración de recursos?

Diego Raus: Creo que Norberto (Ivancich) lo dijo en dos sentidos: en principio la cuestión de la autonomía, es decir: ni negociación “subordinándose” ni no negociación por principios. Sino negociación desde donde….porque negociación precisamente implica dos partes. Hay un parte que siempre está en condiciones desiguales. En este caso seríamos nosotros. Entonces, generar un cierto proceso de autonomía en la toma de decisiones de lo que se va a negociar es un punto. Y, por el otro lado, Norberto (Ivancich) se refería a la definición del bien público. En la actual situación de las sociedades contemporáneas, y en este caso la sociedad argentina contemporánea, definir el bien público justamente implica eso: definirlo nuevamente. No lo podemos definir a la modalidad de los cuarenta, de los cincuenta, de los sesenta o del siglo XIX. Definir el bien público tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta y cómo nosotros queremos pararnos en ese mundo. Y a partir de una correcta definición del bien público, que es un acto de autonomía y de soberanía, decir: ¿quién se hace cargo del bien que puede ser considerado no-público? ¿Los organismos multilaterales, la Unión Sudamericana, el Mercosur, el mercado, los sectores privados, las ONG, la Sociedad Civil? Definir el bien público en estas nuevas circunstancias y a partir de ahí reconstruir el Estado es una acto de autonomía y soberanía.

[1] Se refiere al Diario La Nación.
[2] Referencia al segundo encuentro del seminario Estado y Sociedad Civil en la Argentina contemporánea: “Organizaciones sociales en el Mercosur”.
[3] IV Cumbre de las Américas.
[4] Leopoldo Moreau por la UCR, Elisa Carrió por el ARI y Ricardo López Murphy por Recrear.
[5] Fecha de asunción de Néstor Kirchner.

Tratado entre las Provincias Unidas del Rio de la Plata y el Reino Unido - 1825

2007-08-31T20:05:00.000-03:00

2 de febrero de 1825: Tratado de amistad, comercio y navegación entre los Gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y S.M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda.

I. Habrá “perpetua amistad” (sic) ente los “dominios y súbditos” de Su Majestad Británica y los “territorios” de las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes.
II. Habrá una recíproca libertad de comercio. Los habitantes de los dos países podrán llegar segura y libremente con sus buques y cargas a todos los “parajes”, “puertos” y “ríos”, “entrar en los mismos” y “permanecer y residir” en cualquier parte de los dichos territorios. Podrán alquilar casa y almacenes para su tráfico y “disfrutar de la más completa protección y seguridad para su comercio”.
III. “Los habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata” podrán acceder a los dominios de S.M.B. fuera de Europa para realizar “la misma libertad de comercio y navegación”.
IV. No se impondrán mayores derechos en los territorios de S.M.B. a los artículos de producción, cultivo o fabricación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en las Provincias Unidas del Río de la Plata no se impondrán otros derechos mayores a los artículos de producción, cultivo o fabricación de los dominios de S.M.B.
Con respecto a la “extracción” de artículos de los “territorios” o “dominios” de cada una de las partes contratantes se aplicará el mismo principio.
Ni tampoco se impondrán derechos de prohibición a la extracción o introducción de artículos “que no correspondieran igualmente a todas las otras naciones”.
V. Los buques británicos de más de 12 toneladas no pagarán en las Provincias Unidas del Río de la Plata derechos mayores (por tonelaje, salvamento, avería o naufragio) que los que pagaren los buques de las Provincias Unidas del Río de la Plata del mismo porte en los puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
VI. Los artículos de producción, cultivo o fabricación de los dominios de S.M.B. o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, transportados en buques de las Provincias Unidas del Río de la Plata o en buques británicos, que se introduzcan en Gran Bretaña o que se introduzcan o extraigan en las Provincias Unidas del Río de la Plata, tanto por importación cuanto para exportación, pagarán los mismos derechos.
VII. Buque británico es el construido en los dominios de S.M.B. que se halle “tripulado”, “matriculado” y “poseído” con arreglo a las leyes de la Gran Bretaña. Buques de las Provincias Unidas del Río de la Plata son buques “construidos en los territorios de dichas Provincias” debidamente matriculados y poseídos por los ciudadanos de las mismas o cualquiera de ellos (el art. I dice “habitantes”) y cuyo capitán y tres cuartas partes de la tripulación sean ciudadanos de las dichas Provincias Unidas del Río de la Plata.
VIII. Todo “comerciante”, “comandante de buque” y “demás súbditos de S.M.B.” tendrán en “territorios de las Provincias Unidas” la misma libertad que los naturales de ellas para manejar sus asuntos comerciales. No se les puede obligar a emplear a naturales e las Provincias Unidas del Río de la Plata como corredores, factores, agentes o intérpretes, ni se los obliga a emplear ninguna persona para dichos fines. Ni pagarles salario ni remuneración alguna a menos que quieran emplearlos. Concediéndose en todos los casos entera libertad a los compradores o vendedores para fijar precios de productos que se extraigan o introduzcan en las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En todo lo relativo a carga y descarga de buques, seguridad de mercaderías... disposición de propiedades de toda clase y denominación, por venta, donación, cambio o de cualquier otro modo, “como también de la administración de justicia” los súbditos y ciudadanos de las dos partes contratantes, gozarán en sus respectivos dominios de los mismos privilegios, franquezas y derechos como la Nación más favorecida”... estarán exentos de todo servicio militar... de todo empréstito forzoso, de exacciones o requisiciones militares, ni serán obligados a pagar ninguna contribución ordinaria, bajo pretexto alguno, mayor que las que pagaren los súbditos naturales o ciudadanos del país.
Ambas partes podrán nombrar cónsules en los dominios o territorios de la otra.
Para la mayor seguridad del comercio entre los “súbditos” de S.M.B. y los “habitantes” de las Provincias Unidas del Río de la Plata en caso de “interrupción o rompimiento” entre las dos partes contratantes (Ejemplo GUERRA POR MALVINAS de 1982) los “súbditos” y “habitantes” tendrán el privilegio de permanecer y continuar el tráfico entre ellos. Sus propiedades no estarán sujetas “ni a embargo” “ni a secuestro” “ni a ninguna otra exacción”.
XII. Los súbditos de S.M.B. en las Provincias del Río de la Plata no serán inquietados por su religión.
Podrán tener iglesias y capillas para su culto.
Podrán tener cementerios propios.
Asimismo los ciudadanos de las Provincias Unidas del Río de la Plata tendrán en los dominios de S.M.B. una libertad limitada de conciencia “en las casas de su morada” o “en los sitos de su culto” “en conformidad con el sistema e tolerancia establecido en los dominios de S.M.B.”. Proselitismo religioso No.
XIII Los súbditos de S.M.B. en las Provincias Unidas del Río de la Plata tendrán derecho a disponer libremente de sus propiedades de toda clase “en la forma que quisieren” “o por testamento” y “en caso que muriere algún súbdito británico”... “tendrá derecho a nombrar curadores que se encarguen de la propiedad del difunto”... “sin intervención alguna” “dando noticia conveniente a las autoridades del país t recíprocamente”.
XIV “Deseando ansiosamente la abolición total del comercio de esclavos, las Provincias Unidas del Río de la Plata se obligan a cooperar con S.M.B.”... “y a prohibir a todas las personas residentes en las Dichas Provincias Unidas... de tomar parte alguna en dicho tráfico”.
XV. El presente tratado será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Londres dentro de cuatro meses, o antes si fuese posible.

Manuel José García Woodbine Parish

Texto del Tratado Roca-Runciman - 1933

2007-08-31T19:50:00.000-03:00

TRATADO ROCA-RUNCIMAN
LEYES NACIONALES
LEY 11.693 (225).- Convención y Protocolo sobre intercambio comercial con gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmados en Londres el IV de mayo de 1933 (B.O. 8/VIII/933).
Art. 1° - Apruébase la convención y el protocolo sobre intercambio comercial, subscripto el 1° de mayo de 1933 por el Excmo. Señor Vicepresidente de la Nación, doctor Julio A. Roca, con el gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Art. 2° - Comuníquese, etc.
Sanción: 28 de julio de 1933.
Promulgación: 31 de julio 1933.

CONVENCION
Convención y protocolo, firmado en Londres el 1° de mayo de 1933, entre el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Argentina.
El gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Argentina, reafirmando su común propósito de mantener y perfeccionar el tratado de amistad, comercio y navegación firmado en Buenos Aires, el 2 de febrero de 1825, y, considerando que, para acrecentar y facilitar el intercambio comercial entre la República Argentina por una parte y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la otra, es convincente completar dicho tratado de 1825 con algunas disposiciones adicionales concernientes a las relaciones comerciales entre ambos países, y deseando concertar una convención con ese objeto, han convenido lo siguiente.
Art. 1° - 1. El gobierno del Reino Unido, reconociendo plenamente la importancia de la industria de la carne vacuna enfriada “chilled beef” en la vida económica de la República Argentina, no impondrá ninguna restricción a las importaciones en el Reino Unido de carne vacuna enfriada procedente de la Argentina, en cualquier trimestre del año, que reduzca las importaciones a una cantidad inferior a la importada en el trimestre correspondiente del año terminado el 30 de junio de 1932, a menos y tan sólo, cuando a juicio del gobierno del Reino Unido, después de haber consultado al gobierno Argentino e intercambiado con éste toda información pertinente, ello fuera necesario para asegurar un nivel remunerativo de precios del mercado del Reino Unido; tal restricción no será mantenida si resultara que las importaciones así excluidas fueran reemplazadas por aumentos de las importaciones en el Reino Unido de otras clases de carnes (siempre que no se trate de embarques experimentales de carne vacuna enfriada de otras partes de la Comunidad Británica de Naciones) que vinieran a neutralizar el efecto deseado sobre los precios.
2.- Si debido a circunstancias imprevistas, el gobierno del Reino Unido considera necesario que las importaciones de carne vacuna enfriada de la Argentina en el Reino Unido sean reducidas en cualquier año, en un volumen mayor del 10% por debajo de la cantidad importada en el año terminado el 30 de junio de 1932, consultará con el gobierno Argentino y con los gobiernos de los otros principales países exportadores (con inclusión de los que forman parte de la Comunidad Británicas de Naciones), con el objeto de convenir la reducción en las importaciones de carne vacuna enfriada y congelada de todos los países productores. El gobierno del Reino Unido no reducirá las importaciones de carne vacuna enfriada de la Argentina en un monto mayor del 10% por debajo de esa cantidad importada en el año terminado el 30 de junio de 1932, a menos que las importaciones de carne vacuna enfriada (excluidos los razonables embarques de carácter experimental), o de carne congelada en el Reino Unido procedentes de todos los países exportadores de carne que forman parte de la Comunidad Británica de Naciones, sean reducidas también en un porcentaje igual al porcentaje de reducción de la carne vacuna enfriada argentina por debajo del 90% de la cantidad importada en el trimestre correspondiente del año terminado el 30 de junio de 1932. el gobierno del Reino Unido se compromete a no imponer ninguna restricción a las importaciones en el Reino Unido de carne vacuna u ovina congelada mayor que las especificadas en la planilla H del convenio celebrado ente el gobierno del Reino Unido y el gobierno de la Confederación Australiana, el 20 de agosto de 1932, a menos que sean restringidas las importaciones de tales carnes procedentes de los países que forman parte de la Comunidad Británica de Naciones; y en esta eventualidad se dará a la carne argentina un tratamiento justo y equitativo y se tendrán en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
Art. 2° - 1. Siempre que en la República Argentina, funciones un sistema de control de cambios las condiciones bajo las cuales se efectuará en cualquier año, la disponibilidad de divisas extranjeras serán tales que para satisfacer la demanda para remesas corrientes de la Argentina al Reino Unido se destine la suma total de cambio en libras esterlinas proveniente de la venta de productos argentinos en el Reino Unido, después de deducir una suma razonable anual para el pago del servicio de la deuda pública externa argentina (nacional, provincial y municipal) pagadera en países que no sean en el Reino.
2.- Previa la reserva anterior para el servicio de las deudas públicas externas, el orden en el cambio en libras esterlinas así disponible será distribuido entre las diversas categorías de solicitantes de remesas al Reino Unido, será resuelta mediante acuerdo entre el gobierno Argentino y el gobierno del Reino Unido.
3.- Del cambio en libras esterlinas que quedase disponible de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1) anterior, para las remesas de la Argentina al Reino Unido durante el año 1933, se apartará el equivalente en libras esterlinas de $ 12.000.000 m/n, con el fin de realizar pagos en efectivo hasta un importe a fijarse entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno Argentino con respecto a cada uno de los casos de saldos en pesos que, hasta el primero de mayo de 1933, estuvieran esperando cambio en libras esterlinas para ser remitidos al Reino Unido.
4.- El gobierno Argentino ofrecerá emitir bonos en libras esterlinas en cambio de los saldos en pesos que hubiesen quedado al 1° de mayo de 1933, a la espera de cambio en libras esterlinas para ser remitidos al Reino Unido, después de haberse agotado, los 12.000.000 m/n, a que se refiere el parágrafo precedente. Estos bonos serán emitidos a la par, a un plazo de 20 años, comenzando su amortización a los 5 años de su emisión y devengarán un interés del 4% anual.
El tipo de conversión y demás condiciones de los bonos serán convenidos entre el gobierno Argentino y será una comisión de representantes de los tenedores de los saldos en cuestión.
5.- El gobierno Argentino se compromete a que en ningún caso las solicitudes de cambio para remesas al Reino Unido, ya sea con respecto a los saldos en pesos o a las transacciones correspondientes, serán tratadas menos favorablemente que las solicitudes similares de cambio para remitir a cualquier otro país.
6.- El gobierno del Reino Unido cooperará en la medida que le sea posible con el gobierno Argentino a fin conseguir que la cantidad de cambio en libras esterlinas obtenido en la Argentina por la exportación de productos argentinos al Reino Unidos corresponda lo más exactamente que sea posible con el valor obtenido por tales productos en el mercado del Reino Unido, teniéndose debidamente en cuenta las deducciones necesarias en concepto de fieles, seguros, etc.
Art. 3°.- 1. Entre las partes contratantes se concluirá tan pronto como sea posible, un convenio suplementario que será considerado como parte integrante y esencial de esta convención, que tendrá disposiciones relativas a los derechos y otros gravámenes similares, así como las regulaciones cuantitativas a ser aplicadas a las mercaderías del Reino Unido en la República Argentina y las similares a ser aplicadas a las mercaderías argentinas en el Reino Unido.
2.- Si tal convenio suplementario no se hubiera realizado antes del 1° de agosto de 1933, cualquiera de las partes contratantes puede, a pesar de las disposiciones del art. 6°, dar por terminada esta convención en cualquier tiempo posterior con previo aviso de un mes.
Art. 4° - 1. Ninguna disposición de la presente convención afectará los derechos y obligaciones emergentes del tratado de amistad, comercio y navegación firmado en Buenos Aires el 2 de febrero de 1825.
Art. 5° - 1. Las parte contratantes convienen en que cualquier divergencia que pueda surgir entre ellas relacionadas con la interpretación o aplicación de la presente convención, será sometida a pedido de una de las partes a la Corte Permanente de Justicia Internacional, a menos que en cualquier caso particular las partes contratantes convengan someter la divergencia a otro tribunal o resolverla por otro procedimiento.
Art. 6° - 1. La presente convención deberá ser ratificada. Las ratificaciones deberán ser canjeadas en Londres, tan pronto como sea posible. Entrará en vigor en la fecha del canje de las ratificaciones. Quedará en vigencia durante tres años, a partir de la fecha en que entre en vigor y continuará en vigencia a no ser que cualquiera de las partes contratantes diese aviso a la otra por vía diplomática de la terminación de la convención. En este caso la convención se prorrogará por el término de seis meses, a partir de la fecha en que se hubiere dado aviso de su terminación.
En testimonio de lo cual los infrascriptos debidamente autorizados al efecto, han firmado la presente convención y estampado en ella sus sellos.
Dada en Londres en 1° de mayo de 1933, en duplicado, en inglés y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Protocolo
En el acto de firmar esta convención, en el día de la fecha, relativa al intercambio comercial entre el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina los plenipotenciarios infrascriptos debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos gobiernos, declaran:
1.- Que el Gobierno Argentino, valorando los beneficios de la colaboración del capital británico en las empresas de servicios públicos y otras ya sean nacionales, municipales o privadas, que funcionan en la República Argentina, consecuente en ello con su tradicional política de amistad se propone dispensar a tales empresas dentro de la órbita de su acción constitucional, un tratamiento benévolo que tienda a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a tales empresas.
2.- Que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a cooperar con el Gobierno Argentino para una conjunta investigación de la estructura económica y financiera y del funcionamiento del comercio de carnes, con especial referencia a los medios a adoptarse para asegurar un razonable beneficio a los ganaderos.
3.- Que en caso de que el Gobierno Argentino, o los ganaderos argentinos, bajo la acción de una ley especial, tuvieran la propiedad, control o administración de empresas que no persigan primordialmente fines de beneficio privado, sino una mejor regulación del comercio con el propósito de asegurar un razonable beneficio al ganadero, el Gobierno del Reino Unido estará dispuesto a permitir a importadores a importar carne proveniente de tales empresas hasta el 15% de la cantidad total importada de la Argentina al Reino Unido (tal porcentaje debe incluir las importaciones actualmente permitidas al Frigorífico Gualeguaychú y del Frigorífico Municipal de Buenos Aires) sobreentendiéndose que dichos embarques serán colocados eficientemente en el mercado por las vías normales, teniendo en cuenta la necesidad de la coordinación del comercio en el Reino Unido, y toda autorización concedida por el Gobierno del Reino Unido bajo las disposiciones del presente párrafo será acordada en tal inteligencia.
4.- Que el Gobierno del Reino Unido comunicará periódicamente al Gobierno Argentino el detalle de todos los permisos acordados, referentes a la importación de carne de la Argentina.
5.- Que el Gobierno del Reino Unido se compromete a no restringir las importaciones en el Reino Unido de menudencias comestibles de la Argentina, a no ser que el volumen de tales menudencias de sus procedencias sobrepase la relación normal con otras carnes importadas de la Argentina.
6.- Que es intención del Gobierno Argentino:
a) Mantener libres de derechos el carbón y todas las otras mercaderías que actualmente se importan en la Argentina libres de derechos;
b) Con respecto a las mercaderías en que una proporción considerable de las importaciones en la Argentina, provenga del Reino Unido y respecto de las cuales se le han sometido las proposiciones propuestas correspondientes de reducción de derechos aduaneros volver en general a las tasas y aforos de tales mercaderías en vigencia en 1930, hasta donde lo permitan las necesidades fiscales y el interés de las industrias nacionales; y además en los casos pertinentes, efectuar modificaciones en la clasificaciones respecto a las cuales el Gobierno del Reino Unido ha hecho proposiciones;
c) Entablar conversaciones con el Gobierno del Reino Unido a objeto de considerar los medios para mantener la actual situación del carbón del Reino Unido en el mercado argentino.
7.- Que el Gobierno Argentino se compromete en lo que respecta a las mercaderías a que se refiere el párrafo 6 anterior, a no imponer, mientras esté pendiente la conclusión del acuerdo suplementario, ningún nuevo derecho, ni aumenta los existentes, ya sea por aumentos de tasas o por aumento de aforos, o por aumento en la sobretasa temporaria del 10%, o por aplicación de la sobretasa a mercaderías a las cuales no se la aplica actualmente, o por cualquier otro medio.
8.- Que el propósito del Gobierno del Reino Unido;
a) No imponer nuevos derechos o aumento de derechos a la carne, bacon, jamones, trigo, lino, maíz y extracto de quebracho importado de la Argentina en el Reino Unido.
b) No establecer limitaciones cuantitativas sobre las importaciones en el Reino Unido de trigo, maíz, lino, afrecho y afrechillo, rebacillo, lana en bruto “premier jus”, sebo sin refinar, cerda, tripas y extracto de quebracho;
c) En el caso de establecerse regulaciones cuantitativas sobre mercaderías no mencionadas en el inciso b) anterior, se dará un tratamiento equitativo a aquellas mercaderías importadas de la Argentina en el Reino Unido.
9.- Que el Gobierno del Reino Unido se compromete, mientras esté pendiente la conclusión del acuerdo suplementario a no imponer o aplicar nuevos derechos de la clase a que se refiere el inciso a) del párrafo 8 anterior.
10.- Que el Gobierno Argentino designará una comisión especial a cuyas deliberaciones serán invitados a tomar parte representantes del Gobierno del Reino Unido, con el objeto de explicar y discutir el punto de vista de su gobierno. Esta comisión examinará las proposiciones hechas por el Gobierno del Reino Unido a que se refiere el párrafo 6 anterior, y preparará el acuerdo suplementario a que se refiere el art. 3° de la convención a fin de que pueda ser completada antes del 1° de agosto de 1933.
11.- El conjunto de dicha convención, incluyendo los párrafos precedentes de este protocolo, entrará en vigor provisionalmente desde la fecha de su firma, con excepción de las disposiciones del párrafo 4 del art. 2° de la convención relativo a la emisión de estos bonos no es necesario que se efectúe hasta que se realice el acuerdo suplementario a que hace referencia el art. 3°.
Dado en Londres, el 1 de mayo de 1933 en duplicado en inglés y español –Julio A. Roca – W. Runciman.
Sanción: 28 de julio de 1933.
Promulgación: 31 de julio de 1933

Declaraciones de los negociadores argentinos en el Pacto Roca-Runciman - 1933

2007-08-31T19:26:00.000-03:00

Declaraciones de los negociadores argentinos en el Pacto Roca-Runciman

“La Argentina es, por su interdependencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido” Julio A. Roca

“La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de Su Graciosa Majestad” Sir Guillermo Leguizamón

Fragmentos Imperialistas

2007-08-29T23:57:00.001-03:00

Cecil Rhodes
Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Escuché fuertes discusiones. No se oía mas que un grito: "pan, pan". Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo (...). Para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas."
Sir Cecil Rhodes. Carta al periodista Stead. 1895.

Joseph Chamberlain
Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por consiguiente, el poder determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. El espíritu del país tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha impuesto la Historia y nuestro carácter nacional. [...] El Imperio británico, firmemente unido, y los Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo y asumir la pesada responsabilidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados.
Joseph Chamberlain al frente del Ministerio de Colonias británico, en 1895.

“Una nación es como un individuo: tiene sus deberes que cumplir y nosotros no podemos desentendernos de los nuestros hacia tantos pueblos encomendados a nuestra tutela. Sólo nuestra dominación puede asegurar la paz, la seguridad y la riqueza a tantos desgraciados que, nunca anteriormente, han conocido estos beneficios. Y es terminando esta obra civilizadora como nosotros llevamos a cabo nuestra misión nacional, para el eterno provecho de los pueblos a la sombra de nuestro cetro imperial.”
J. Chamberlain. Discurso.

General Bugeaud
“Por una feliz circunstancia, que quizá todavía no se ha señalado, Argelia tendrá que pedir durante mucho tiempo los productos manufacturados que produce Francia, mientras que ella podrá surtir con abundancia las materias primas necesarias para la industria de la metrópoli. Pero antes de que el colono pueda pedir a la tierra el aceite, la soja, el tabaco, el algodón, la madera, etc., antes de que nos pueda aportar aceites más corrientes, pieles, granos, animales, lanas y otros productos del interior de Argelia, es necesario que la dominación sea conquistada por la fuerza y mantenida por la política.”
General Bugeaud. Argelia, los medios para conservar y utilizar la conquista. 1842.

A. J. Beveridge
“Las fábricas americanas producen más de lo que el pueblo americano puede utilizar; la tierra americana produce más de lo que puede consumir. El destino ha trazado nuestra política; el comercio mundial debe ser y será nuestro. Lo lograremos, como nuestra madre nos enseñó. Estableceremos agencias comerciales en la superficie del mundo como centros de distribución de los productos americanos. Cubriremos los océanos con nuestros barcos. Construiremos una marina a la medida de nuestra grandeza. De nuestras agencias comerciales surgirán grandes colonias que desplegarán nuestra bandera y comerciarán con nosotros.”
A. J. Beveridge. Discurso dado en Boston. 1898.

Ley Helms-Burton para el bloqueo norteamericano a Cuba

2007-08-29T23:50:00.001-03:00

Texto Completo de la Ley Helms-Burton

"LEY PARA LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD DEMOCRATICA CUBANAS (LEY LIBERTAD) DE 1996"("HELMS-BURTON")
1º de marzo de 1996 - Se ordena su publicación
El Sr. GILMAN, del Comité de Conferencia, presentó el siguiente
INFORME DE LA CONFERENCIA[Para que acompañe a la HR (resolución de la Cámara) 927]
El Comité de Conferencia, habida cuenta de los votos en contra registrados en las dos cámaras respecto de la enmienda presentada por el Senado al proyecto de ley (H.R. 927) encaminado a procurar sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en la Isla y otros fines, tras haberse reunido y conferenciado plena y libremente, acuerda recomendar, y recomienda a sus respectivas cámaras, lo siguiente:Que la Cámara cese su desacuerdo respecto de la enmienda presentada por el Senado y convenga a esos efectos con la enmienda siguiente:En lugar de la enmienda propuesta por el Senado, insértese el siguiente texto:SECCION 1. TITULO RESUMIDO; INDICE
a) TITULO RESUMIDO.-- Esta Ley puede citarse como la "Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas (LEY LIBERTAD) de 1996".b) INDICE.-- El índice de esta Ley es el siguiente:Sec. 1 Título resumido, IndiceSec. 2 ConclusionesSec. 3 PropósitosSec. 4 DefinicionesSec. 5 Divisibilidad
TITULO I. FORTALECIMIENTO DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL GOBIERNO DE CASTROSec. 101 Enunciación de políticaSec. 102 Aplicación del embargo económico de CubaSec. 103 Prohibición de la financiación indirecta de CubaSec. 104 Oposición de los Estados Unidos al ingreso de Cuba a las instituciones financieras internacionalesSec. 105 Oposición de los Estados Unidos a que se dé por terminada la exclusión del Gobierno de Cuba de la Organización de Estados AmericanosSec. 106 Ayuda de los Estados independientes de la ex Unión Soviética al Gobierno de CubaSec. 107 Trasmisiones televisivas hacia CubaSec. 108 Informe sobre el comercio de otros países con Cuba y la prestación de asistencia por éstos a la IslaSec. 109 Autorización del apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos, así como a los observadores internacionalesSec. 110 Salvaguardias de importación contra determinados productos cubanosSec. 111 Cesación de la asistencia a los países que apoyen la central nuclear de Juraguá en CubaSec. 112 Restablecimiento de las remesas familiares y los viajes a CubaSec. 113 Expulsión de delincuentes de CubaSec. 114 Oficinas de noticias en CubaSec. 115 Repercusión de esta Ley sobre las actividades lícitas del Gobierno de los Estados UnidosSec. 116 Condena a la agresión por parte de Cuba contra aeronaves estadounidenses
TITULO II. AYUDA A UNA CUBA LIBRE E INDEPENDIENTESec. 201 Política hacia un gobierno de transición y un gobierno electo democráticamente en CubaSec. 202 Asistencia al pueblo cubanoSec. 203 Coordinación del programa de asistencia; ejecución y presentación de informes al Congreso; reprogramaciónSec. 204 Levantamiento del embargo económico contra CubaSec. 205 Requisitos y factores de un gobierno de transiciónSec. 206 Requisitos de un gobierno electo democráticamenteSec. 207 Liquidación de las reclamaciones pendientes de los Estados Unidos respecto de propiedades confiscadas en Cuba
TITULO III. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS NACIONALES ESTADOUNIDENSESSec. 301 ConclusionesSec. 302 Responsabilidad por traficar con propiedades confiscadas a nacionales estadounidenses que éstos reclamenSec. 303 Pruebas de propiedad para la reclamación de bienes confiscadosSec. 304 Exclusividad del procedimiento de certificación de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el ExtranjeroSec. 305 Limitación de accionesSec. 306 Fecha de entrada en vigor
TITULO IV. EXCLUSION DE DETERMINADOS EXTRANJEROSSec. 401 Exclusión de los Estados Unidos de extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes
SECCION 2. CONCLUSIONES
El Congreso llega a las conclusiones siguientes:1) En los últimos cinco años la economía de Cuba se ha reducido en un 60% por lo menos, como resultado de:A) el fin de los subsidios de la ex Unión Soviética ascendentes a entre cinco y seis mil millones de dólares anuales;B) treinta y seis años de tiranía comunista y mala administración económica por parte del Gobierno de Castro;C) la extrema disminución del comercio entre Cuba y los países del antiguo bloque soviético; yD) la política declarada del Gobierno de Rusia y los países del antiguo bloque soviético de basar las relaciones económicas con Cuba en condiciones estrictamente comerciales.2) Al propio tiempo, el bienestar y la salud del pueblo cubano se han afectado sustancialmente como resultado de este deterioro económico y de la renuencia del régimen de Castro a permitir la celebración de elecciones democráticas libres y justas en Cuba.3) El régimen de Castro ha manifestado con toda claridad que no realizará ninguna reforma política sustancial que conduzca a la democracia, a la economía de mercado o a una recuperación económica.4) La represión del pueblo cubano, incluida la prohibición de celebrar elecciones democráticas libres y justas y la continua violación de los derechos humanos fundamentales, han aislado al régimen cubano por ser el único gobierno no democrático del hemisferio occidental.5) Hasta tanto se celebren elecciones libres y justas, las condiciones económicas del país y el bienestar del pueblo cubano no mejorarán de manera significativa.6) El carácter totalitario del régimen de Castro ha privado al pueblo cubano de todo medio pacífico para mejorar su situación y ha llevado a miles de ciudadanos a arriesgar o perder la vida en peligrosos intentos por escapar de Cuba hacia la libertad.7) Radio y televisión Martí han sido vehículos eficaces para transmitir noticias e información al pueblo cubano y han ayudado a elevar la moral de ese pueblo que vive bajo la tiranía.8) La política consecuente de los Estados Unidos hacia Cuba desde el comienzo del régimen de Castro, aplicada por los gobiernos demócratas y republicanos, ha tratado de mantener la fe del pueblo de Cuba y ha logrado que se sancione al régimen totalitario de Castro.9) Los Estados Unidos han demostrado una firme adhesión al fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales que se enuncian en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual consideran una obligación moral.10) El Congreso ha manifestado histórica y sistemáticamente su solidaridad y la del pueblo de los Estados Unidos con las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.11) La Ley para la Democracia Cubana de 1992 insta al Presidente a que exhorte a los gobiernos de los países que realizan transacciones comerciales con Cuba a que limiten sus relaciones comerciales y crediticias con la Isla de forma consecuente con los propósitos de esa Ley.12) En las enmiendas introducidas a la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 por la Ley de Apoyo a la LIBERTAD se pide que, al prestar asistencia económica a Rusia y a las democracias euroasiáticas emergentes, el Presidente tome en cuenta las medidas que éstas adoptan para "poner fin al régimen comunista de Cuba, incluida la retirada de tropas, el cierre de instalaciones militares y la cesación de los subsidios comerciales y de la asistencia económica, nuclear y de otra índole".13) El Gobierno de Cuba participa en el tráfico ilícito de estupefacientes a nivel internacional y da refugio a prófugos de la justicia de los Estados Unidos.14) El Gobierno de Castro amenaza la paz y la seguridad internacionales al enfrascarse en actos de subversión armada y terrorismo tales como el entrenamiento y suministro de grupos dedicados a la violencia internacional.15) El Gobierno de Castro ha utilizado desde su inicio, y continúa utilizando, la tortura en diversas formas (incluida la tortura psicológica), la ejecución, el exilio, la confiscación, el encarcelamiento por razones políticas y otras formas de terror y represión, como medios para retener el poder.16) Fidel Castro ha definido el pluralismo democrático como "basura pluralista" y continúa dejando sentado que no tiene intención alguna de tolerar la democratización de la sociedad cubana.17) El Gobierno de Castro mantiene como rehenes en Cuba a cubanos inocentes, no por alguna culpa de los rehenes, sino sólo porque familiares suyos han escapado del país.18) A pesar de ser un Estado signatario de la Convención Interamericana sobre Asilo de 1928 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que protege el derecho de toda persona a salir de su país), Cuba rodea las embajadas de su capital con efectivos de las fuerzas armadas para impedir que sus ciudadanos ejerzan el derecho de pedir asilo, y niega sistemáticamente ese derecho a los cubanos mediante sanciones de privación de libertad a quienes hacen gestiones en tal sentido y la ejecución de personas que tratan de abandonar el país (como quedó demostrado en el caso del asesinato confirmado de más de 40 hombres, mujeres y niños que intentaban de salir del país el 13 de julio de 1994).19) El Gobierno de Castro continúa utilizando el chantaje, como la crisis de inmigración con la que amenazó a los Estados Unidos en el verano de 1994, y otras conductas inaceptables e ilegales para influir en los actos de los Estados soberanos del hemisferio occidental en violación de la Carta de la Organización de Estados Americanos, de otros acuerdos internacionales y del derecho internacional.20) En reiteradas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado informes sobre la situación inaceptable de los derechos humanos en Cuba y ha adoptado la medida extraordinaria de designar un Relator Especial.21) El Gobierno cubano ha negado sistemáticamente el acceso al Relator Especial y ha expresado de forma oficial su decisión de no "aplicar ni una coma" de las resoluciones de las Naciones Unidas por las que se designa el Relator.22) La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las Resoluciones 47/139, de 18 de diciembre de 1992, 48/142, de 20 de diciembre de 1993, y 49/200, de 23 de diciembre de 1994, en que se hace referencia a los informes presentados por el Relator Especial a las Naciones Unidas y se condenan las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba.23) En el Artículo 39 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas se dispone que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas... para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales".24) Las Naciones Unidas han determinado que las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos pueden constituir una "amenaza a la paz" con arreglo al Artículo 39, y han impuesto sanciones por esas violaciones de los derechos humanos a Rodesia, Sudáfrica, el Iraq y la ex Yugoslavia.25) En el caso de Haití, un vecino de Cuba no tan cercano a los Estados Unidos como esta última, los Estados Unidos encabezaron esfuerzos encaminados a un objetivo que se alcanzó, a saber, la imposición por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de un embargo y un bloqueo contra ese país por la existencia de una dictadura militar en el poder por menos de tres años.26) Posteriormente, en la resolución 940 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de julio de 1994, se autorizó el uso de "todos los medios necesarios" para restaurar el "gobierno democráticamente electo en Haití", y dicho gobierno democráticamente electo fue restaurado en el poder el 15 de octubre de 1994.27) El pueblo cubano merece una ayuda decisiva para que pueda poner fin a la tiranía que lo ha oprimido durante 36 años, y seguir demorando esa ayuda constituye una conducta éticamente impropia de la comunidad internacional.28) Durante los últimos 36 años, el Gobierno de Cuba ha planteado y continúa planteando una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
SECCION 3. PROPOSITOS
Los propósitos de esta Ley son:1) ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad y prosperidad y a sumarse a la comunidad de países democráticos que florece en el hemisferio occidental;2) fortalecer las sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro;3) velar por la integridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos frente a las amenazas de terrorismo constantes del Gobierno de Castro, el robo por ese Gobierno de propiedades de nacionales de los Estados Unidos, y la forma en que se aprovecha del deseo de los cubanos de huir hacia los Estados Unidos para manipulaciones políticas que traen como resultado la emigración en masa hacia este país;4) estimular la celebración de elecciones democráticas libres y justas en Cuba, realizadas bajo la supervisión de observadores internacionalmente reconocidos;5) proporcionar un marco de política para el apoyo de los Estados Unidos al pueblo cubano en respuesta a la formación de un gobierno de transición o a un gobierno electo democráticamente en Cuba; y6) proteger a los nacionales de los Estados Unidos contra las confiscaciones y el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por el régimen de Castro.
SECCION 4. DEFINICIONES
Los términos y las frases siguientes tienen en esta Ley los significados que aparecen a continuación:1) ORGANISMO O INSTRUMENTO DE UN ESTADO EXTRANJERO.-- La frase "organismo o instrumento de un Estado extranjero" tiene el significado que se le confiere en el inciso b) de la sección 1603 del título 28, del Código de los Estados Unidos.2) COMITES DEL CONGRESO PERTINENTES.-- La frase "comités del Congreso pertinentes" se refiere al Comité de Relaciones Internacionales y el Comité de Consignaciones de la Cámara de Representantes, y al Comité de Relaciones Exteriores y el Comité de Consignaciones del Senado.3) ACTIVIDAD COMERCIAL.-- La frase "actividad comercial" tiene el significado que se le confiere en el inciso d) de la sección 1603 del título 28, del Código de los Estados Unidos.4) CONFISCADO.-- El término "confiscado" se utiliza en los capítulos I y II para denominar:A) la nacionalización, expropiación u otro tipo de apropiación de la propiedad o del control de ésta por el Gobierno cubano al 1º de enero de 1959 o despuési) sin que se haya devuelto la propiedad ni pagado una indemnización adecuada y eficaz; oii) sin que la reclamación de la referida propiedad haya sido resuelta de conformidad con un acuerdo internacional de solución de reclamaciones; yB) el repudio, la omisión o el incumplimiento por el Gobierno cubano al 1º de enero de 1959 o después, del pago de:i) una deuda de cualquier empresa que haya sido nacionalizada, expropiada o tomada de otro modo por el Gobierno cubano;ii) una deuda imputable a una propiedad nacionalizada, expropiada o tomada de otro modo por el Gobierno cubano; oiii) una deuda contraída por el Gobierno cubano para atender o liquidar la reclamación de una propiedad confiscada.5) GOBIERNO CUBANO.-- A) El término "Gobierno cubano" incluye al gobierno de toda subdivisión política de Cuba y a todo organismo o instrumento del Gobierno de Cuba.B) A los efectos del subpárrafo A), se entiende por "organismo o instrumento del Gobierno cubano" el organismo o instrumento de un Estado extranjero que se define en el inciso b) de la sección 1603 del título 28 del Código de los Estados Unidos y, por consiguiente, toda referencia a "un Estado extranjero" se considerará una referencia a "Cuba".6) GOBIERNO ELECTO DEMOCRATICAMENTE EN CUBA.-- La frase "gobierno electo democráticamente en Cuba" significa un gobierno que el Presidente determine que ha cumplido los requisitos establecidos en la sección 206.7) EMBARGO ECONOMICO DE CUBA.-- La frase "embargo económico de Cuba" se refiere a:A) el embargo económico (incluidas todas las restricciones al comercio o a la realización de transacciones con Cuba, los viajes hacia ese país y desde él y todas las restricciones de la compraventa de propiedades en las que Cuba o nacionales cubanos tengan interés) impuesto contra Cuba en virtud del inciso a) de la sección 620 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2370 a)), el inciso b) de la sección 5 de la Ley de Comercio con el Enemigo (50 U.S.C App. 5b)), la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (22 U.S.C. 6001 y siguientes) o cualquier otra disposición jurídica; yB) las restricciones impuestas en el inciso c) de la sección 902 de la Ley sobre Seguridad Alimentaria de 1985.8) NACIONAL EXTRANJERO.-- El término "nacional extranjero" significa:A) un extranjero; oB) toda empresa, consorcio, sociedad u otra persona jurídica que no esté constituida con arreglo a las leyes de los Estados Unidos ni de ninguno de sus estados, ni del Distrito de Columbia, ni de ninguna mancomunidad, territorio o posesión de los Estados Unidos.9) A SABIENDAS.-- El término "a sabiendas" significa que se conoce algo o se tienen razones para conocerlo.10) FUNCIONARIO DEL GOBIERNO CUBANO O DEL PARTIDO POLITICO GOBERNANTE EN CUBA.-- La frase "funcionario del Gobierno cubano o del partido político gobernante en Cuba" se refiere a cualquier miembro del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Comité Central del Partido Comunista o el Buró Político de Cuba o a sus equivalentes.11) PERSONA.-- El término "persona" significa cualquier persona natural o jurídica, incluido cualquier organismo o instrumento de un Estado extranjero.12) PROPIEDAD.-- A) El término "propiedad" significa toda propiedad (incluso cualesquiera patentes, derechos de autor, marcas comerciales y cualquier otra forma de propiedad intelectual) trátese de bienes inmuebles o muebles o de una combinación de ambos y, con respecto a tales bienes, cualquier derecho, título u otro interés presente, futuro o contingente, incluido cualquier interés de arrendamiento.B) A los efectos del título III de esta Ley, el término "propiedad" no incluye ningún bien inmueble utilizado con fines residenciales a menos que, en la fecha en que se promulga esta Ley:i) un nacional de los Estados Unidos tenga en su poder la reclamación de la propiedad y esa reclamación haya sido certificada con arreglo al título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949; oii) dicha propiedad se encuentre ocupada por un funcionario del Gobierno cubano o del partido político gobernante en Cuba.13) TRAFICA.-- A) Según se utiliza en el título III, y salvo por lo que se establece en el subpárrafo B), una persona "trafica" con propiedades confiscadas si, a sabiendas e intencionalmente:i) vende, transfiere, distribuye, reparte, cambia, administra o enajena de otro modo una propiedad confiscada, o compra, arrienda, recibe, posee, controla, administra, usa o adquiere de otro modo una propiedad confiscada o posee interés en ella.ii) participa en una actividad comercial en que utilice una propiedad confiscada o se beneficie de otro modo de ella; oii) promueve o dirige el tráfico (descrito en los apartados i) o ii) realizado por otra persona o participa en él o se beneficia de él, o de otro modo se involucra en dicho tráfico (descrito en los apartados i) o ii) por mediación de otra persona, sin la autorización de un nacional de los Estados Unidos que haya presentado una reclamación de esa propiedad.B) El término "trafica" no incluye:i) el envío de señales de telecomunicaciones internacionales hacia Cuba;ii) el comercio ni la tenencia de títulos comerciados o tenidos públicamente, a menos que dicho comercio se realice por o con una persona que el Secretario del Tesoro haya decidido que es un nacional designado especialmente;iii) la transacción y el uso de propiedades que se relacionen con viajes lícitos a Cuba, en la medida en que tal transacción y uso de propiedades sean necesarios para la realización de dichos viajes oiv) la transacción y el uso de propiedades por una persona que sea ciudadana cubana y residente de Cuba y no sea funcionario del Gobierno cubano ni del partido político gobernante de Cuba.14) GOBIERNO DE TRANSICION EN CUBA.-- La frase "gobierno de transición en Cuba" se refiere a un gobierno que el Presidente decida que es un gobierno de transición conforme a los requisitos enunciados en la sección 205.15) NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.-- La frase "nacional de los Estados Unidos" significa:A) Cualquier ciudadano de los Estados Unidos; oB) cualquier otra persona jurídica constituida con arreglo a las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus estados, del Distrito de Columbia o de cualquier mancomunidad, territorio o posesión de los Estados Unidos y cuyo centro principal de negocios se encuentre en los Estados Unidos.
SECCION 5. DIVISIBILIDAD
En caso de invalidación de alguna de las disposiciones de la presente Ley o de las enmiendas introducidas por ella o de su aplicación a cualquier persona o circunstancia, dicha invalidación no afectará al resto de esta Ley y de las enmiendas introducidas por ella ni a su aplicación a otras personas que no se encuentren en igual situación o a otras circunstancias.
TITULO I-- FORTALECIMIENTO DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL GOBIERNO DE CASTRO
Sec. 101. ENUNCIACION DE POLITICA
Es el sentir del Congreso que:1) los actos del Gobierno de Castro, incluso su generalizada, sistemática y extraordinaria violación de los derechos humanos, representan una amenaza para la paz internacional;2) el Presidente debe promover, y dar instrucciones al Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas para que proponga y procure en el Consejo de Seguridad, un embargo internacional obligatorio contra el gobierno totalitario de Cuba de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, mediante actividades similares a las consultas realizadas por los representantes de los Estados Unidos con respecto a Haití;3) toda reanudación de los esfuerzos de cualquiera de los Estados de la ex Unión Soviética para poner en funcionamiento cualquier instalación nuclear en Cuba, y toda continuación de las actividades de inteligencia de alguno de tales Estados contra los Estados Unidos y sus ciudadanos desde Cuba, repercutirán negativamente en la asistencia que los Estados Unidos presten a dicho Estado; y4) habida cuenta de la amenaza que plantean para la seguridad nacional la explotación de cualquier instalación nuclear y el chantaje sostenido del Gobierno de Castro de desatar otra oleada de refugiados que huyen de su opresión, la mayoría de los cuales logra llegar a las costas estadounidenses y agotan aún más los limitados recursos humanitarios y de otra índole de los Estados Unidos, el Presidente debe hacer cuanto esté a su alcance para transmitir claramente al Gobierno cubano que:A) la terminación y explotación de cualquier instalación nuclear, oB) cualquier nueva manipulación política del deseo de los cubanos de escapar que provoque una emigración en masa hacia los Estados Unidos, se considerará un acto de agresión que recibirá la respuesta adecuada a fin de mantener la seguridad de las fronteras nacionales de los Estados Unidos y la salud y seguridad del pueblo estadounidense.
Sec. 102. APLICACION DEL EMBARGO ECONOMICO CONTRA CUBA
a) POLITICA1) RESTRICCIONES POR OTROS PAISES.-- Por la presente Ley el Congreso reafirma el inciso a) de la sección 1704 de la Ley para la Democracia Cubana, de 1992, en que se estipula que el Presidente debe estimular a otros países a que restrinjan las relaciones comerciales y crediticias con Cuba de forma consecuente con los propósitos de esta Ley.2) SANCIONES A OTROS PAISES.-- El Congreso insta además al Presidente a que adopte medidas inmediatas a fin de aplicar las sanciones que se describen en el párrafo 1) del inciso b) de la sección 1704 de dicha Ley contra los países que ayuden a Cuba.b) ESFUERZOS DIPLOMATICOS.-- El Secretario de Estado deberá asegurar que el personal diplomático de los Estados Unidos en el exterior comprenda, y en sus contactos con funcionarios extranjeros les comunique, las razones del embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba, e inste a los gobiernos extranjeros a que cooperen de forma más eficaz con dicho embargo.
c) REGLAMENTOS EXISTENTES.-- El Presidente instruirá al Secretario del Tesoro y al Fiscal General que hagan cumplir estrictamente los Reglamentos de Control de los Activos Cubanos que se establecen en la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales.
d) LEY DE COMERCIO CON EL ENEMIGO.-1) SANCIONES CIVILES.-- El inciso b) de la sección 16 de la Ley de Comercio con el Enemigo (50 U.S.C. App. 16 b)), añadido por la Ley Pública 202-484, se enmienda para que diga lo siguiente:"b) 1) El Secretario del Tesoro podrá imponer una sanción que no excederá de 50 000 dólares a toda persona que viole cualquier licencia, orden, norma o reglamento emitido de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.2) Cualesquiera propiedades, fondos, títulos, documentos u otros artículos, o cualquier embarcación, junto con sus avíos, aparejos, muebles y equipo, que se consideren medios de una violación conforme al párrafo 1), serán decomisados bajo la autoridad del Secretario del Tesoro y entregados al Gobierno de los Estados Unidos.3) Las sanciones previstas en este inciso sólo podrán imponerse oficialmente tras conceder una oportunidad de audiencia ante un órgano de conformidad con las secciones 554 a 557 del capítulo 5 del Código de los Estados Unidos, con derecho de inspección de pruebas antes de la audiencia.4) Toda sanción impuesta con arreglo a este inciso se podrá someter a examen judicial en el grado que se estipula en la sección 702 del título 5 del Código de los Estados Unidos."2) ENMIENDA DE ARMONIZACION; DECOMISO DELICTIVO.-Se enmienda nuevamente la sección 16 de la Ley de Comercio con el Enemigo mediante la eliminación del inciso b) añadido por la Ley Pública 102-393.3) ENMIENDAS DE SECRETARIA.-- Se enmienda nuevamente la sección 16 de la Ley de Comercio con el Enemigo como sigue:A) insértese "Sec. 16" antes de "a)", yB) sustitúyase en el inciso a) la palabra "participantes" por la palabra "participa". e) DENEGACION DEL VISADO A DETERMINADOS NACIONALES CUBANOS.-- Es el sentir del Congreso que el Presidente debe dar instrucciones al Secretario de Estado y al Fiscal General para que velen por el cabal cumplimiento de la reglamentación vigente de denegación de visados a los nacionales cubanos que el Secretario de Estado considere que sean funcionarios o empleados del Gobierno cubano o del Partido Comunista de Cuba.
f) APLICACION DEL EMBARGO ECONOMICO DE CUBA A LAS CONVERSIONES DE DEUDA EN PARTICIPACION DE CAPITAL.-- Introdúzcanse las siguientes enmiendas en el párrafo 2) del inciso b) de la Sección 1704 de la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (22 U.S.C. 6003 b)2)):1) suprímase "y" al final del subpárrafo A);2) cámbiese la designación del subpárrafo B) para que pase a ser subpárrafo C); y3) insértese después del subpárrafo A) el siguiente subpárrafo nuevo:"B) incluye el canje, la reducción o la condonación de la deuda contraída por Cuba con otro país a cambio de la concesión de una participación de capital en una propiedad, inversión u operación del Gobierno de Cuba (incluido el gobierno de cualquier subdivisión política de Cuba, y cualquier organismo o instrumento del Gobierno de Cuba) o de un nacional cubano; y"; y4) añádase al final la siguiente oración:"En este párrafo, las palabras 'organismo o instrumento del Gobierno de Cuba' significan el organismo o instrumento de un Estado extranjero que se define en el inciso b) de la sección 1603 del título 28 del Código de los Estados Unidos, en el cual todas las referencias a un 'Estado extranjero' se consideran referencias a 'Cuba'."g) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-- Enmiéndese el inciso e) de la Sección 1705 de la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (22 U.S.C. 6004 e)) añadiendo al final el siguiente párrafo nuevo:"5) PROHIBICION DE INVERTIR EN LOS SERVICIOS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES.-- Nada de lo establecido en este párrafo se interpretará en el sentido de que autoriza inversiones en la red nacional de telecomunicaciones de Cuba por persona alguna de los Estados Unidos. A los efectos de este párrafo, el término 'inversión' en la red nacional de telecomunicaciones de Cuba incluye las contribuciones (incluso por donación) de fondos o de cualquier cosa de valor a esa red o para ella, así como la concesión de préstamos a esa red o para ella.6) PRESENTACION DE INFORMES AL CONGRESO.-- El Presidente presentará al Congreso semestralmente un informe en el que se detallen los pagos efectuados a Cuba por personas de los Estados Unidos como resultado de la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se autorizan en este inciso."h) CODIFICACION DEL EMBARGO ECONOMICO. El embargo económico de Cuba, tal como se encuentra en vigor al 1º de marzo de 1996, incluidas todas las restricciones que se establecen en la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales, estará en vigor en la fecha de promulgación de la presente Ley y se mantendrá vigente con sujeción a la sección 204 de esta Ley.
SEC. 103. PROHIBICION DE LA FINANCIACION INDIRECTA DE CUBA
a) PROHIBICION.-- No obstante cualquier otra disposición jurídica, ningún nacional de los Estados Unidos, extranjero con residencia permanente en los Estados Unidos ni organismo de los Estados Unidos podrá conceder a sabiendas ningún préstamo, crédito u otra forma de financiación a persona alguna con el propósito de financiar transacciones relativas a una propiedad confiscada que algún nacional de los Estados Unidos haya reclamado oficialmente en la fecha de promulgación de esta Ley, salvo que se trate de una suma aportada por el nacional de los Estados Unidos que posee dicha reclamación para financiar una transacción permitida con arreglo a la Ley de los Estados Unidos.b) SUSPENSION Y TERMINACION DE LA PROHIBICION.--1) SUSPENSION.-- Se autoriza al Presidente a suspender la prohibición que figura en el inciso a) tras decidir, con arreglo al párrafo 1) del inciso c) de la sección 203, que hay un gobierno de transición en el poder en Cuba.2) TERMINACION.-- La prohibición que figura en el inciso a) dejará de aplicarse en la fecha en que se levante el embargo económico contra Cuba conforme a lo establecido en la sección 204.c) SANCIONES.-- Las violaciones del inciso a) serán penadas con las sanciones civiles que se aplican a las violaciones de los Reglamentos de Control de Activos Cubanos que se establece en la parte 515 del capítulo 31 del Código de Reglementos Federales.d) DEFINICIONES.-- En la presente sección:1) el término "extranjero con residencia permanente" se refiere a un extranjero admitido legalmente para residir de forma permanente en los Estados Unidos; y2) el término "organismo de los Estados Unidos" tiene el significado que se confiere al término "organismo" en el párrafo 1) de la sección 551 del título 5 del Código de los Estados Unidos.
Sec. 104. OPOSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS AL INGRESO DE CUBA EN LAS ORGANIZACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
a) OPOSICION CONTINUA AL INGRESO DE CUBA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.--1) GENERAL.-- Con excepción de lo previsto en el párrafo 2), el Secretario del Tesoro dará instrucciones a los directores ejecutivos estadounidenses de instituciones financieras internacionales para que, con la voz y el voto de los Estados Unidos, se opongan a la admisión de Cuba como miembro de la institución hasta tanto el Presidente, con arreglo al párrafo 3) del inciso c) de la sección 203, dé a conocer su determinación de que se encuentra en el poder un Gobierno cubano electo democráticamente.2) GOBIERNO DE TRANSICION.- Una vez que el Presidente comunique su determinación, con arreglo al apartado 1) del inciso c) de la sección 203, de que hay un gobierno de transición en el poder en Cuba:A) Se exhorta al Presidente a que adopte medidas para apoyar la tramitación de la solicitud de ingreso de Cuba en cualquier institución financiera internacional, siempre y cuando dicho ingreso entre en vigor después que se haya instaurado en el poder en Cuba un gobierno electo democráticamente; yB) se autoriza al Secretario del Tesoro a dar instrucciones a los directores ejecutivos estadounidenses de las instituciones financieras internacionales para que apoyen el otorgamiento de préstamos y cualquier otra asistencia a Cuba, sólo en la medida en que dichos préstamos o asistencia contribuyan a sentar bases sólidas para un gobierno electo democráticamente en la Isla.b) REDUCCION DE LOS PAGOS DE LOS ESTADOS UNIDOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.-- Si alguna institución financiera internacional aprueba un préstamo u otro tipo de asistencia al Gobierno cubano a pesar de la oposición de los Estados Unidos, el Secretario del Tesoro retendrá de los pagos a esa institución una suma igual al monto de dicho préstamo u otra asistencia, con respecto a cada uno de los tipos de pago siguientes:1) La parte pagada del incremento del capital social de dicha institución;2) la parte exigible del incremento del capital social de dicha institución.c) DEFINICION.-- A los efectos de esta sección, la frase "institución financiera internacional" significa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo de Garantía de las Inversiones Multilaterales y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sec. 105. OPOSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS A QUE SE DE POR TERMINADA LA EXCLUSION DE CUBA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
El Presidente debe dar instrucciones al Representante Permanente de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos para que se manifieste y vote en contra de toda terminación de la exclusión del Gobierno de Cuba de esa Organización hasta tanto el Presidente determine, con arreglo al párrafo 3) del inciso c) de la sección 203, que se encuentra en el poder un gobierno cubano electo democráticamente.
Sec. 106. AYUDA DE LOS ESTADOS INDEPENDIENTES DE LA EX UNION SOVIETICA AL GOBIERNO DE CUBA
a) REQUISITO DE NOTIFICACION.-- En un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la promulgación de esta Ley, el Presidente presentará a los comités del Congreso pertinentes un informe en que se detallen la situación de la retirada de personal de cualquier Estado independiente de la ex Unión Soviética (con el significado que se le atribuye en la sección 3 de la Ley de Apoyo a la LIBERTAD (22 U.S.C. 5801)), incluidos asesores, técnicos y personal militar, de la central nuclear de Cienfuegos en Cuba.b) CRITERIOS PARA LA ASISTENCIA.-- Enmiéndese el párrafo 11) del inciso a) de la sección 498A de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2295a a) 11)) suprimiendo la frase "de instalaciones militares" e insertando "instalaciones militares y de inteligencia, incluidas las instalaciones militares y de inteligencia de Lourdes y Cienfuegos".c) INHABILITACION PARA RECIBIR ASISTENCIA.--1) GENERAL.-- Introdúzcanse las siguientes enmiendas en el inciso b) de la sección 498A de la mencionada Ley (22 U.S.C. 2295a(b)):A) suprímase "o" al final del párrafo 4);B) cámbiese la numeración del párrafo 5) para que pase a ser el 6); yC) insértese después del párrafo 4) el siguiente párrafo nuevo:"5) entrará en vigor para el gobierno de cualquier Estado independiente 30 días después de la fecha en que el Presidente determine y certifique ante los comités del Congreso pertinentes (y el Congreso no promulgue legislación alguna en que se derogue esa determinación dentro de dicho plazo de 30 días) que el gobierno de que se trata presta asistencia al Gobierno cubano o realiza actividades comerciales con él no basadas en el mercado (según se definen en el párrafo 3) del inciso k) de la sección 498B); o".2) DEFINICION.-- Enmiéndese el inciso h) de la sección 498B de esa Ley (22 U.S.C. 2295b(k)) añadiendo al final el párrafo nuevo siguiente:"3) ACTIVIDADES COMERCIALES NO BASADAS EN EL MERCADO.-- En el sentido en que se utiliza en el párrafo 5) del inciso b) de la sección 498A, la frase "actividades comerciales no basadas en el mercado" incluye todo tipo de exportaciones, importaciones, intercambios u otras disposiciones estipuladas con respecto a bienes y servicios (incluidos el petróleo y otros productos del petróleo) en condiciones más favorables que las existentes en general en los mercados pertinentes o para productos básicos comparables, incluso:A) las exportaciones al Gobierno de Cuba en condiciones que entrañen donación, precio concesionario, garantía, seguro o subsidio;B) las importaciones provenientes del Gobierno cubano con derechos arancelarios preferenciales;C) las disposiciones de intercambio que incluyan la entrega por adelantado de productos, las disposiciones en las cuales no se considere al Gobierno cubano responsable por el incumplimiento de contratos de intercambio, y disposiciones según las cuales Cuba no pague costos apropiados por concepto de transporte, seguro o financiación; yD) el canje, la reducción o la condonación de la deuda del Gobierno cubano a cambio de la concesión por dicho Gobierno de una participación de capital en una propiedad, inversión u operación de ese Gobierno o de un nacional de Cuba.4) GOBIERNO CUBANO.-- A) El término "Gobierno Cubano" incluye al gobierno de cualquier subdivisión política de Cuba, y a todo organismo o instrumento del Gobierno de Cuba."B) A los efectos del subpárrafo A), se entiende por 'organismo o instrumento del Gobierno cubano' el organismo o instrumento de un Estado extranjero que se define en el inciso b) de la sección 1603 del título 28 del Código de los Estados Unidos y, por consiguiente, toda referencia a 'un Estado extranjero' se considerará una referencia a 'Cuba'."3) EXCEPCION.--Enmiéndese el inciso c) de la Sección 498A de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2295A(c)) insertando después del párrafo 3) el siguiente párrafo nuevo:"4) Se presta la asistencia con arreglo al programa de intercambio de escuelas secundarias dirigido por la Agencia de Información de los Estados Unidos." d) INSTALACIONES EN LOURDES, CUBA.--1) DESACUERDO CON LA CONCESION DE CREDITOS.-- El Congreso expresa su enérgico desacuerdo con la concesión por parte de Rusia de créditos ascendentes a 200 millones de dólares en apoyo a la instalación de inteligencia de Lourdes, Cuba, en noviembre de 1994.2) REDUCCION DE LA ASISTENCIA.-- Enmiéndase la sección 498A de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2295a) añadiendo al final el inciso nuevo siguiente:
"d) REDUCCION DE LA ASISTENCIA EN CASOS DE PRESTACION DE APOYO A LAS INSTALACIONES DE INTELIGENCIA EN CUBA.--
1) REDUCCION DE LA ASISTENCIA.-- No obstante cualquier otra disposición jurídica, en virtud de la presente Ley el Presidente retendrá de la asistencia prestada en la fecha de promulgación de este inciso, o en lo sucesivo, a cualquier Estado independiente de la ex Unión Soviética, una suma equivalente a la de la asistencia y los créditos, si los hubiere, que haya proporcionado ese Estado en apoyo a las instalaciones de inteligencia de Cuba, incluida la instalación de inteligencia de Lourdes, Cuba.
2) EXENCION.-- A) El Presidente podrá pasar por alto el requisito de retención de la asistencia que se establece en el párrafo 1) si certifica ante los comités del Congreso pertinentes que dicha prestación es importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y, en el caso de que la certificación se expida con respecto a Rusia, si el Presidente certifica que el Gobierno ruso ha asegurado al Gobierno de los Estados Unidos que no comparte con funcionarios ni agentes del Gobierno cubano los datos de inteligencia obtenidos en la instalación de Lourdes.B) Cuando se expida una certificación con respecto a Rusia en virtud del subpárrafo A), el Presidente también presentará a los comités del Congreso pertinentes un informe en que se describan las actividades de inteligencia de Rusia en Cuba, incluidos los fines con que el Gobierno ruso utiliza la instalación de Lourdes y la medida en que dicho Gobierno realiza pagos u otorga créditos gubernamentales al gobierno de Cuba para el uso continuo de la instalación de Lourdes.C) El informe previsto en el subpárrafo B) puede presentarse en forma clasificada.D) A los efectos de este párrafo, el término "comités del Congreso pertinentes" incluye el Comité Especial Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Comité Especial de Inteligencia del Senado.
3) EXCEPCIONES DE LA REDUCCION DE LA ASISTENCIA.-- Los requisitos de retención de la asistencia establecidos en el párrafo 1) no se aplicarán respecto de:A) la asistencia destinada a satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluido el socorro en casos de desastre y el socorro de refugiados;B) la reforma política democrática o actividades para hacer valer el imperio de la Ley;C) la asistencia técnica para mejorar los aspectos de seguridad de centrales nucleares civiles;D) la creación de organizaciones del sector privado o no gubernamentales independientes del control gubernamental;E) el fomento de un sistema económico de mercado libre;F) la asistencia con arreglo al programa de intercambio de escuelas secundarias dirigido por la Agencia de Información de los Estados Unidos; oG) la asistencia destinada a los fines que se describen en la Ley de Cooperación para la Reducción de Amenazas de 1993 (título XII de la Ley Pública 103-160)."
Sec. 107. TRASMISIONES TELEVISIVAS HACIA CUBA
a) CONVERSION A UHF.-- El Director de la Agencia de Información de los Estados Unidos efectuará la conversión a frecuencia ultra alta (UHF) de las trasmisiones televisivas hacia Cuba del Servicio de Televisión Martí.b) INFORMES PERIODICOS.-- El Director de la Agencia de Información de los Estados Unidos presentará un informe a los comités congresionales pertinentes sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento del inciso a) en un plazo no mayor de 45 días contados a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, y después cada tres meses hasta que se termine la conversión descrita en el inciso a).c) TERMINACION DE LAS FACULTADES DE RADIODIFUSION.-- La Ley sobre Transmisiones Televisivas hacia Cuba (22 U.S.C. 1465aa y siguientes) y la Ley de Transmisiones Radiales hacia Cuba (22 U.S.C. 2465 y siguientes) quedaran derogadas cuando se comunique la determinación prevista en el párrafo 3) del inciso c) de la sección 203.
Sec. 108. INFORMES SOBRE EL COMERCIO DE OTROS PAISES CON CUBA Y LA PRESTACION DE ASISTENCIA POR ESTOS A LA ISLA
a) INFORMES.-- En un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, y después el 1º de enero de cada año hasta que se comunique la determinación prevista en el párrafo 1) del inciso c) de la sección 203, el Presidente presentará a los comités del Congreso pertinentes un informe sobre el comercio de otros países con Cuba y la prestación de asistencia por éstos a la Isla en el período de doce meses precedente.b) CONTENIDO DE LOS INFORMES.-- Cada uno de los informes previstos en el inciso a) contendrá, para el período que abarque, la siguiente información en la medida en que se disponga de ella:1) Una descripción de toda la ayuda bilateral prestada a Cuba por otros países, incluida la ayuda humanitaria.2) Una descripción del comercio de Cuba con otros países, incluida la identificación de los socios comerciales de Cuba y la magnitud de ese comercio.3) Una descripción de todas las empresas mixtas, establecidas o en estudio, de nacionales y firmas comerciales de otros países que guarden relación con instalaciones cubanas, incluida una identificación de la ubicación de dichas instalaciones y una descripción de las condiciones del acuerdo de constitución de esas empresas mixtas y los nombres de las partes que la integran.4) Indicación de si alguna de las instalaciones descritas en el párrafo 3) es o no objeto de reclamación contra Cuba por un nacional de los Estados Unidos.5) Determinación del monto de la deuda contraída por el Gobierno cubano con cada país extranjero, incluidos:A) la porción de la deuda canjeada, condonada o reducida con arreglo a las condiciones de cada inversión u operación efectuada en Cuba con participación de nacionales extranjeros; yB) la porción de la deuda contraída con el país extranjero que se ha canjeado, condonado o reducido a cambio de la concesión por el Gobierno cubano de una participación de capital en una propiedad, inversión u operación del Gobierno cubano o de un nacional cubano.6) Una descripción de las medidas tomadas para garantizar que las materias primas y los productos semielaborados o elaborados en instalaciones cubanas en que participen nacionales de otros países no entren al mercado de los Estados Unidos directamente ni por conducto de terceros países ni terceras partes.7) Una identificación de los países que compren o hayan comprado armas o suministros militares de Cuba o que de otra forma hayan concertado acuerdos de aplicación militar con Cuba, incluidos:A) una descripción de los suministros, equipo u otro material militar vendidos, canjeados o intercambiados entre Cuba y esos países;B) una relación de los productos, servicios, créditos u otros valores que Cuba hubiere recibido a cambio de suministros, equipo o material militar; yC) las condiciones de cualquier acuerdo de esa índole.
Sec. 109. AUTORIZACION DEL APOYO A LOS GRUPOS DEMOCRATICOS Y DE DERECHOS HUMANOS Y A LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES
a) AUTORIZACION.-- No obstante cualquier otra disposición jurídica (incluida la sección 102 de la presente Ley), salvo la sección 634A de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2394-1) y de los requisitos de notificación similares que figuren en cualquier ley en que se consignen créditos para operaciones extranjeras, financiación de exportaciones y programas conexos, se autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba, incluidos los siguientes:1) Materiales publicados y de carácter informativo, como libros, vídeos y cassettes, sobre transiciones a la democracia, derechos humanos y economías de mercado, para que se hagan llegar a los grupos democráticos independientes de Cuba.2) Asistencia humanitaria a las víctimas de la represión política y sus familiares.3) Apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos de Cuba.4) Apoyo a las visitas y al establecimiento permanente de observadores internacionales independientes de los derechos humanos en Cuba.
b) FONDO DE EMERGENCIA DE LA OEA.--1) EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA CELEBRACION DE ELECCIONES.-- El Presidente adoptará las medidas necesarias para exhortar a la Organización de Estados Americanos a crear un fondo especial de emergencia destinado expresamente a emplazar observadores de los derechos humanos y apoyar y observar la celebración de elecciones en Cuba.2) ACTUACION DE OTROS ESTADOS MIEMBROS.-- El Presidente dará instrucciones al Representante Permanente de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos para que exhorte a los demás Estados miembros a que se unan en un llamamiento al Gobierno cubano a fin de que permita el establecimiento inmediato de observadores independientes de los derechos humanos de la Organización en toda Cuba, así como la realización de visitas sobre el terreno en Cuba por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.3) CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS AL FONDO.-- No obstante lo estipulado en la sección 307 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2227) y de cualquier otra disposición jurídica que limite la participación proporcional de los Estados Unidos en la asistencia que preste a Cuba cualquier organización internacional, el Presidente proporcionará no menos de 5 millones de dólares como contribución voluntaria de los Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos destinada exclusivamente a los objetivos del fondo especial que se menciona en el párrafo 1).
c) DENEGACION DE FONDOS AL GOBIERNO CUBANO.-- En cumplimiento de esta sección, el Presidente tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no se proporcionen fondos ni ninguna otra asistencia al Gobierno cubano.
Sec. 110. SALVAGUARDIA CONTRA LA IMPORTACION DE DETERMINADOS PRODUCTOS CUBANOS
a) PROHIBICION DE LA IMPORTACION Y EL COMERCIO DE PRODUCTOS CUBANOS.-- El Congreso toma nota de que en la sección 515.204 del título 31 del Código de Reglamentos Federales se prohíbe la entrada de mercancías a los Estados Unidos y su comercio fuera de los Estados Unidos, si esas mercancías:1) son de origen cubano;2) están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde ese país o por su conducto; o3) se confeccionan o derivan en su totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, elabore o fabrique en Cuba.b) VIGENCIA DEL TLC.-- El Congreso toma nota de que el ingreso de los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no modifica ni altera las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Cuba. En la declaración de medidas administrativas que acompaña a ese acuerdo comercial se especifica lo siguiente:1) "El acuerdo de constitución del TLC no menoscabará en modo alguno el programa de sanciones contra Cuba... Ninguna de las disposiciones del TLC dejará sin efecto esta prohibición."2) "El párrafo 3) del artículo 309 (del TLC) permite que los Estados Unidos se aseguren de que ningún producto ni artículo producido con materiales cubanos se importe a los Estados Unidos desde México o el Canadá y que ningún producto estadounidense se exporte a Cuba a través de esos países."c) LIMITACION DE LAS IMPORTACIONES DE AZUCAR.-- El Congreso toma nota de que en el inciso c) de la sección 902 de la Ley sobre Seguridad Alimentaria de 1985 (Ley Pública 99-198) se establece que el Presidente no asignará ninguna cuota de importación de azúcar a un país que sea exportador neto de ese producto a menos que las autoridades competentes de dicho país confirmen al Presidente que ese país no importa azúcar producido en Cuba para reexportarlo a los Estados Unidos.d) GARANTIAS RESPECTO DE LOS PRODUCTOS AZUCAREROS CUBANOS.-- La protección de los intereses de seguridad esenciales de los Estados Unidos exige garantías de que los productos azucareros destinados al consumo que entren en almacenes o se retiren de ellos dentro del territorio aduanero de los Estados Unidos no sean de origen cubano.
Sec. 111. RETENCION DE LA ASISTENCIA A LOS PAISES QUE APOYEN LA CENTRAL NUCLEAR DE JURAGUA EN CUBA
a) CONCLUSIONES.-- El Congreso llega a las conclusiones siguientes:1) En abril de 1993 el Presidente Clinton declaró que los Estados Unidos se oponían a la construcción de la central nuclear de Juraguá por la preocupación de los Estados Unidos respecto de la capacidad de Cuba para garantizar la explotación en condiciones de seguridad de esa instalación y por la negativa de Cuba a firmar el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y ratificar el Tratado de Tlatelolco.2) Cuba no ha firmado el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares ni ha ratificado el Tratado de Tlatelolco, por el que se establece una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe.3) El Departamento de Estado, la Comisión de Reglamentación Nuclear y el Departamento de Energía han expresado su preocupación por la construcción y explotación de reactores nucleares en Cuba.4) En un informe de septiembre de 1992 al Congreso, la Oficina de Contabilidad General esbozó las preocupaciones de los especialistas en energía nuclear por las deficiencias del proyecto de la central nuclear de Juraguá, situada cerca de Cienfuegos, en Cuba, incluidos:A) la falta de una estructura de reglamentación de la esfera nuclear en Cuba;B) el hecho de que Cuba carece de infraestructura adecuada para garantizar el funcionamiento de la central en condiciones de seguridad y el mantenimiento necesario;C) la capacitación inadecuada de los explotadores de la central;D) informes de un ex técnico cubano que, tras examinar mediante radiografías las soldaduras que se consideran parte del sistema de plomería auxiliar de la central, halló que del 10 al 15 por ciento de éstas presentaban defectos;E) la prolongada exposición de los componentes primarios del reactor a los efectos de la intemperie, incluidos los vapores corrosivos del agua salobre, desde el 5 de septiembre de 1992, fecha en que se detuvo la construcción de la central; yF) la posible insuficiencia de la capacidad de retención de la parte superior de la cúpula del reactor, para soportar siquiera 7 libras por pulgada cuadrada, habida cuenta de que la presión atmosférica normal es de 32 libras por pulgada cuadrada y que los reactores de los Estados Unidos están diseñados para soportar presiones de hasta 50 libras por pulgada cuadrada.5) El Servicio de Estudios Geológicos de los Estados Unidos sostiene que le resultó difícil obtener respuestas a preguntas específicas respecto de la actividad sísmica de las zonas aledañas a Cienfuegos porque el Gobierno cubano no le proporcionaba la información.6) El Servicio de Estudios Geológicos ha señalado que la placa del Caribe, una formación geológica próxima a la costa sur de Cuba, puede plantear riesgos de actividad sísmica a Cuba y al emplazamiento de la central nuclear, y puede generar temblores de tierra de moderados a grandes.7) El 25 de marzo de 1992, la placa del Caribe registró un temblor de tierra de 7,0 grados en la escala de Richter.8) De acuerdo con un estudio del Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera, los vientos estivales podrían arrastrar los contaminantes radiactivos liberados en un accidente de la central nuclear por toda la Florida y parte de los estados de la costa del Golfo de México hasta Texas, y los vientos del norte podrían llevarlos hasta lugares del nordeste tan distantes como Virginia y Washington D.C.9) En 1962 el Gobierno cubano, bajo el dictador Fidel Castro, abogó por el lanzamiento de misiles nucleares por los soviéticos contra los Estados Unidos, lo que representó una provocación directa y peligrosa contra los Estados Unidos y puso al mundo al borde de un conflicto nuclear.10) A lo largo de los años, Fidel Castro ha venido profiriendo sistemáticamente amenazas contra el Gobierno de los Estados Unidos, y en fecha muy reciente amenazó con desatar otra peligrosa emigración en masa desde su país cuando se promulgara esta Ley.11) A pesar de las múltiples preocupaciones en cuanto a la seguridad y los problemas operacionales de la central, está en marcha un estudio de factibilidad encaminado a la creación de un grupo de apoyo en el que participarían Rusia, Cuba y terceros países con miras a completar y poner en funcionamiento la central.b) RETENCION DE LA ASISTENCIA AL EXTERIOR.-- 1) GENERAL.-- No obstante cualquier otra disposición jurídica, el Presidente retendrá de la asistencia asignada a cualquier país, en la fecha de promulgación de esta Ley o después, una suma equivalente a la de la asistencia y los créditos, si los hubiere, que haya proporcionado ese país o alguna entidad de ese país, en la fecha de promulgación de esta Ley o después, para apoyar la terminación de la central nuclear cubana de Juraguá, cerca de Cienfuegos, Cuba.2) EXCEPCIONES.-- Los requisitos que se establecen en el párrafo 1) en cuanto a la retención de la asistencia no se aplicarán respecto de:A) la asistencia destinada a satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluido el socorro para casos de desastre y el socorro de refugiados;B) la reforma política democrática o actividades encaminadas a hacer valer el imperio de la Ley;C) la creación de organizaciones del sector privado o no gubernamentales independientes del control gubernamental;D) el fomento de un sistema económico de mercado libre;E) la asistencia prestada a los efectos que se describen en la Ley de Cooperación para la Reducción de Amenazas de 1993 (título XII de la Ley Pública 103-160).F) la asistencia prestada con arreglo al programa de intercambio de escuelas secundarias dirigido por la Agencia de Información de los Estados Unidos; 3) DEFINICION.-- En el sentido en que se utiliza en el párrafo 1), el término "asistencia" significa la asistencia prestada en virtud de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961; los créditos, las ventas, las garantías de otorgamiento de créditos y otros tipos de asistencia prestada con arreglo a la Ley para el Control de las Exportaciones de Armas; la asistencia prestada a tenor de los títulos I y III de la Ley para el Fomento del Comercio Agrícola de 1954; la asistencia prestada de conformidad con la Ley de Apoyo a la LIBERTAD; y cualquier otro programa de asistencia o crédito otorgado por los Estados Unidos a otros países en virtud de otras disposiciones jurídicas.
Sec. 112. RESTABLECIMIENTO DE LAS REMESAS A FAMILIARES Y LOS VIAJES A CUBA
Es el sentir del Congreso que el Presidente:1) A) Antes de considerar la reinstitución de licencias generales para las remesas de dinero a familiares a Cuba, insista en que, con anterioridad a dicha reinstitución, el Gobierno cubano permita el libre funcionamiento de pequeñas empresas con pleno derecho de contratar y pagar salarios a otras personas, así como de comprar los materiales que puedan necesitar para su funcionamiento y que estén, además, investidas de las facultades y libertades que sean necesarias para promover el funcionamiento de la pequeña empresa en toda Cuba; yB) si las licencias mencionadas en el inciso A) se reinstituyen, exija la obtención de una licencia específica para las remesas descritas en el subpárrafo A) cuya cuantía exceda de 500 dólares; y2) antes de considerar la reinstitución de licencias generales para los viajes a Cuba de personas residentes en los Estados Unidos que sean familiares de nacionales cubanos residentes en Cuba, insista en que el Gobierno cubano adopte medidas como la abrogación de las sanciones impuestas a refugiados por salidas de Cuba, la liberación de presos políticos, el reconocimiento del derecho de asociación y otras libertades fundamentales
Sec. 113. EXPULSION DE DELINCUENTES DE CUBA
El presidente dará instrucciones a todos los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos que participan en contactos oficiales con el Gobierno cubano para que planteen sistemáticamente la cuestión de la extradición o entrega a los Estados Unidos de todas las personas residentes en Cuba que sean buscadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos cometidos en los Estados Unidos.
Sec. 114. OFICINAS DE PRENSA EN CUBA
a) ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE PRENSA.-- Se autoriza al Presidente a establecer y poner en marcha un intercambio de oficinas de prensa entre los Estados Unidos y Cuba, si dicho intercambio cumple las siguientes condiciones:1) Que sea un intercambio totalmente recíproco.2) Que el Gobierno cubano convenga no interferir el establecimiento de oficinas de prensa ni la circulación en Cuba de periodistas de organizaciones de prensa radicadas en los Estados Unidos, incluidas la Radio y la Televisión Martí.3) Que el Gobierno cubano convenga no injerirse en las decisiones de organizaciones de prensa radicadas en los Estados Unidos con respecto a las personas que designe para trabajar como periodistas en sus secciones de prensa en Cuba.4) Que el Departamento del Tesoro pueda asegurar que sólo viajen a Cuba con arreglo a este inciso periodistas acreditados y empleados de forma regular por una organización de prensa.5) Que el Gobierno cubano convenga no interferir la trasmisión de señales de telecomunicaciones de las oficinas de prensa ni la distribución dentro de Cuba de las publicaciones de cualquier organización de prensa radicada en los Estados Unidos que tenga una sección en Cuba.b) GARANTIAS CONTRA EL ESPIONAJE.-- En cumplimiento de esta sección, el Presidente tomará las medidas que sean necesarias para velar por la protección y la seguridad de los Estados Unidos contra el espionaje de periodistas que a su juicio trabajen para los órganos de inteligencia del Gobierno cubano.c) TOTALMENTE RECIPROCO.-- La frase "totalmente recíproco" que se utiliza en el párrafo 1) del inciso a) significa que todas las agencias y organizaciones de prensa y todos los servicios de radiodifusión, incluidos los servicios o las organizaciones que reciben financiación, asistencia u otro apoyo de una fuente gubernamental u otra fuente oficial, pueden establecer y poner en funcionamiento una oficina de prensa en los Estados Unidos y en Cuba.
Sec. 115. REPERCUSION DE ESTA LEY SOBRE LAS ACTIVIDADES LICITAS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Nada de lo dispuesto en la presente Ley prohíbe ninguna de las actividades de investigación, protección o inteligencia jurídicamente autorizadas de un organismo encargado de hacer cumplir la Ley o de un organismo de inteligencia de los Estados Unidos.
Sec. 116. CONDENA A LA AGRESION DE CUBA CONTRA AERONAVES ESTADOUNIDENSES
a) CONCLUSIONES.-- El Congreso llega a las conclusiones siguientes:1) Hermanos al Rescate es una organización humanitaria radicada en Miami que participa en la búsqueda y ayuda de refugiados cubanos en el Estrecho de la Florida y que cumplía una de esas misiones el sábado 24 de febrero de 1996.2) Los miembros de Hermanos al Rescate piloteaban aviones desarmados e indefensos en una misión idéntica a cientos de otras realizadas por ellos desde 1991, y no planteaban peligro alguno para el Gobierno cubano, las fuerzas armadas de Cuba ni el pueblo cubano.3) Las declaraciones del Gobierno cubano de que Hermanos al Rescate ha realizado acciones encubiertas, lanzamiento de propaganda y operaciones comando contra el Gobierno de Cuba no tienen fundamento real.4) Las aeronaves de Hermanos al Rescate notificaron a los controladores de tránsito aéreo sus planes de vuelo, que los llevarían al sur del paralelo 24 y cerca del espacio aéreo cubano.5) El derecho internacional establece que el espacio aéreo de una nación se extiende por sobre 12 millas del mar territorial.6) La respuesta de la dictadura de Fidel Castro al vuelo de la tarde del sábado fue ordenar el despegue inmediato de dos aviones de caza a reacción desde un aeródromo de La Habana. 7) Aproximadamente a las 3:24 p.m., el piloto de uno de los MIG cubanos recibió autorización y procedió a derribar una de las aeronaves de Hermanos al Rescate a más de seis millas al norte de la zona de exclusión de Cuba, o sea, a 18 millas de las costas cubanas.8) Aproximadamente siete minutos después, el piloto del caza cubano recibió autorización y procedió a derribar la segunda aeronave de Hermanos al Rescate a casi 18,5 millas al norte de la zona de exclusión de Cuba, o sea, a 30,5 millas de las costas cubanas.9) De haberse sentido realmente amenazada por el vuelo de esas aeronaves desarmadas, la dictadura cubana pudo y debió haber utilizado otras vías pacíficas conforme al derecho internacional.10) La respuesta escogida por Fidel Castro, el uso de la fuerza letal, fue completamente inadecuada en la situación que enfrentaba el Gobierno cubano, por lo cual esos actos constituyen una violación patente y bárbara del derecho internacional equivalente al asesinato a sangre fría.11) No hubo sobrevivientes del ataque a esas aeronaves, y la tripulación de un tercer avión logró escapar de la criminal agresión de la Fuerza Aérea de Castro.12) Los tripulantes de los aviones derribados, Pablo Morales, Carlos Costa, Mario de la Pena y Armando Alejandre, eran ciudadanos estadounidenses de Miami que volaban voluntariamente con Hermanos al Rescate.13) Es obligación del Gobierno de los Estados Unidos proteger las vidas y el sustento de los ciudadanos de los Estados Unidos, así como los derechos de libre tránsito y realización de misiones humanitarias.14) Este acto premeditado tuvo lugar después de una ola de represiones de una semana de duración contra el Concilio Cubano, organización coordinadora de activistas de derechos humanos, disidentes, economistas y periodistas independientes, entre otros.15) La ola de represión contra Concilio Cubano, cuyos miembros están comprometidos con el cambio pacífico hacia la democracia en Cuba, incluyó detenciones, registros corporales, arrestos domiciliarios y, en algunos casos, condenas de más de un año de privación de libertad.b) DECLARACION DEL CONGRESO.- (1) El Congreso condena enérgicamente el acto de terrorismo perpetrado por el régimen de Castro al derribar las aeronaves de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.2) El Congreso hace llegar su pésame a los familiares de Pablo Morales, Carlos Costa, Mario de la Pena y Armando Alejandre, víctimas de la agresión.3) El Congreso insta al Presidente a que acuse a Fidel Castro ante la Corte Internacional de Justicia por la comisión de este acto de terrorismo.
TITULO II-- AYUDA A UNA CUBA LIBRE E INDEPENDIENTE
Sec. 201. POLITICA HACIA UN GOBIERNO DE TRANSICION Y UN GOBIERNO ELECTO DEMOCRATICAMENTE EN CUBA
La política de los Estados Unidos es la siguiente:1) Apoyar la libre determinación del pueblo de Cuba.2) Reconocer que la libre determinación del pueblo cubano es un derecho soberano y nacional de los ciudadanos de Cuba que debe ejercerse sin injerencias del gobierno de cualquier otro país.3) Exhortar al pueblo cubano a que se proporcione un gobierno que refleje su libre determinación.4) Reconocer la posibilidad de que la transición del régimen cubano actual resulte un proceso difícil en virtud de las iniciativas que adopte el pueblo cubano para ejercer su libre determinación frente a la intransigencia del régimen de Castro de no permitir ninguna reforma política ni económica sustancial, y estar prestos a proporcionar al pueblo cubano asistencia humanitaria, asistencia para el desarrollo y otros tipos de asistencia económica.5) En solidaridad con el pueblo cubano, proporcionar formas adecuadas de asistenciaA) a un gobierno de transición en Cuba;B) para facilitar el rápido paso de ese gobierno de transición a un gobierno electo democráticamente en Cuba como resultado de la expresión de la libre determinación del pueblo cubano; yC) para apoyar a ese gobierno electo democráticamente.6) Mediante dicha asistencia, facilitar la transición pacífica a la democracia representativa y a una economía de mercado en Cuba y consolidar la democracia en la Isla.7) Entregar esa ayuda al pueblo cubano sólo por conducto de un gobierno de transición en Cuba, de un gobierno electo democráticamente en ese país, de organizaciones del Gobierno de los Estados Unidos o por mediación de organizaciones de los Estados Unidos, internacionales o autóctonas no gubernamentales.8) Exhortar a otros países y organizaciones multilaterales a que presten una asistencia similar, y trabajar en cooperación con esos países y organizaciones en la coordinación de la asistencia.9) Asegurar que, tan pronto se instituya un gobierno de transición en Cuba, se proporcione y distribuya una asistencia adecuada al pueblo de esa nación.10) No dispensar ningún tratamiento de preferencia a persona o entidad alguna ni influir a su favor en la selección que haga el pueblo cubano de su futuro gobierno.11) Ayudar a un gobierno de transición en Cuba y a un gobirno electo democráticamente en la Isla a preparar a las fuerzas armadas cubanas para que desempeñen un papel adecuado en una democracia.12) Estar listos para iniciar negociaciones con un gobierno electo democráticamente en Cuba a fin de devolver a ese país la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo o de renegociar el acuerdo actual en condiciones mutuamente aceptables.13) Considerar el restablecimiento del reconocimiento diplomático y apoyar el reingreso del Gobierno de Cuba en las organizaciones interamericanas cuando el Presidente determine que exista un gobierno democráticamente electo en ese país.14) Tomar medidas para levantar el embargo económico de Cuba cuando el Presidente determine que se ha iniciado una transición hacia un gobierno democráticamente electo en la Isla.15) Ayudar a un gobierno democráticamente electo en Cuba a fortalecer y estabilizar su moneda nacional.16) Establecer relaciones comerciales con una Cuba libre, democrática e independiente.
Sec. 202. ASISTENCIA AL PUEBLO CUBANO
a) AUTORIZACION.--1) GENERAL.-- El Presidente elaborará un plan para prestar asistencia económica a Cuba en el momento en que determine que se encuentra en el poder un gobierno cubano de transición o un gobierno cubano electo democráticamente (de conformidad con el inciso c) de la sección 203).2) EFECTO SOBRE OTRAS LEYES.-- La ayuda que se podrá prestar en virtud de esta sección estará sujeta a una autorización de las consignaciones y a su disponibilidad.b) PLAN DE ASISTENCIA.-- 1) ELABORACION DEL PLAN.-- Con arreglo a esta sección, el Presidente elaborará un plan para la prestación de asistenciaA) a Cuba cuando se encuentre en el poder un gobierno de transición; yB) a Cuba cuando se encuentre en el poder un gobierno electo democráticamente.2) TIPOS DE ASISTENCIA.-- La asistencia que se preste con arreglo al plan elaborado conforme al párrafo 1) estará sujeta a una autorización de las consignaciones y a su disponibilidad y podrá incluir las siguientes modalidades:A) GOBIERNO DE TRANSICION.-- i) Salvo por lo que se estipula en el apartado ii), la asistencia a Cuba bajo un gobierno de transición estará sujeta a una autorización de las consignaciones y su disponibilidad y se limitará a:I) los alimentos, las medicinas, los suministros, el equipo médico y la asistencia que permita atender necesidades energéticas urgentes, en la medida necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas del pueblo cubano; yII) la asistencia que se describe en el subpárrafo C).ii) Además de la asistencia prevista en el apartado i), se podrá prestar otra asistencia, pero sólo después que el Presidente certifique ante los comités del Congreso pertinentes, de conformidad con los procedimientos aplicables de reprogramación de las notificaciones que se estipulan en la sección 634A de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961, que dicha asistencia es esencial para el feliz término de la transición a la democracia.iii) Sólo después que un gobierno de transición esté en el poder en Cuba se permitirán sin restricciones los viajes de particulares para visitar a sus familiares.B) GOBIERNO ELECTO DEMOCRATICAMENTE.-- La asistencia a un gobierno electo democráticamente en Cuba estará sujeta a una autorización de las consignaciones y a su disponibilidad, y podrá consistir en asistencia económica además de la asistencia prevista en el subpárrafo A) y la que se describe en el subpárrafo C). Dicha asistencia económica podrá incluir:i) asistencia prestada con arreglo al capítulo 1 de la parte I (relativa a la asistencia para el desarrollo) y el capítulo 4 de la parte II (relativa al fondo de apoyo económico) de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961;ii) asistencia prestada de conformidad con la Ley para el Fomento y la Asistencia del Comercio Agrícola de 1954;iii) financiación, garantías y otras formas de asistencia prestadas por el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos,iv) apoyo financiero proporcionado por la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero para proyectos de inversión en Cuba;v) asistencia que preste el Organismo de Comercio y Desarrollo;vi) programas del Cuerpo de Paz; yvii) cualquier otra asistencia apropiada para la aplicación de la política que se enuncia en la sección 201.C) ASISTENCIA PARA EL AJUSTE MILITAR.-- La asistencia a un gobierno de transición en Cuba y a un gobierno electo democráticamente en Cuba también incluirá la asistencia en la preparación de las fuerzas militares cubanas para que se ajusten al cumplimiento de funciones propias de una democracia.c) ESTRATEGIA PARA LA DISTRIBUCION.-- El plan que se elabore en virtud del inciso c) incluirá una estrategia para la distribución de la asistencia.d) DISTRIBUCION.-- La asistencia correspondiente al plan que se elabore con arreglo al inciso b) se prestará por intermedio de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos, así como de organizaciones voluntarias y privadas radicadas dentro o fuera de los Estados Unidos, incluidas organizaciones humanitarias, de educación, laborales y del sector privado.e) ESFUERZOS INTERNACIONALES.-- El Presidente tomará las medidas que sean necesarias:1) con miras a obtener el consentimiento de otros países, de las instituciones financieras internacionales y de las organizaciones multilaterales para proporcionar a un gobierno de transición en Cuba y a un gobierno electo democráticamente en ese país una asistencia comparable a la que presten los Estados Unidos conforme a esta Ley; y2) para trabajar con dichos países, instituciones y organizaciones en la coordinación de todos esos programas de asistencia.f) COMUNICACION CON EL PUEBLO CUBANO.-- El Presidente tomará las medidas que sean necesarias para comunicar al pueblo cubano el plan de asistencia elaborado de conformidad con lo dispuesto en esta sección.g) NOTIFICACION AL CONGRESO.-- En un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la promulgación de esta Ley, el Presidente trasmitirá a los comités del Congreso pertinentes un informe en que se describan pormenorizadamente los planes elaborados con arreglo a esta sección.h) INFORME SOBRE RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSION.--1) INFORME AL CONGRESO.-- Después que el Presidente trasmita al Congreso la determinación prevista en el párrafo 3) del inciso c) de la sección 203 de que un gobierno electo democráticamente se encuentra en el poder en Cuba, presentará al Comité sobre Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, al Comite de Finanzas del Senado y a los comités del Congreso pertinentes un informe en que se describan:A) los actos, las políticas y las prácticas que obstaculicen o distorsionen de manera significativa el comercio de bienes y servicios de los Estados Unidos con Cuba o la inversión extranjera directa en la Isla;B) los objetivos de la política estadounidense de relaciones comerciales con un gobierno electo democráticamente en Cuba, y las razones de esa política, incluida la posible:i) concesión recíproca de un trato comercial no discriminatorio (trato de nación más favorecida);ii) designación de Cuba como país en desarrollo beneficiario en virtud del título V de la Ley Comercial de 1974 (relativa al Sistema Generalizado de Preferencias) o como país beneficiario en virtud de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, y los efectos de esa designación con respecto al comercio con cualquier otro país que sea un país en desarollo beneficiario, o un país beneficiario, o sea parte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yiii) negociaciones para el libre comercio, incluido el acceso de Cuba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte;C) los objetivos específicos de las negociaciones comerciales de los Estados Unidos con respecto a Cuba, incluidos los objetivos que se definen en la sección 108 b) 5) de la Ley de Ejecución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (19 U.S.C. 3317 b) 5)); yD) las medidas propuestas o previstas, así como cualquier legislación propuesta que resulte necesaria o adecuada para alcanzar cualquiera de esos objetivos de política o de negociación.2) CONSULTAS.-- El Presidente celebrará consultas con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el Comité de Finanzas del Senado y los comités congresionales pertinentes, y recabará el apoyo de los comités consultivos competentes, establecidos en virtud de la sección 135 de la Ley de Comercio de 1974, con respecto a los objetivos de política y negociación y las propuestas legislativas que se mencionan en el párrafo 1.
SEC. 203. COORDINACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA: EJECUCION E INFORMES AL CONGRESO; REPROGRAMACION
a) FUNCIONARIO DE COORDINACION.-- El Presidente designará un funcionario de coordinación que tendrá la responsabilidad de1) aplicar la estrategia de distribución de la asistencia que se menciona en el inciso b) de la sección 202;2) asegurar la distribución expedita y eficiente de dicha asistencia; y3) asegurar la coordinación entre los organismos de los Estados Unidos que proporcionen la asistencia mencionada en el inciso b) de la sección 202 así como una supervisión correcta por parte de ellos, incluida la solución de cualquier controversia entre dichos organismos.b)CONSEJO ESTADOS UNIDOS-CUBA.-- Cuando el Presidente determine, de conformidad con el párrafo 3) el inciso c) de la subsección c), que se encuentra en el poder un gobierno cubano electo democráticamente, quedará autorizado para designar, previa consulta con el funcionario de coordinación, un consejo Estados Unidos-Cuba encargado de 1) garantizar que se coordinen las actividades del Gobierno de los Estados Unidos y del sector privado encaminados a dar respuesta al cambio ocurrido en Cuba y a promover en la Isla un desarrollo basado en el mercado; y2) celebrar encuentros periódicos entre los representantes de los sectores privados de los Estados Unidos y Cuba a fin de facilitar el comercio bilateral.c) EJECUCION DEL PLAN; INFORMES AL CONGRESO1) EJECUCION CON RESPECTO AL GOBIERNO DE TRANSICION.-- Cuando el Presidente determine que se encuentra en el poder un gobierno cubano de transición, comunicará esa determinación a los comités pertinentes del Congreso y, con sujeción a que se autoricen asignaciones y a la disponibilidad de éstas, iniciará la entrega y distribución de la asistencia a ese gobierno de transición conforme al plan descrito en el inciso b) de la sección 202.2) INFORMES AL CONGRESO.-- A) El Presidente hará llegar a los comités pertinentes del Congreso un informe en que se describa la estrategia de prestación de la asistencia que se menciona en los subpárrafos A) y C) del párrafo 2 del inciso b) de la sección 202 al gobierno de transición en Cuba, con arreglo al plan de asistencia elaborado en virtud del inciso b) de la sección 202, las modalidades de dicha asistencia y el grado en que se haya distribuido de conformidad con el plan,B) El Presidente presentará el informe en un período no mayor de 90 días contados a partir de la fecha de la determinación que se menciona en el párrafo 1, pero deberá presentar una versión preliminar del informe a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la determinación.3) EJECUCION CON RESPECTO AL GOBIERNO ELECTO DEMOCRATICAMENTE.-- Cuando el Presidente determine que se encuentra en el poder un gobierno cubano electo democráticamente, comunicará esa determinación a los comités pertinentes del Congreso y, con sujeción a que se autoricen asignaciones y a la disponibilidad de éstas, iniciará la entrega y distribución de la asistencia a ese gobierno electo democráticamente conforme al plan descrito en el inciso b) de la sección 202.4) INFORMES ANUALES AL CONGRESO.-- Dentro de los 60 días siguientes al último de cada ejercicio fiscal el Presidente presentará a los comités pertinentes del Congreso un informe sobre la asistencia brindada conforme al plan que se describe en el inciso b) de la sección 202, incluida la descripción de cada modalidad de asistencia, las sumas dedicadas a esa asistencia y una descripción de la asistencia que se brindará conforme al plan durante el ejercicio fiscal en curso.d) REPROGRAMACION.-- No se podrá introducir cambio alguno en la asistencia prevista en el plan descrito en el inciso b) de la sección 202) a menos que el Presidente lo notifique a los comités pertinentes del Congreso con no menos de 15 días de antelación, de conformidad con los procedimientos aplicables a las notificaciones de reprogramación en virtud del subpárrafo A de la sección 634 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2394-1).
SEC. 204. LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO ECONOMICO DE CUBA
a) MEDIDAS PRESIDENCIALES.-- Cuando el Presidente determine, de conformidad con el párrafo 1) del inciso c) de la sección 203, que se encuentra en el poder un gobierno cubano de transición, y notifique esa determinación ante los comités pertinentes del Congreso, tras celebrar consultas con el Congreso, quedará autorizado a tomar medidas destinadas a suspender el embargo económico de Cuba así como el derecho de acción estipulado en la sección 302 con respecto a demandas posteriores presentadas contra el Gobierno cubano, en el grado en que dichas medidas contribuyan a sentar bases estables para un gobierno electo democráticamente en Cuba.b) SUSPENSION DE DETERMINADAS DISPOSICIONES JURIDICAS.-- En cumplimiento del inciso a), el Presidente puede suspender la aplicación de las siguientes disposiciones jurídicas: 1) el inciso a) de la sección 620 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2370(a));2) el inciso f) de la sección 620 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2370(f)) con respecto a la "República de Cuba";3) la sección 1704, el inciso d) de la sección 1705 y la sección 1706 de la Ley para la Democracia en Cuba de 1992 (22 U.C.S. 6003, 6004(d) y 6005);4) el inciso c) de la sección 902 de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985; y5) las prohibiciones relativas a transacciones que se describen en la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales.c) MEDIDAS PRESIDENCIALES ADICIONALES.-- Cuando el Presidente determine, de conformidad con el párrafo 3), del inciso c) de la sección 203, que se encuentra en el poder un gobierno cubano electo democráticamente y notifique esa determinación a los comités pertinentes del Congreso, tomará medidas para levantar el embargo económico de Cuba, incluidas las restricciones que figuran en la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales.d) MODIFICACIONES DE ARMONIZACION.-- En la fecha en que el Presidente presente una determinación conforme al párrafo 3) del inciso c) de la sección 2031) quedará revocado el inciso a) de la sección 620 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.C.S. 2370 (a)) 2) se enmendará el inciso f) de la sección 620 de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 (22 U.S.C. 2370 (f)) suprimiéndose las palabras "República de Cuba";3) quedarán revocadas la sección 1704, el inciso d) de la sección 1705 y la sección 1706 de la Ley para la Democracia en Cuba de 1992 (22 U.S.C. 6003, 6004(d) y 6005)); y4) quedará revocado el inciso c) de la sección 902 de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985.e) REVISION DE LA SUSPENSION DEL EMBARGO ECONOMICO.--1) REVISION.-- Si el Presidente procede a suspender el embargo económico de Cuba de conformidad con el inciso a), lo notificará inmediatamente al Congreso. A partir de ese momento, y hasta tanto presente una determinación de conformidad con el párrafo 3) del inciso c) de la sección 203 de que se encuentra en el poder un gobierno cubano electo democráticamente, el Presidente informará al Congreso a intervalos no menores de 6 meses sobre los avances logrados por Cuba hacia el establecimiento de ese gobierno electo democráticamente. Las medidas que adopte el Presidente en virtud del inciso a) dejarán de tener validez en el momento en que se promulgue la resolución conjunta mencionada en el párrafo 2.2) RESOLUCIONES CONJUNTAS.-- Para los fines de este inciso, el término "resolución conjunta" se refiere exclusivamente a una resolución conjunta de las dos cámaras del Congreso cuya parte dispositiva diga "Que el Congreso desaprueba la medida tomada por el Presidente con arreglo al inciso a) de la sección 204 de la Ley para la Libertad, la Democracia y la Solidaridad en Cuba (LIBERTAD) de 1996, de suspender el embargo económico de Cuba, la cual fue notificada al Congreso el XX, y tenga consignada en el espacio en blanco la fecha correspondiente.3) REMISION A LOS COMITES.-- Las resoluciones conjuntas presentadas en la Cámara de Representantes se remitirán al Comité de Relaciones Internacionales y las resoluciones conjuntas presentadas al Senado se remitirán al Comité de Relaciones Exteriores.4) PROCEDIMIENTOS.-- A) Toda resolución conjunta se examinará en el Senado de conformidad con las disposiciones del inciso b) de la sección 601 de la Ley de asistencia para la seguridad internacional y control de las exportaciones de armamentos de 1976.B) Con objeto de acelerar el análisis y la aprobación de las resoluciones conjuntas, la Cámara de Representantes asignará una alta prioridad a toda moción encaminada al examen de una resolución conjunta luego de su presentación por el comité pertinente. C) Sólo podrá examinarse una resolución conjunta en la Cámara de Representantes y en el Senado durante el período de 6 meses que comience en la fecha en que el Presidente notifique al Congreso conforme al párrafo 1) la medida adoptada con arreglo al inciso a), así como en cada período de 6 meses posterior.
SEC. 205. REQUISITOS Y FACTORES PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN GOBIERNO DE TRANSICION
a) REQUISITOS.-- A los fines de esta Ley, un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que.-1) haya legalizado todas las actividades políticas;2) haya puesto en libertad a todos los presos políticos y permitido la investigación de las cárceles cubanas por organizaciones internacionales de derechos humanos competentes;3) haya disuelto el actual Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior de Cuba, incluidos los Comités de Defensa de la Revolución y las Brigadas de Respuesta Rápida; y4) haya expresado públicamente su compromiso de organizar elecciones libres y justas para un nuevo gobiernoA) que se celebren en una fecha oportuna y a más tardar dentro de los 18 meses siguientes al acceso al poder por el gobierno de transición;B) con la participación de múltiples partidos políticos independientes que tengan un acceso pleno y equitativo a los medios de difusión, incluso (en el caso de la radio, la televisión u otros medios de telecomunicaciones) respecto de las cuotas de tiempo de transmisión para ese acceso y los horarios en que se asignen dichas cuotas; yC) que se celebren bajo la supervisión de observadores internacionalmente reconocidos como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y otros inspectores de elecciones;5) haya puesto fin a toda interferencia de las trasmisiones de Radio Martí y Televisión Martí;6) exprese públicamente, y demuestren en la práctica su decisión de avanzar en A) el establecimiento de un poder judicial independiente;B) el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos que se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es país signatario;C) la creación de condiciones para el establecimiento de sindicatos independientes según se definen en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y de asociaciones sociales, económicas y políticas independientes;7) no incluya a Fidel Castro ni a Raúl Castro; y8) haya dado garantías adecuadas de que permitirá la distribución expedita y eficiente de la asistencia al pueblo cubano.b) OTROS FACTORES.-- Además de los requisitos expresados en el inciso a), a la hora de determinar si un gobierno de transición está en el poder en Cuba, el Presidente tendrá en cuenta la medida en que ese gobierno1) demuestra fehacientemente que está en marcha el tránsito de una dictadura comunista totalitaria a la democracia representativa.2) haya hecho compromisos públicos, y esté registrando progresos palpables respecto deA) la garantía eficaz de los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa, incluida la concesión de permisos a los medios de comunicación y las compañías de telecomunicaciones de propiedad privada para operar en Cuba;B) la posibilidad de restitutir la ciudadanía a las personas nacidas en Cuba que regresan a Cuba;C) la garantía del derecho a la propiedad privada; yD) la adopción de medidas apropiadas para la devolución a los ciudadanos de los Estados Unidos (y a las entidades cuyo 50 por ciento o más sea propiedad en usufructo de ciudadanos de los Estados Unidos) las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano a tales ciudadanos y entidades el 1 de enero de 1959 o después, o para la indemnización de esos ciudadanos y entidades por dichas propiedades;3) haya extraditado o puesto de otro modo a disposición de los Estados Unidos a todas las personas requeridas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos cometidos en los Estados Unidos; y4) haya permitido el establecimiento en toda Cuba de observadores internacionales de los derechos humanos que actúen con independencia y sin trabas.
Sec. 206. REQUISITOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN GOBIERNO ELEGIDO DEMOCRATICAMENTE
A los efectos de la presente Ley, un gobierno elegido democráticamente en Cuba, además de cumplir los requisitos contenidos en el inciso a) de la sección 205, es aquel que:1) dimana de unas elecciones libres e imparcialesA) celebradas bajo la supervisión de observadores internacionalmente reconocidos; yB) en las quei) los partidos de oposición hayan dispuesto de suficiente tiempo para organizarse y realizar sus campañas electorales; yii) todos los candidatos hayan tenido pleno acceso a los medios de comunicación;2) muestra respeto por las libertades civiles y los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Cuba;3) avanza significativamente hacia un sistema económico orientado al mercado sobre la base del derecho a poseer y disfrutar propiedades;4) se consagra a introducir cambios constitucionales que garanticen la celebración regular de elecciones libres y justas y el disfrute pleno de sus libertades civiles y derechos humanos fundamentales por los ciudadanos de Cuba;5) ha registrado progresos palpables en el establecimiento de un poder judicial independiente; y6) ha registrado progresos palpables en la devolución a los ciudadanos de los Estados Unidos (y a las entidades cuyo 50 por ciento o más sea propiedad en usufructo de ciudadanos de los Estados Unidos) de las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano a tales ciudadanos y entidades el 1º de enero de 1959 o después, o en la indemnización plena por dichas propiedades con arreglo a las normas y la práctica del derecho internacional.
Sec. 207. LIQUIDACION DE RECLAMACIONES DE ESTADOUNIDENSES PENDIENTES RESPECTO DE PROPIEDADES CONFISCADAS EN CUBA
a) INFORME AL CONGRESO.-- En un plazo no mayor de 180 días a partir de la fecha de aprobación de la presente Ley, el Secretario de Estado presentará un informe a los comités del Congreso pertinentes que contenga una evaluación de la controversia relativa a las propiedades en Cuba, incluidos:1) una estimación del número y el monto de las reclamaciones de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano presentadas por nacionales de los Estados Unidos, además de las reclamaciones certificadas en virtud de la sección 507 de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949;2) una evaluación de la importancia que tiene para la revitalización de la economía cubana la pronta liquidación de las reclamaciones de propiedades confiscadas;3) un examen y evaluación de la asistencia técnica y de otro tipo que podrían brindar los Estados Unidos para ayudar a un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente en Cuba a establecer mecanismos para la solución de los litigios en torno a propiedades;4) una evaluación de los tipos de apoyo que podrían brindar los Estados Unidos, y la función que desempeñarían, para ayudar a liquidar las reclamaciones de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano que presenten nacionales de los Estados Unidos en los casos en que éstos no hubieran recibido la certificación prevista en la sección 507 de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, o no hubieran cumplido los requisitos para recibirla; y5) una evaluación de las esferas que requieran examen o medidas de carácter legislativo para la liquidación de reclamaciones de propiedades en Cuba antes de que se produzca un cambio de gobierno en la Isla.d) SENTIR DEL CONGRESO.-- Es el sentir del Congreso que la liquidación satisfactoria de las reclamaciones de propiedades por parte de un Gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos sigue siendo una condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba.
TITULO III - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
Sec. 301. CONCLUSIONES
El Congreso arriba a las siguientes conclusiones:1) Los individuos gozan del derecho fundamental de poseer y disfrutar propiedades consagrado en la Constitución de los Estados Unidos.2) La confiscación o apropiación indebidas de propiedades pertenecientes a nacionales de los Estados Unidos por el Gobierno cubano, y la subsiguiente explotación de esas propiedades a expensas de sus propietarios legítimos, socava la cortesía internacional, el libre intercambio comercial y el desarrollo económico.3) Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959:A) ha pisoteado los derechos fundamentales del pueblo cubano; yB) mediante su despotismo personal, ha confiscado las propiedades de:i) millones de sus conciudadanos;ii) miles de nacionales de los Estados Unidos; yiii) otros miles de cubanos que solicitaron asilo en los Estados Unidos como refugiados para escapar de la persecusión y que posteriormente se convirtieron en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos.4) Redunda en interés del pueblo cubano que el Gobierno de Cuba respete por igual los derechos de propiedad de los nacionales cubanos y de los nacionales de otros países.5) El Gobierno cubano está ofreciendo a inversionistas extranjeros la oportunidad de adquirir una participación de capital en empresas conjuntas, administrar o constituir dichas empresas haciendo uso de propiedades y valores que en parte fueron confiscados a nacionales de los Estados Unidos.6) Este "tráfico" con propiedades confiscadas proporciona al actual Gobierno cubano beneficios financieros que mucho necesita, incluidos divisas, petróleo e inversiones y conocimientos especializados productivos, por lo cual atenta contra la política exterior que aplican los Estados Unidos:A) para restablecer las instituciones democráticas en Cuba por medio de la presión de un embargo económico general en momentos en que el régimen de Castro ha demostrado ser vulnerable a la presión económica internacional; yB) para proteger las reclamaciones de nacionales de los Estados Unidos que tenían propiedades confiscadas indebidamente por el Gobierno cubano.7) El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha notificado a otros gobiernos que la transferencia a terceras partes de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano "complicaría todo intento de devolverlas a sus propietarios originales".8) El sistema judicial internacional, en su presente estructura, carece de soluciones totalmente eficaces contra la confiscación ilegítima de propiedades y el enriquecimiento inicuo a partir del uso de propiedades confiscadas indebidamente por gobiernos y entidades privadas a expensas de sus propietarios legítimos.9) El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o esté destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio.10) El Gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra las confiscaciones contrarias a la ley perpetradas por naciones extranjeras y sus ciudadanos, incluida la aplicación del recurso judicial privado.11) Para impedir el tráfico con propiedades confiscadas indebidamente, se debería proporcionar a los nacionales de los Estados Unidos que fueron víctimas de tales confiscaciones la posibilidad de un recurso judicial ante los tribunales de los Estados Unidos que niegue a los traficantes todo beneficio procedente de la explotación económica de las confiscaciones ilícitas de Castro.
Sec. 302. RESPONSABILIDAD POR EL TRAFICO CON PROPIEDADES CONFISCADAS RECLAMADAS POR NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
a) RECURSO CIVIL.1) RESPONSABILIDAD POR TRAFICO. A) A menos que se disponga lo contrario en la presente sección, toda persona que al término de un período de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este título trafique con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano el 1º de enero de 1959 o después, será responsable ante todo nacional de los Estados Unidos que sea titular de una reclamación sobre dicha propiedad por perjuicio monetario en una suma igual al monto de:i) la mayor de las sumas siguientes:I) la suma, si existiera, certificada en favor del demandante por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero en virtud de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, más el interés;II) la suma que se determine en virtud del párrafo 2) del inciso a) de la sección 303, más el interés; oIII) el valor normal de mercado de dicha propiedad, calculado como el valor de la propiedad en ese momento, o el valor de la propiedad en el momento de la confiscación más el interés, prefiriéndose el mayor de los dos; yii) los gastos de tribunal más honorarios de abogado razonables.B) El interés estipulado en el apartado i) del subpárrafo A) se establecerá a la tasa enunciada en la sección 1961 del título 28 del Código de los Estados Unidos, y el tribunal lo calculará a partir de la fecha de confiscación de la propiedad de que se trate hasta la fecha en que se inicie el proceso en virtud de la presente subsección.2) PRESUNCION EN FAVOR DE LAS RECLAMACIONES CERTIFICADAS.-- La presunta suma que la persona responsable deberá pagar en virtud del apartado i) del subpárrafo A) del párrafo 1) es la suma certificada que se describe en el acápite I) de dicho apartado. Se podrá impugnar esa presunción mediante pruebas fehacientes de que la suma descrita en el acápite II) o III) de dicho apartado es realmente la suma pagadera con arreglo al apartado.3) AUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD.-- (A) Toda persona que trafique con una propiedad confiscada por la que deba responderse conforme al párrafo 1) será responsable por daños de una cuantía calculada según se indica en el subpárrafo C) si un nacional de los Estados Unidos es titular de una reclamación respecto de dicha propiedad y la reclamación está certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero en virtud del título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949.B) Si el demandante en una acción incoada en virtud del presente inciso (que no sea un nacional de los Estados Unidos a quien se aplique el subpárrafo A) notifica al término del período de tres meses que se describe en el párrafo 1, a:i) la persona contra la cual se entabla una demanda, oii) una persona a la que se deberá incorporar como demandado en la acción, no menos de 30 días antes de entablar la acción o de incorporar a dicha persona como demandado, según sea el caso, y si al concluir el período de 30 días contados a partir de la fecha de notificación, dicha persona trafica con la propiedad confiscada objeto de la demanda, esa persona será responsable ante el demandante por daños calculados conforme al subpárrafo C).C) Los daños por los que una persona es responsable en virtud de los subpárrafos A) o B) son perjuicios monetarios de una cuantía igual a la suma de:i) el monto determinado conforme al apartado ii) del subpárrafo A) del párrafo 1, yii) tres veces el monto determinado aplicable conforme al apartado i) del subpárrafo A) del párrafo 1.D) La notificación personal a que se hace referencia en el subpárrafo B):i) se hará por escrito;ii) se enviará por correo certificado o se entregará personalmente al destinatario; yiii) incluirá:I) una declaración de la intención de entablar demanda en virtud de esta sección o de incorporar a la persona como demandado (según sea el caso) y las razones que dan lugar a ello;II) la solicitud de que cese de inmediato el tráfico ilícito con la propiedad del demandante; yIII) una copia de la exposición resumida publicada en virtud del párrafo 8).4) APLICABILIDAD.-- A) A menos que se disponga lo contrario en este párrafo, se podrán incoar acciones en virtud del párrafo 1 respecto de toda propiedad confiscada antes, después o en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.B) En el caso de una propiedad confiscada antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, ningún nacional de los Estados Unidos podrá invocar esta sección para reclamar la propiedad confiscada a menos que dicho nacional adquiera el título de la reclamación antes de la mencionada fecha de entrada en vigor.C) En el caso de una propiedad confiscada en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley o después, no podrá invocar esta sección para reclamar la propiedad confiscada ningún nacional de los Estados Unidos que, después de la confiscación de la propiedad, adquiera el correspondiente título de reclamación mediante cesión por valor. 5) TRATAMIENTO DE DETERMINADAS ACCIONES.-- (A) En el caso de un nacional de los Estados Unidos con derecho a presentar una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero en virtud del título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, pero que no haya presentado dicha reclamación, ese nacional de los Estados Unidos no podrá invocar esta sección para presentarla e iniciar una acción.B) En el caso de una demanda interpuesta con arreglo a esta sección por un nacional de los Estados Unidos cuya reclamación precedente en la acción haya sido presentada oportunamente ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero con arreglo al título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, pero haya sido denegada por dicha Comisión, el tribunal aceptará el fallo de la Comisión al respecto como concluyente para la acción prevista en esta sección.C) Un nacional de los Estados Unidos que no haya iniciado acción alguna conforme a esta sección respecto de una reclamación certificada en virtud del título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, no podrá invocar esta sección para entablar demanda por una reclamación hasta dos años después de la fecha de la promulgación de esta Ley.D) Si un nacional de los Estados Unidos posee una reclamación certificada de conformidad con el título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones de 1949, ninguna otra persona podrá entablar demanda conforme a esta sección para reclamar un interés en la misma propiedad. Cualquier persona que inicie una acción de conformidad con esta sección y cuya reclamación no haya sido así certificada tendrá que demostrar ante el tribunal que el interés sobre la propiedad que reclama no es objeto de una reclamación certificada de conformidad con la antedicha Ley.6) NO APLICABILIDAD DE LA DOCTRINA DEL ACTO DE ESTADO.-- Ningún tribunal de los Estados Unidos invocará la doctrina del acto de Estado para abstenerse de pronunciar una determinación sobre el fondo de una acción emprendida de conformidad con el párrafo 1). 7) DISPENSA DE LICENCIAS.-- (A) No obstante cualquier otra disposición jurídica, conforme a la presente sección podrá presentarse y dirimirse una demanda, y podrá aplicarse el fallo dictado en dicha demanda, sin necesidad de obtener licencia o permiso alguno de un organismo de los Estados Unidos, salvo que el presente párrafo se aplicará a la ejecución de un fallo o a la solución de una demanda tocante a propiedades bloqueadas en uso de las facultades conferidas en el inciso b) de la sección 5 de la Ley de Comercio con el Enemigo que se ejercían el 1º de julio de 1977, como consecuencia de una situación de excepción nacional declarada por el Presidente antes de dicha fecha, y que se ejercen en la fecha de la promulgación de la presente Ley. B) No obstante cualquier otra disposición jurídica, y a los efectos del presente título exclusivamente, no se considerará que una reclamación contra el Gobierno de Cuba constituye interés en el caso de propiedades cuyo traspaso a un nacional de los Estados Unidos requería antes de la promulgación de la presente Ley una licencia o un permiso otorgado por un organismo de los Estados Unidos, o lo requiere después de su promulgación.8) PUBLICACION POR EL FISCAL GENERAL.-- En un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, el Fiscal General preparará y publicará en el Registro Federal un resumen conciso de las disposiciones del presente título el cual incluya una declaración de las obligaciones que contrae aquella persona que trafique con propiedades confiscadas y los recursos de que pueden valerse los nacionales de los Estados Unidos conforme a este título.b) MONTO DE LA RECLAMACION.-- Conforme a la presente sección, un nacional de los Estados Unidos podrá presentar una demanda sólo si el monto de la reclamación supera la suma o el valor de 50 000 dólares sin considerarse los intereses, gastos y honorarios de abogados. Al calcularse los 50 000 dólares para los efectos de la oración anterior, la suma aplicable conforme a los acápites I), II), ó III) del inciso a) 1) A) i) no podrá triplicarse como se indica en el párrafo 3) del inciso a). c) REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO1) GENERAL.-- Salvo por lo estipulado en el presente título, las disposiciones del título 28 del Código de los Estados Unidos y las reglas de los tribunales de los Estados Unidos se aplican a las demandas presentadas conforme a la presente sección en la misma medida que dichas disposiciones y reglas se aplican a cualquier otra demanda presentada conforme a la sección 1331 del título 28 del Código de los Estados Unidos.2) NOTIFICACION.-- En las demandas presentadas conforme a la presente sección, la notificación al organismo o instrumento de un Estado extranjero que realiza una actividad comercial, o contra particulares que actúan con viso legal, se hará de conformidad con la sección 1608 del título 28 del Código de los Estados Unidos.d) APLICACION DE LAS SENTENCIAS DICTADAS CONTRA EL GOBIERNO DE CUBA.-- Las sentencias que se dicten contra un organismo o instrumento del Gobierno de Cuba en demandas presentadas conforme a la presente sección no se aplicarán contra el organismo o instrumento de un gobierno de transición en Cuba o de un gobierno electo democráticamente en Cuba.e) INMUNIDAD DE DETERMINADAS PROPIEDADES A LA APLICACION DE SENTENCIAS.-- Enmiéndese la sección 1611 del título 28 del Código de los Estados Unidos añadiendo al final el siguiente inciso nuevo:"c) No obstante las disposiciones de la sección 1610 del presente capítulo, la propiedad de un Estado extranjero será inmune al embargo y la aplicación de sentencias en una demanda entablada conforme a la sección 302 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Ley LIBERTAD) de 1996 siempre que la propiedad sea un servicio o instalación que utilice una misión diplomática acreditada para fines oficiales."f) ELECCION DE RECURSOS -1) ELECCION.-- Con sujeción al párrafo 2)A) ningún nacional de los Estados Unidos que presente una demanda conforme a la presente sección podrá presentar otra demanda o pleito civil a tenor del derecho consuetudinario, la legislación federal o la legislación de cualquiera de los estados, del Distrito de Columbia o de cualquier mancomunidad, territorio o posesión de los Estados Unidos con objeto de recibir una indemnización monetaria o de otro tipo fundamentada en el mismo asunto; yB) la persona que, con arreglo al derecho consuetudinario o a cualquier disposición jurídica distinta a la presente sección, entable una demanda o pleito civil para recibir indemnización monetaria o de otro tipo de resultas de una reclamación que, de lo contrario, sería conocible conforme a la presente sección, no podrá iniciar una acción sobre esa demanda invocando la presente sección.2) TRATAMIENTO DE LOS RECLAMANTES CERTIFICADOS.-- A) En el caso de un nacional de los Estados Unidos que presente una demanda conforme a la presente sección sobre la base de una reclamación certificada según el título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949 i) si lo recuperado en esa demanda es igual o mayor que la suma de la reclamación certificada, el nacional de los Estados Unidos no podrá recibir pago alguno por la reclamación conforme a cualquier acuerdo que celebren los Estados Unidos y Cuba en el que se atiendan las demandas amparadas por dicho título y se considerará que el citado nacional exime a los Estados Unidos de toda obligación ulterior de representar al nacional de los Estados Unidos respecto de dicha reclamación;ii) si lo recuperado en la demanda es inferior al monto de la demanda certificada, el nacional de los Estados Unidos podrá recibir un pago conforme al acuerdo sobre reclamaciones descritos en el apartado i), pero sólo igual a la diferencia entre el monto de lo recuperado y el monto de la reclamación certificada; yiii) si no se recupera nada en la demanda, el ciudadano de los Estados Unidos podrá recibir por la reclamación certificada, conforme al acuerdo sobre reclamaciones que se inscribe en el apartado i), un pago de igual alcance que el de un reclamante certificado que no presente una demanda conforme a la presente sección.B) Si algunas o todas las demandas presentadas conforme a la presente sección se consolidan mediante acción judicial o de otro tipo al efecto de establecer una bolsa de activos para satisfacer las respectivas reclamaciones, incluso una bolsa de activos establecida en un juicio por insolvencia, todos los reclamantes cuyaa reclamaciones así consolidadas hayan recibido la certificación de la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero según el artículo V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, tendrán derecho a recibir el pago total de sus reclamaciones con cargo a los activos de dicha bolsa antes que se realice pago alguno con esos activos para reclamaciones que no hayan recibido dicha certificación.g) PAGOS EXCEDENTES DEPOSITADAS POR CUBA EN VIRTUD DE UN ACUERDO SOBRE RECLAMACIONES.-- Todas las sumas que Cuba desembolse en virtud de cualquier acuerdo concertado entre los Estados Unidos y dicho país para la liquidación de las reclamaciones certificadas a tenor del título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949 y que excedan del monto de los pagos realizados para liquidar dichas reclamaciones certificadas después de la aplicación del inciso f) se depositarán en el Tesoro de los Estados Unidos.h) TERMINACION DE DERECHOS1) GENERAL.-- Todos los derechos que conforme a la presente sección se crean para presentar demandas de indemnización monetaria respecto de una propiedad confiscada por el Gobierno de Cuba A) podrán suspenderse conforme al inciso a) de la sección 204; yB) cesarán cuando el Presidente de los Estados Unidos transmita al Congreso su determinación de que se encuenta en el poder un gobierno cubano electo democráticamente.2) LITIGIOS PENDIENTES.-- La suspensión o terminación de derechos conforme al párrafo 1) no afectará los litigios iniciados antes de la fecha de dicha suspensión o terminación (según proceda), y en todos esos casos se celebrará juicio, se aceptarán apelaciones y se emitirán fallos de la misma manera y con igual efecto que si no hubiera ocurrido la suspensión o terminación.i) IMPOSICION DE HONORARIOS POR PRESENTACION DE RECLAMACIONES.-- La Conferencia Judicial de los Estados Unidos establecerá un honorario uniforme que se impondrá al reclamante o los reclamantes en cada demanda presentada conforme a la presente sección. El honorario deberá fijarse a un nivel suficiente para recuperar los gastos en que incurran los tribunales por las demandas presentadas conforme a esta sección. El honorario que se dispone en este inciso es independiente de los demás honorarios establecidos en el título 28 del Código de los Estados Unidos.
Sec. 303. PRUEBAS DE LA POSESION LEGITIMA DE LAS RECLAMACIONES DE PROPIEDADES CONFISCADAS
a) PRUEBAS DE POSESION.--1) PRUEBAS CONCLUYENTES DE LAS RECLAMACIONES CERTIFICADAS.-- En las demandas presentadas conforme al presente título, el tribunal aceptará como prueba concluyente de la posesión legítima de un interés en la propiedad un certificado de la reclamación de la posesión de ese interés que haya emitido la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero conforme al título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, (22 U.S.C 1643 y subsiguiente).2) RECLAMACIONES NO CERTIFICADAS.-- Si una demanda presentada conforme al presente título no posee la citada certificación de la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero, el tribunal podrá nombrar a un experto, que podrá ser la propia Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero, a fin de que determine el monto y la posesión de la reclamación. Dichas determinaciones sólo tendrán valor probatorio en las demandas civiles presentadas conforme al presente título y no constituyen certificaciones según el título V de la Ley para la Solución de Reclamaciones Internacionales de 1949.3) EFECTO DE LAS DETERMINACIONES DE ENTIDADES EXTRANJERAS O INTERNACIONALES.-- Al determinar el monto y la posesión de una reclamación en una demanda presentada conforme al presente título, el tribunal no aceptará como pruebas concluyentes las conclusiones, mandatos, fallos o decretos de organismos administrativos o tribunales de otros países o de organizaciones internacionales que declaren el valor de la reclamación o la invaliden, a menos que la declaración de valor o la invalidación dimanen de un arbitraje internacional válido al que los Estados Unidos o el reclamante hayan sometido la reclamación.b) ENMIENDA DE LA LEY DE LIQUIDACION DE RECLAMACIONES INTERNACIONALES DE 1949.-- Enmiéndese el título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949 (22 U.S.C. 1643 y subsiguiente) añadiendo al final la siguiente sección nueva:"DETERMINACION DE LA POSESION LEGITIMA DE RECLAMACIONES REMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS""Sec. 514. No obstante cualquier otra disposición de esta Ley y sólo a los efectos de la sección 302 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Ley LIBERTAD) de 1996, para fines de investigación un tribunal de distrito de los Estados Unidos puede someter a consideración de la Comisión, y ésta puede determinar, cuestiones relacionadas con el monto y la posesión de una reclamación por un nacional de los Estados Unidos (como se define en la sección 4 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (LIBERTAD) de 1996) que dimane de la confiscación de propiedades por el Gobierno de Cuba descrita en el inciso a) de la sección 503, independientemente de que el nacional de los Estados Unidos fuese o no un nacional de los Estados Unidos (según se define en el párrafo 1 de la sección 502) en el momento en que el Gobierno de Cuba tomó la medida."c) INTERPRETACION.-- Nada de lo dispuesto en la presente Ley o en la sección 514 de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, en su forma enmendada conforme al inciso b), se interpretará en el sentido de que:1) requiere o autoriza que las reclamaciones de los nacionales cubanos que se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos después de la confiscación de su propiedad, se incluyan en las reclamaciones certificadas ante el Secretario de Estado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras con miras a negociar o promover en el futuro esas reclamaciones con un gobierno cubano amigo cuando se reanuden las relaciones diplomáticas; o 2) sustituye, modifica o de algún otro modo altera las certificaciones hechas conforme el título V de la Ley de Liquidación de Relaciones Internacionales de 1949 antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
Sec. 304. EXCLUSIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LA COMISION DE LIQUIDACION DE RECLAMACIONES EN EL EXTRANJERO
Enmiéndese nuevamente el título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949 (22 U.S.C. 1643 y subsiguiente) en su forma enmendada por la sección 303, añadiendo al final la siguiente sección nueva:"EXCLUSIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LA COMISION DE LIQUIDACION DE RECLAMACIONES EN EL EXTRANJERO""Sec. 515. a) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso b), ningún nacional de los Estados Unidos que cumplía los requisitos para presentar una reclamación de conformidad con la sección 503 pero no lo hizo oportunamente, ni ninguna persona que no reuniese los requisitos para presentar una reclamación de conformidad con la sección 503, ni ningún nacional de Cuba, incluido cualquier organismo, instrumento, subdivisión o empresa del Gobierno de Cuba o de cualquier gobierno local de Cuba, o cualquier sucesor suyo, reconocido o no por los Estados Unidos, tiene derecho a participar, o de algún otro modo tener un interés, en el producto de la indemnización o en la indemnización no monetaria que se pague o asigne a un nacional de los Estados Unidos de resultas de una reclamación certificada por la Comisión conforme a la sección 507, y ningún tribunal de distrito de los Estados Unidos tiene jurisdicción para adjudicar tales reclamaciones.b) Nada de lo dispuesto en el inciso a) se interpretará en menoscabo u otro perjuicio de los derechos de participación en acciones de capital social de los nacionales de los Estados Unidos que poseen reclamaciones certificadas por la Comisión en virtud de la sección 507."
Sec. 305. LIMITACION DE ACCIONES
No podrá entablarse una acción en virtud de la sección 302 dos años después de haber cesado el tráfico que dio origen a dicha acción.
Sec. 306. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR
a) GENERAL.-- Con sujeción a lo previsto en los incisos b) y c), este título y las enmiendas aquí introducidas entrarán en vigor el 1ro de agosto de 1996.b) FACULTAD DE SUSPENSION.--1) El Presidente podrá, de conformidad con el inciso a), aplazar la fecha de entrada en vigor por un período no mayor de seis meses, si determina, y así lo informa por escrito a los comités pertinentes del Congreso con no menos de 15 días de antelación a esa fecha de entrada en vigor, que la suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición hacia la democracia en Cuba.2) SUSPENSIONES ADICIONALES.-- El Presidente podrá, de conformidad con el inciso a), aplazar la fecha de entrada en vigor por períodos adicionales de seis meses, cada uno de los cuales comenzará el día siguiente al último día del período de suspensión en vigor conforme a este inciso, si el Presidente determina, y lo informa por escrito a los comités pertinentes del Congreso con no menos de 15 días de antelación a la fecha de entrada en vigor del período de suspensión adicional, que la suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición hacia la democracia en Cuba.c) OTRAS FACULTADES.--1) SUSPENSION.-- Una vez que este título y sus enmiendas entren en vigor:A) Ninguna persona adquirirá de conformidad con el presente título un interés en una propiedad relacionada con cualquier acción posible o pendiente; yB) El Presidente podrá, suspender por un período no mayor de seis meses el derecho a iniciar una acción de conformidad con el presente título, respecto de propiedades confiscadas, si determina e informa por escrito a los comités pertinentes del Congreso con no menos de 15 días de antelación a la entrada en vigor de la suspensión, que ésta es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición hacia la democracia en Cuba.2) SUSPENSIONES ADICIONALES.-- El Presidente podrá suspender el derecho a iniciar una acción de conformidad con este título, por períodos adicionales no mayores de seis meses, cada uno de los cuales comenzará el día siguiente al último día del período de suspensión que se encuentra en vigor de conformidad con este inciso, si el Presidente determina e informa por escrito a los comités pertinentes del Congreso con no menos de 15 días de antelación a la fecha en que entrará en vigor la suspensión adicional, que esa suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición a la democracia en Cuba.3) LITIGIOS PENDIENTES.-- La suspensión de acciones en virtud del párrafo 1) no afectará los litigios que hayan comenzado antes de la entrada en vigor de las suspensiones, y en todos esos litigios se celebrará juicio, se aceptarán apelaciones y se emitirán fallos de la misma manera y con igual efecto que si no hubiera ocurrido la suspensión.d) RESCISION DE LA SUSPENSION.-- EL Presidente podrá rescindir cualquier suspensión efectuada en virtud de los incisos b) y c), después que notifique a los comités pertinentes del Congreso que ello acelerará la transición hacia la democracia en Cuba.
TITULO IV -- EXCLUSION DE DETERMINADOS EXTRANJEROS
Sec. 401. PROHIBICIÓN DE ENTRADA EN LOS ESTADOS UNIDOS A LOS EXTRANJEROS QUE HAYAN CONFISCADO PROPIEDADES DE NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS O QUE TRAFIQUEN CON DICHAS PROPIEDADES
a) ARGUMENTOS DE LA PROHIBICIÓN.-- El Secretario de Estado denegará el visado, y el Fiscal General excluirá de los Estados Unidos, a todo extranjero que, según determinación del Secretario de Estado, después de la fecha de promulgación de la presente Ley:1) haya confiscado una propiedad a cuya reclamación posea un nacional de los Estados Unidos, o haya orientado o supervisado esa confiscación, o bien transforme o haya transformado en beneficio personal una propiedad confiscada cuya reclamación posea un nacional de los Estados Unidos;2) trafique con una propiedad confiscada cuya reclamación posea un nacional de los Estados Unidos;3) sea funcionario, director o accionista con participación mayoritaria de una entidad que haya intervenido en la confiscación o el tráfico de una propiedad confiscada cuya reclamación posea un nacional de los Estados Unidos; o 4) sea cónyuge, hijo menor de edad, o representante de una persona excluible según los párrafos 1), 2) ó 3).b) DEFINICIONES.-- A los efectos de la presente sección, los términos siguientes tendrán los significados que se indican a continuación: 1) CONFISCACIÓN (a); CONFISCADO.-- Ambos términos se refieren a:A) la nacionalización, expropiación u otra apropiación por el Gobierno de Cuba de la propiedad o el control de un patrimonioi) sin que se haya devuelto la propiedad o se haya otorgado una indemnización eficaz y suficiente; oii)sin que se haya solucionado la reclamación de la propiedad conforme a un acuerdo de liquidación de reclamaciones internacionales u otro procedimiento de solución mutuamente aceptable; yB) el repudio, incumplimiento u omisión de pago por el Gobierno de Cubai) de una deuda de una empresa que haya sido nacionalizada, expropiada o apropiada de algún otro modo por el Gobierno de Cuba;ii) de una deuda que grave una propiedad nacionalizada, expropiada o apropiada de algún otro modo por el Gobierno de Cuba; oiii) de una deuda contraída por el Gobierno de Cuba para satisfacer o liquidar la reclamación de una propiedad confiscada.2) TRAFICA.-- A) Salvo por lo dispuesto en el subpárrafo B), una persona "trafica" con una propiedad confiscada si dicha persona, a sabiendas e intencionalmente i) I) traspasa, distribuye, reparte, revende o de otra forma enajena una propiedad confiscada, oII) compra, recibe o adquiere una propiedad confiscada, o de otra forma asume el control de ésta, oIII) introduce mejoras (ajenas a un mantenimiento de rutina), o invierte (mediante la aportación de fondos o cualquier elemento de valor ajeno a un mantenimiento de rutina) en una propiedad confiscada, o si después de la fecha de promulgación de la presente ley asume la administración, el arrendamiento, la tenencia o la explotación de una propiedad confiscada o posee intereses en una propiedad confiscada.ii) celebra un acuerdo comercial en el que utiliza o de otra forma explota en su provecho una propiedad confiscada.iii) provoca o dirige el tráfico descrito en los apartados i) o ii) por otra persona, o participa en él o se beneficia de él, o de otro modo realiza el tráfico (descrito en los apartados i) o ii)) por mediación de otra persona, sin la autorización del nacional de los Estados Unidos que posee una reclamación de dicha propiedad.B) El término "trafica" no comprende i) el envío a Cuba de señales internacionales de telecomunicaciones;ii) el comercio o la tenencia de valores que se coticen o posean públicamente, a menos que dicho comercio sea realizado por o con una persona que, según determinación del Secretario del Tesoro, sea un nacional especialmente señalado;iii) las transacciones y usos de la propiedad que guarden relación con viajes lícitos a Cuba, siempre que dichas transacciones y usos de la propiedad sean necesarios para la realización de dichos viajes, oiv) las transacciones y usos de la propiedad por un ciudadano cubano residente en Cuba que no sea funcionario del Gobierno de Cuba o de su partido político gobernante.c) EXENCIÓN.-- La presente sección no será aplicable en los casos en que el Secretario de Estado determine, mediante análisis individuales, que la entrada en los Estados Unidos de la persona que en otras circunstancias sería excluida de conformidad con esta sección resulta necesaria por motivos de atención médica o para fines de litigio en una demanda conforme al título III.d) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR1) GENERAL.-- La presente sección se aplica a los extranjeros que procuren su entrada en los Estados Unidos en la fecha de la promulgación de la presente Ley o después de 2) TRÁFICO.-- La presente sección se aplica sólo a los actos entendidos como "tráfico" que tengan lugar en la en la fecha de promulgación de la presente Ley o después.Y el senado está de acuerdo con lo antes expuesto.
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Juan Bosch - El Caribe Frontera Imperial - capítulo 1 - 1970

2007-08-29T18:39:00.000-03:00

Juan Bosch: De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial.Ediciones Alfaguara, S.a., Barcelona, 1970.
Capítulo I
UNA FRONTERA DE CINCO SIGLOS
El Caribe está entre los lugares de la tierra que han sido destinados por su posición geográfica y su naturaleza privilegiada para ser fronteras de dos o más imperios. Ese destino lo ha hecho objeto de la codicia de los poderes más grandes de Occidente y teatro de la violencia desatada entre ellos.
Hasta el momento está por hacer un estudio de geografía económica que abarque el conjunto de los países del Caribe. Sin embargo muchas gentes tienen una idea más o menos acertada sobre la región; conocen por sí mismas, de oídas o a través de lecturas, la variedad de sus climas, la abundancia y la bondad de sus puertos y sus aguas y la hermosura de sus tierras. Se sabe que, además de hermosas, esas tierras son de excelente calidad para la producción de la caña de azúcar, de maderas, tabaco, cacao, café, ganados. En los últimos cincuenta años la imagen de la riqueza del Caribe se multiplicó, pues se vio que además de cacao, café, tabaco y caña de azúcar, allí había criaderos casi inagotables de petróleo, de bauxita, de hierro, de níquel, de manganeso y de otros metales valiosos.
Tan pronto se conoció la calidad y la riqueza de esas tierras se despertó el interés de los imperios occidentales por establecerse en ellas. Cada imperio quiso adueñarse de una o más islas, de alguno o de varios de sus territorios, a fin de producir allí los artículos de la zona tropical que no podían producir en sus metrópolis o a fin de tener el dominio de sus depósitos de minerales y de las comunicaciones marítimas entre América y Europa.
La historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarles sus ricas tierras; es también la historia de las luchas de los imperios, unos contra otros, para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado; y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales.
Si no se estudia la historia del Caribe a partir de este criterio no será fácil comprender por qué ese mar americano ha tenido y tiene tanta importancia en el juego de la política mundial; por qué en esa región no ha habido paz durante siglos y por qué no va a haberla mientras no desaparezcan las condiciones que han provocado el desasosiego. En suma, si no vemos su historia como resultado de esas luchas no será posible comprender cuáles son las razones de lo que ha sucedido en el Caribe desde los días de Colón hasta los de Fidel Castro, ni será posible prever lo que va a suceder allí en los años por venir.
La conquista del Caribe por parte de los muchos imperios que han caído sobre él causó la casi total desaparición de los indígenas en la región y la desaparición total de ellos en las islas, y causó, desde luego, las naturales sublevaciones de unos pueblos que se negaban a ser esclavizados y exterminados en sus propias tierras por extraños que habían llegado de países lejanos y desconocidos. Esa conquista causó la llegada a la fuerza y la subsiguiente expansión demográfica de los negros africanos, conducidos al Caribe en condición de esclavos, y causó sus terribles y justas rebeliones, que produjeron inmensas pérdidas de vidas y bienes. Las actividades de los imperios han provocado guerras civiles y revoluciones que han trastornado el desenvolvimiento, natural de los países del Caribe, y ese trastorno ha impedido su desarrollo económico, social y político.
Algunas de las revoluciones del Caribe, como la de Haití y la de Venezuela, dieron lugar a matanzas que asombran a los estudiosos de tales acontecimientos, y desataron fuerzas que operaron o se reflejaron en países lejanos. La violencia con que han luchado los pueblos del Caribe contra los imperios que los han gobernado da la medida de la fiereza de su odio a los opresores. Los pueblos del Caribe han llegado en el pasado, y sin duda están dispuestos a llegar en el porvenir, a todos los límites con tal de verse libres del sometimiento a que los han sujetado y los sujetan los imperios. Sólo si se comprende esto puede uno explicarse que Cuba haya venido a ser un país comunista.
Lo que cada pueblo puede dar de sí, económica, política, culturalmente, viene determinado por lo que ha recibido en el pasado, por la calidad de las fuerzas que lo han conformado e integrado. Las fuerzas que han actuado y están actuando en el Caribe han sido demasiado a menudo ciegas, crueles y explotadoras. Nadie puede esperar que los pueblos formados e integrados por ellas sean modelos de buenas cualidades.
Los Estados Unidos fueron el último de los imperios que se lanzó a la conquista del Caribe, y a pesar de que sus antecesores les llevaban varios siglos de ventaja en esa tarea, han actuado con tanta frecuencia y con tanto poderío, que poseen total o parcialmente islas y territorios que fueron españoles, daneses o colombianos. Hasta en la Cuba comunista mantienen la base naval y militar de Guantánamo.
Además de usar todos los métodos de penetración y conquista que usaron sus antecesores en la región, los Estados Unidos pusieron en práctica algunos que no se conocían en el Caribe, aunque ya los habían padecido, en el continente del norte, España en el caso de las Floridas y México en el caso de Texas. En el Caribe nadie había aplicado el método de la subversión para desmembrar un país y establecer una república títere en lo que había sido una provincia del país desmembrado. Eso hicieron los Estados Unidos con Colombia en el caso de su provincia de Panamá.
Lo que da al episodio panameño de la política imperial norteamericana en el Caribe un tono de escándalo sin paralelo en la historia de las relaciones internacionales, es que Panamá fue creada república mediante una subversión organizada y dirigida por el Presidente de los Estados Unidos en persona, y lo hizo no ya sólo para tener en sus manos una república dócil, por débil, sino para disponer en provecho de su país de una parte de esa pequeña república. Esa parte —la llamada zona del canal— fue dada a los Estados Unidos por los panameños en pago de los servicios prestados por el gobierno de Theodore Roosevelt en la tarea de desmembrar a Colombia y de impedirle defenderse. En la porción de territorio obtenido en forma tan tortuosa construyeron los norteamericanos el canal de Panamá y establecieron la llamada Zona del Canal. Esa zona es, a ambos lados y a todo lo largo del canal, una base militar. Además, el canal es propiedad de una compañía comercial, la cual, a su vez, es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Es difícil concebir un procedimiento más audaz para violar las normas de las relaciones internacionales. Arrebatar a un país una provincia y crear en esa provincia una república para obtener de ésta una porción, que además la corta por la mitad, era algo que el mundo no había visto antes. Su antecedente —el caso de Tejas— no llegó a tanto.
Los Estados Unidos iniciaron en el Caribe la política de la subversión organizada y dirigida por sus más altos funcionarios, por sus representantes diplomáticos o sus agentes secretos; y ensayaron también la división de países que se habían integrado en largo tiempo y a costa de muchas penalidades. El mundo no acertó a darse cuenta a tiempo de los peligros que había para cualquier país de la tierra en la práctica de esos nuevos métodos imperiales, y sucedió que años más tarde la práctica de la subversión se había extendido a varios continentes y el procedimiento de dividir naciones se aplicaba en Asia. Donde durante largos siglos había habido una China, donde había habido una Corea y una Indochina, acabó habiendo dos Chinas, dos Coreas, dos Vietnam, cada una en guerra contra su homónima.
Después de la guerra mundial de 1914-1918, los líderes más sensibles a la opinión pública —lo mismo en Europa que en los Estados Unidos— comenzaron a aceptar la idea de que había llegado la hora de poner fin al sistema colonial, tan en auge en el siglo xix. Se pensaba, con cierta dosis de razón, que la enorme matanza de la guerra se había desatado debido principalmente a la competencia entre los imperios por los territorios coloniales. Al terminar la segunda guerra —la de 1939-1945— comenzaron las de Indochina y Argelia, lo cual reforzó la posición anticolonialista de pueblos y gobiernos en todo el mundo. En consecuencia, Francia e Inglaterra, grandes imperios tradicionales, iniciaron la política de la descolonización, que alcanzó al Caribe algunos años después.
La descolonización comenzó a ser aplicada en territorios ingleses del Caribe, y en cierta medida también en las islas holandesas y francesas; y lógicamente nadie podía esperar que después de iniciada esa etapa, nueva en la historia, volverían a usarse los ejércitos para imponer la voluntad imperial en el Caribe.
Pero volvieron a usarse.
Cuando se produjo la revolución dominicana de 1965, y con ella el desplome del ejército de Trujillo —que era una dependencia virtual de las fuerzas armadas norteamericanas— los Estados Unidos desafiaron la opinión pública mundial, olvidaron más de treinta años de lo que ellos mismos habían llamado política del Buen Vecino y Alianza para el Progreso, resolvieron violar el pacto múltiple de no intervención que habían firmado libremente con todos los países de América, y desembarcaron en Santo Domingo su infantería de Marina.
Santo Domingo es un país del Caribe y el Caribe seguía siendo en el año 1965 una frontera imperial, la frontera del imperio americano. Esa circunstancia justificaba a los ojos del poder interventor —y de muchos otros poderes— la intervención norteamericana en Santo Domingo. Pues una frontera —como se sabe— es una línea que demarca el límite exterior de un país, y todo país tiene derecho a defenderse si es atacado. Y pues Santo Domingo es parte de la frontera imperial, a los ojos del imperio y de sus partidarios era lógico y justo que ese pequeño país padeciera su sino de tierra fronteriza.
Claro que sería ridículo ponerse a pensar, siquiera, cómo se hubieran desarrollado los pueblos del Caribe de no haber sido las víctimas de los imperios que han operado en ese mar de América. Si España no hubiera descubierto y conquistado el Caribe, y si no hubiesen intervenido allí los ingleses o los franceses o los portugueses, ¿qué rumbo habrían tomado esos pueblos?
Pero es el caso que la historia se hace, no se imagina, y España llegó al Caribe, y con ella los hombres, la organización social, las ideas, los hábitos y los problemas de Occidente. Uno de esos problemas, el que más ha afectado la vida del Caribe, fue la lucha entre los imperios, su debate armado dirigido a la conquista de tierras nuevas y a su explotación mediante el uso de esclavos y a través del mando rígido, en lo político y en lo militar, de los territorios conquistados. Los esclavos podían ser indios, blancos o negros. Inglaterra usó en las islas de Barlovento esclavos blancos, irlandeses e ingleses, mantenidos en esclavitud bajo la apariencia de "sirvientes" (white servants). Estos esclavos blancos se comportaban en horas de crisis igual que los indios y los negros; se ponían de parte de los que atacaban las islas inglesas o simplemente peleaban por conquistar su libertad. Por ejemplo, cuando la isla de Nevis fue atacada por una flota española en septiembre de 1629, los llamados "sirvientes" que formaban parte de la milicia colonial inglesa desertaron y se pasaron a los españoles a los gritos de "¡Libertad, dichosa libertad!"; y en otros casos se comportaron en igual forma o en franca rebeldía.
Decíamos que España llegó al Caribe; tras España llegaron Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Escocia, Suecia, Estados Unidos, y trataron de llegar los latvios; y fueron llevados negros africanos; y los indios arauacos, los ciguayos, los siboneyes, los guanatahibes y tantos otros de los que habitaban las grandes Antillas fueron exterminados ; y los caribes pelearon de isla en isla, a partir de Puerto Rico hacia el sur, con tanto denuedo y tesón que todavía en 1797 atacaban a los ingleses en San Vicente. En el siglo XIX se llevaron a Cuba, como semiesclavos, indios mayas de Yucatán, chinos de las colonias portuguesas de Asia; a Trinidad y a otras islas inglesas llegaron miles de chinos y de hindúes.
Todo ese amasijo de razas, con sus lenguas y sus hábitos y tradiciones y las medidas políticas, a menudo turbias, que hacían falta para mantener el dominio sobre ese amasijo, tenían necesariamente que producir lo que ha sido y es —y lo que sin duda será durante algún tiempo— el difícil mundo del Caribe: un espejo de revueltas, inestabilidad y escaso desarrollo general.
Sin embargo el observador inteligente se fijará en que no todos los países del Caribe son ejemplos extremos de inestabilidad, y se preguntará por qué sucede así. En el Caribe hay países cuyos grados de turbulencia son distintos. Veamos el caso de Costa Rica.
A menudo se alega que Costa Rica es más tranquilo y más organizado que sus vecinos de la América Central, que Santo Domingo, Haití, Venezuela o Cuba, debido a que su población es predominantemente blanca, lo que no sucede en los países mencionados. Pero entonces habría que preguntarse por qué los ingleses tuvieron una revolución sangrienta en el siglo XVII; por qué los franceses produjeron la espantosa revolución de 1789 y las revueltas de 1830 y 1844 y el alzamiento de la Comuna en 1870; por qué los norteamericanos hicieron la revolución contra Inglaterra y la guerra civil del siglo XIX; por qué Alemania ha iniciado las mayores turbulencias de Europa, esto es, las guerras de 1870, de 1914 y de 1945, y por qué se organizó allí el nazismo, con su secuela de millones de judíos horneados hasta la muerte. Todos ésos eran y son países blancos y además están entre los más civilizados del mundo. (En los Estados Unidos había negros, pero no desataron ninguna de las dos revoluciones norteamericanas y ni siquiera participaron en ellas.) Si la inestabilidad de los países del Caribe tuviera algo que ver con la presencia de sangre negra o de otros orígenes en la composición de sus pueblos, habría que hacer una pregunta que seguramente ninguno de los imperios podría contestar. La pregunta es ésta: ¿Quién llevó a los negros, a los chinos y a los hindúes al Caribe? Los llevaron los imperios. Luego, si se aceptara la tesis de que las sangres mezcladas producen pueblos incapaces de vivir civilizadamente, los imperios tendrían la responsabilidad por lo que ha estado sucediendo y por lo que sucederá en el Caribe.
El observador inteligente que haya advertido la diferencia que hay entre Costa Rica y sus vecinos de la región, observará que a Costa Rica no ha llegado nunca un ejército imperial, ni siquiera el español; de manera que por azares de la historia, aunque el imperialismo en su forma económica —y con sus consecuencias políticas— ha estado operando en Costa Rica desde hace casi un siglo, ese pequeño país del Caribe se ha visto libre de los gérmenes malsanos que deja tras sí una intervención militar extranjera. Costa Rica es un pueblo que se formó a partir de un pequeño núcleo de españoles, establecido en el siglo XVI en un territorio que se mantuvo aislado largo tiempo, y la formación del pueblo costarricense no fue desviada, por lo menos en sus orígenes, por intromisión de poderes militares de los imperios.
En el extremo opuesto, en cuanto a causas, se halla Puerto Rico. Puerto Rico no se rebeló contra España. En 1898, Puerto Rico pasó a poder de los Estados Unidos sin que su pueblo hiciera ningún esfuerzo ni por seguir siendo español ni por ayudar a la derrota de los españoles. La isla pasó de un imperio a otro como si a su pueblo le tuviera sin cuidado ese cambio. Sin embargo en Puerto Rico había habido conspiraciones contra el poder español, aunque no pasaron de ser obra de grupos muy pequeños; y ha habido luchas contra los Estados Unidos, pero también llevadas a efecto por sectores pequeños y tardíamente, cuando ya era imposible desafiar con probabilidades de éxito el poderío imperial norteamericano.
Los puertorriqueños lucharon braviamente por España en los días de Drake, de Cumberland y de Henrico, cuando ingleses y holandeses quisieron arrebatarle la isla a España. Ahora bien, España convirtió a la isla en una fortaleza militar, un bastión de su imperio que era prácticamente inexpugnable, como puede verlo cualquier viajero que vaya a Puerto Rico y se detenga frente a los poderosos fuertes que defendían a San Juan. El puertorriqueño no podía rebelarse porque vivía inmerso en un ambiente de poder militar qué lo paralizaba. A su turno, los norteamericanos hicieron lo mismo. Puerto Rico quedó convertido en una formidable base militar de los Estados Unidos y resulta difícil hacerse siquiera a la idea de que ese poderío puede ser derrotado por los puertorriqueños mediante una confrontación armada. Sin embargo Puerto Rico ha conservado su lengua y sus hábitos de pueblo diferente al norteamericano; ha mantenido su personalidad nacional con tanto tesón que el observador sólo puede explicárselo como una respuesta a un reto. Es como si los puertorriqueños se hubieran planteado ante sí mismos el problema de su supervivencia como pueblo y hubieran resuelto que ni aun todo el poder de Norteamérica, el más grande que ha conocido la historia humana, podrá hacerles cambiar su naturaleza nacional.
Hay países del Caribe donde al parecer nunca hubo convulsiones; tal es el caso de las islas inglesas, como Jamaica, Barbados, Trinidad y tantas más. Pero cuando se entra en el estudio de su historia se advierte que las islas inglesas del Caribe fueron factorías azucareras organizadas sobre el esquema de amos blancos y esclavos negros, y que en casi todas, si no en todas, hubo sublevaciones de esclavos, y aun de "sirvientes" blancos, como hemos dicho ya. Esas sublevaciones fueron aniquiladas siempre con rigor típicamente inglés, es decir, sin llegar a los límites de la hecatombe pero sin quedarse detrás del límite del castigo que sirviera como ejemplo. Por lo demás, en muchas de esas islas —por no decir en todas— hubo choques, a veces muy repetidos y casi siempre muy violentos, con otros poderes imperiales. De manera que la historia de esas islas no es tan plácida como suponen los que no la conocen.
Hubo otras colonias, como las danesas en las Islas Vírgenes o las de Holanda en Sotavento, que se mantuvieron —y se mantienen— en un estado de tranquilidad. Pero debemos observar que la isla más importante de las primeras y la más importante de las segundas —Santomas y Curazao, respectivamente— fueron abiertas al comercio como puertos libres casi desde el momento en que los imperios se establecieron en ellas; y esa condición de puertos libres les confirió categoría de territorios neutrales, respetados por todos los contendientes. En el caso de Santomas, vendida junto con el grupo de las Vírgenes a Estados Unidos en 1917, siguió siendo puerto libre bajo Norteamérica, y todavía lo es. De todos modos, conviene recordar que en Curazao hubo por lo menos dos rebeliones de esclavos, una en 1750 y otra en 1795, y algo parecido sucedió en Santomas, si bien no fueron realmente serias. Por lo que respecta a las otras islas Vírgenes y a las de Sotavento, son tan pequeñas y su población fue tan escasa en los días álgidos de las luchas imperiales, que mal podían darse disturbios en ellas. Otro tanto sucede con varias islas mínimas de Holanda, Francia e Inglaterra en el área de Barlovento.
Digamos, porque es importante tenerlo en cuenta, que el lanzamiento de una fuerza militar sobre un país, grande o pequeño, es siempre la expresión armada de una crisis. Puede ser que a su vez esa crisis genere otras, pero no estamos en el caso de estudiar la cadena o las cadenas de acontecimientos desatados en el Caribe por esta o aquella agresión militar. El que se propusiera hacer la historia de una frontera imperial tan vasta y tan compleja como es el Caribe con el plan de relatar uno por uno todos los episodios de tipo económico, social, político y de otra índole que han estado envueltos en esa historia de tantos siglos, necesitaría dedicar su vida entera a esa tarea. Para la ambición del autor es bastante —y puede que sea demasiado para su capacidad— ceñirse a exponer los momentos críticos, es decir, aquellos en que se lanzó un ataque militar o se realizó la conquista de un territorio de la región o aquellos en que se obtuvo un resultado parecido con otros medios que los militares.
El solo relato de esos momentos culminantes del debate armado de los imperios en las tierras del Caribe puede parecer a menudo la invención de un novelista. En verdad, causa sorpresa recorrer la historia del Caribe en conjunto —no un episodio ahora y otro mañana, uno en este país y otro en aquel—, organizada sobre un esquema lógico. Esa historia sorprende porque ni aun nosotros mismos, los hombres y las mujeres del Caribe, acertamos a percibirla en toda su dramática intensidad debido a que la estudiamos en porciones separadas. Es como si en medio de una epidemia que ha estado asolando la ciudad, cada uno alcanzara a darse cuenta nada más de los enfermos y los muertos que ha habido en su familia.
La aparición de propósitos, voluntad y planes imperiales en países de Europa fue un hecho que obedeció a un conjunto de causas. Pero a un solo conjunto. Que ese único fenómeno producido por ese único conjunto de causas se manifestara por diversas vías, no implica que tuviera varios orígenes. Hubo imperio inglés, imperio holandés, imperio francés, porque Europa —es decir, Occidente— estaba dividida en varias naciones y cada una de ellas quiso ejercer en su exclusivo provecho las facultades que le proporcionaba el fenómeno histórico llamado imperialismo. Pero como el origen de ese fenómeno era uno solo, sus resultados en el Caribe obedecían a una misma y sola fuerza histórica. El Caribe fue conquistado y convertido en un escenario de debates armados de los imperios —y por tanto, en frontera imperial— debido a que la historia de Europa produjo de su seno el imperialismo, y el imperialismo era una corriente histórica, no muchas.
En buena lógica, pues, no debe verse a ningún país del Caribe aislado de los demás. Todos surgieron a la vida histórica occidental debido a una misma y sola causa, y todos han sido arrastrados a lo largo de los siglos por una misma y sola fuerza, aunque en ciertas tierras esa fuerza hablara inglés y en otras francés y en otras español. Al verlos en conjunto, la verdadera dimensión del drama histórico del Caribe se nos presenta con una estatura agobiante; y al conocer su drama mediante una exposición organizada según las líneas profundas que lo produjeron —esto es, las líneas de las luchas imperiales— se comprende con meridiana claridad por qué en el Caribe se ha derramado tanta sangre y se han aniquilado pueblos, esfuerzos y esperanzas.
Al entrar en el ámbito de Occidente, el Caribe pasó a sufrir los resultados de las luchas europeas, y a su vez esas luchas eran batallas inter-imperiales. Si esas luchas, reflejadas en el Caribe, tuvieron en la región del Caribe consecuencias diferentes a las que tuvieron en Europa, ello se debió a las condiciones especiales de sus tierras, que eran apropiadas para la producción de artículos que no podían obtenerse en Europa; y también se debió al hecho de que en este o en aquel momento, tal o cual imperio no podía defender al mismo tiempo su territorio metropolitano y su territorio colonial. Pero al cabo, esos fueron detalles de poca importancia en una batalla de gigantes provocada por la aparición del imperialismo. El apetito imperial apareció y actuó en Europa y rebotó en el Caribe, y los efectos de su acción en el Caribe impidieron la formación natural y sana de sociedades que pudieran defenderse, a su turno, de los efectos de nuevas luchas. De todas maneras, el hecho es que todos los países del Caribe son hijos de un mismo acontecimiento histórico, y hay que verlos unidos en su origen y en su destino.
Curiosamente, el país que llevó Occidente al Caribe —o que introdujo al Caribe en Occidente— no era un imperio en el sentido cabal del término, puesto que no lo era ni económica ni socialmente. España descubrió el Caribe y conquistó algunas de sus tierras, pero no pudo conquistarlas todas porque sus fuerzas no le alcanzaban para tanto, y no pudo defender toda la región porque España no era un imperio ni siquiera en el orden militar.
Muchas de las acusaciones que se le han hecho a España debido al comportamiento de los españoles en América se han basado en una incomprensión casi total de la situación de España en esos años, y muchos de los elogios que se han hecho acerca de la conducta del Estado español —o para hablar con más propiedad, de la Corona de Castilla— en relación con los hechos de la Conquista, se han debido también a la misma falta de comprensión. Para aclarar lo que acabamos de decir hay que establecer ciertos puntos de partida.
En primer lugar, España, tal como la conocemos ahora —que es tal como se conocía desde mediados del siglo XVI— no era un reino en 1492; era la suma de dos reinos: el de Castilla, cuya soberana era Isabel la Católica, y el de Aragón, cuyo rey era Fernando V. Los dos reinos estaban unidos en la medida en que lo estaban sus reyes, pero cada uno tenía sus leyes propias, su organización social, sus fondos públicos, sus cuerpos representativos. Isabel gobernaba en Castilla, no en Aragón; y Fernando gobernaba en Aragón, no en Castilla. Aragón y Castilla vendrían a tener un Rey común, pero no a ser un Estado unitario, sólo cuando las dos coronas se unieran, lo que vino a ocurrir, en verdad, bajo Carlos I de España y V de Alemania; y pasaría a ser un Estado unitario dos siglos después, bajo Felipe V, el primero de los reyes Borbones de España.
Ahora bien, de los dos reinos que había en España en los días del Descubrimiento, el que tenía poder sobre América —y el Caribe— era Castilla. Fue Castilla quien descubrió, conquistó y organizó el Nuevo Mundo; y ese Nuevo Mundo fue organizado a imagen y semejanza de su conquistador y organizador. A tal punto fue Castilla la que llevó a cabo esa tarea y la que tenía poderes sobre el Nuevo Mundo, que en los primeros treinta años que siguieron al Descubrimiento sólo los castellanos podían ir a América; los aragoneses —entre los que se hallaban los catalanes, los valencianos, los murcianos y los vasallos de Fernando V en otras regiones europeas, como Napóles y las dos Sicilias—, podían pasar a América si obtenían dispensas reales, es decir, si se les concedía un privilegio para pasar al Nuevo Mundo; pues en lo que tocaba a América, un subdito del reino de Aragón era igual a un extranjero.
Pues bien, de esos dos reinos que había en España al final del siglo XV, Castilla era el más retrasado en el orden de la evolución social; y esto tiene que ser explicado brevemente.
Lo sociedad europea, de la que Castilla y Aragón eran parte cuando se produjo el Descubrimiento, había perdido sus formas económicas y sociales al quedar liquidado el Imperio de Roma, y se reorganizó lenta y trabajosamente dentro de las formas de lo que hoy llamamos, tal vez de una manera burda, el sistema feudal. De ese sistema iba a surgir un nuevo tipo de sociedad, cuyos centros de autoridad económica y social serían las burguesías locales. Pero sucedió que Castilla y Aragón —pero mucho más Castilla que Aragón— atravesaron los siglos feudales en guerra contra el árabe, lo que dio lugar a un estado casi perpetuo de tensión militar constante, y con ello se aumentó y se prolongó la importancia del noble que llevaba sus hombres a la guerra, y eso obligó a los reyes castellanos y aragoneses —pero más a los primeros que a los segundos— a conceder a sus nobles guerreros privilegios que iban perdiendo los nobles de otros países europeos.
Desde los tiempos de Alfonso X el Sabio (nacido en 1221 y muerto en 1284, la nobleza guerrera y latifundista castellana comenzó a obtener favores reales en perjuicio de los productores y los comerciantes de la lana, que fue durante toda la Baja Edad Media española el producto más importante del comercio de Castilla. Al finalizar el siglo XV, precisamente cuando se hacía el descubrimiento de América, los Reyes Católicos se veían en el caso de reconocer esos privilegios que tenían más de dos siglos, porque toda la organización social de Castilla descansaba en ellos. La nobleza guerrera y latifundista castellana llegó al final del siglo XV convertida en el poder superior de la Mesta, que era la organización tradicional de los dueños del ganado lanar del país; y al tener en sus manos el control de la Mesta, esa nobleza monopolizaba en sus orígenes la producción de la lana, con lo cual impidió que se desarrollara la burguesía lanera, que había sido el núcleo más fuerte de la burguesía castellana. La burguesía lanera había luchado contra esa situación de sometimiento, pero había sido vencida, y cuando comprendió que no podía enfrentarse a la nobleza trató de convertirse a su vez en nobleza, ejemplo que siguieron otros grupos de burguesía más débiles que ella. Fue de esos núcleos de ex-burgueses de donde salió la llamada nobleza de segunda o pequeña nobleza de España.
Mientras los latifundios de los nobles guerreros quedaban vinculados al hijo mayor mediante la institución del mayorazgo —lo que evitaba la partición de las grandes propiedades y aseguraba la permanencia de la nobleza al frente de ellas—, los restantes hijos de los nobles —los llamados segundones— tomaban otros canales de ascenso hacia la preeminencia social: el sacerdocio, la carrera de las armas, las funciones públicas. Pero sucedía que los que no eran nobles y aspiraban a entrar en su círculo tomaban también esos canales de ascenso. Fue esa la razón de que Castilla produjera nobles, cardenales, obispos, canónigos, guerreros, funcionarios, pero muy pocos burgueses. Y resultaba que sin tener una burguesía que supiera cómo organizar la producción y la distribución de bienes de consumo, que tuviera capitales de inversión y supiera cómo invertirlos de la manera más provechosa, era imposible que un país se convirtiera en un imperio, precisamente al finalizar el siglo XV y comenzar el XVI, es decir, cuando ya el sistema feudal había quedado disuelto en Occidente.
Debido al papel dominante que iba a tener Castilla en España, su situación de retraso económico y social se extendería a gran parte de Aragón, si bien Cataluña y Valencia conservaron núcleos de burguesía urbana, aunque no tan desarrollados como en otros lugares de Europa. Eso es lo que explica que España apenas tuvo un Renacimiento, pues el Renacimiento fue la flor y el perfume de la burguesía italiana, y tal vez más específicamente, de la burguesía de Florencia. Todo el esfuerzo que se ha hecho, y el que pueda hacerse en el porvenir, por presentar el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo como el producto de un Renacimiento español, carecen de base histórica. Colón es un hombre del Renacimiento italiano, pero la participación de España en el Descubrimiento no tiene nada que ver con el Renacimiento; no se debió a la ciencia cosmográfica española, ni a la organización marítima de Castilla, ni a la superioridad de sus navegantes; no se debió a la riqueza del reino de Isabel y ni siquiera a la de los reinos unidos de Castilla y Aragón. La causa es de otro orden.
Cristóbal Colón llegó a España a pedir que se le ayudara a buscar un camino corto y directo hacia la India —no a descubrir un mundo nuevo, cuya existencia no sospechaban ni él ni nadie— debido a que España era el país líder de Europa; y España era ese país líder porque Europa era un continente católico, y durante ocho siglos, en ese continente católico, España había sostenido la guerra contra el infiel, que era el árabe. Fue, pues, la misma causa que impidió el desarrollo de la sociedad española —y, sobre todo, castellana— lo que le dio la preeminencia europea, más destacada precisamente en los días en que Colón llegó a hablar con la Reina Isabel; esto es, en los días en que los nobles guerreros y latifundistas de Castilla peleaban frente a los muros de Granada, última plaza fuerte del infiel en Europa.
En camino hacia la India, Colón tropezó con América, y eso no estaba ni en los planes del Descubridor ni en los de Isabel y Fernando. Un puro azar había puesto sobre España una responsabilidad de dimensiones hasta entonces desconocidas en la Historia. Dado el paso del Descubrimiento, absolutamente inesperado, España —y en España Castilla— tuvo que dar el paso siguiente, que fue el de la Conquista. Y para eso no estaba preparado el país conquistador. No estaba preparado porque no era una sociedad burguesa, y sólo una sociedad burguesa hubiera podido explotar el imperio que había caído en manos de España; y no lo estaba, porque sin haber producido una burguesía, España —y especialmente Castilla— estaba viviendo una dualidad entre pueblo y Estado, o lo que es lo mismo, entre los castellanos y su Reina, y también entre Aragón y Castilla.
Para el hombre del pueblo de Castilla, que fue a la conquista de América, ya no regían los hábitos sociales del sistema feudal. Ese hombre quería enriquecerse rápidamente, y no era ni artesano ni burgués; no sabía enriquecerse mediante el trabajo metódico. Su conducta desordenada en tierras americanas era, pues, producto de su actitud de hijo de un intermedio entre dos épocas. Pero Isabel, que no era la Reina de un estado burgués, y con ella muchos sacerdotes como Las Casas y Montesinos, tenía los principios morales de una católica sincera, y condenaba lo que sus subditos hacían en las regiones que se iban descubriendo. Fernando, en cambio, católico y rey de un Estado en el que ya había burguesía, no podía compartir los escrúpulos de Isabel, aunque los respetara, sobre todo mientras la Reina vivió.
España, pues, descubrió y conquistó un imperio antes de que tuviera la capacidad física y la actitud mental que hacían falta para ser un país imperialista; y esa contradicción histórica se acentuó con la expulsión de los judíos, ocurrida precisamente en los días del descubrimiento de América, y las posibilidades de desarrollarse más tarde a través del paso gradual y lógico de país artesanal a país industrial se perdieron con las sucesivas expulsiones de los moriscos. Así, en los esquemas socio-económicos de España se presentó un vacío que nadie podía llenar. Puesto que no había burgueses que aportaran capitales y técnicas para administrar el imperio, el Estado debió hacerlo todo, lo que explica que Fernando tuviera que ocuparse hasta de dar Cédulas Reales para que se enviaran ovejas, caballos y vacas a América. En ese contexto se explica el mercantilismo como una necesidad impuesta por las circunstancias históricas. La riqueza metálica y comercial tenía que ser controlada por el Estado a fin de llenar el vacío que había entre la composición socioeconómica de España y su organización imperial; y el monopolio del comercio con América es sólo un resultado natural y lógico de ese estado de cosas.
Los historiadores y sociólogos latinoamericanos que culpan a España por esas medidas, no alcanzan a darse cuenta de que España se hallaba cogida en una trampa histórica y no podía hacer nada diferente, y los escritores españoles que se empeñan en probar que América le debe tanto y más cuanto a España, y para demostrarlo presentan un catálogo de las medidas favorables a América que tomaron los Reyes Católicos, no alcanzan a comprender que los Reyes actuaban así porque no había diferencias entre un territorio americano y uno español. Para esos Reyes y sus hombres de gobierno, América era igual a Castilla o a Aragón, no un imperio colonial destinado a enriquecer una burguesía española que no existía. Sólo podemos ser justos con los reyes de esos días si nos situamos en su época y dejamos de ver sus actos con los prejuicios de hoy.
Si el Estado español representó en el Caribe una conducta moral frente a los desmanes de sus subditos peninsulares, se debió a,que actuó adelantándose a su propio tiempo histórico. Al terminar el siglo XV y comenzar el XVI, el Estado Español seguía rigiéndose por los principios religiosos que habían gobernado la Ciudad de Dios en el Medioevo de Europa, y ni los reyes ni sus consejeros hubieran concebido que esos territorios de ultramar podían ser dados a compañías de mercaderes para que los usaran con fines privados, cosa que harían un siglo y un tercio después Inglaterra, Holanda y Francia. Fue Carlos V, el nieto de los Reyes Católicos, el primer soberano español que capituló con una firma de banqueros alemanes la conquista de una porción del Caribe; y Carlos V había nacido y crecido en Flandes, país donde la burguesía estaba muy desarrollada, punto que hay que tener en cuenta a la hora de hacer juicios sobre las relaciones de España y sus territorios de Ultramar.
En el primer siglo que siguió al Descubrimiento los dominios españoles en el Caribe fueron molestados por Holanda, por Inglaterra, por Francia. Pero ninguno de esos dominios le fue arrebatado a España. Las flotas españolas eran asaltadas por los corsarios holandeses, ingleses y franceses, y muchas fundaciones fueron atacadas y algunas destruidas. Sin embargo, los corsarios y los piratas no ocuparon tierras. ¿Por qué? Pues porque ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia eran todavía imperios en propiedad. Lo que le sucedía a España en el 1530 les sucedía también a esas naciones, que no disponían de capitales para invertir en el Caribe ni de ejércitos para desafiar él poder español. Ahora bien, esos países estaban desarrollando ya fuerzas sociales que España no había podido desarrollar —debido a su prolongada guerra contra los árabes, como hemos dicho antes— y eso les permitiría estar, a su hora, en condiciones de actuar como imperios antes que España.
Si España hubiera dispuesto de un mercado interno capaz de consumir los productos del Caribe, o si hubiera tenido relaciones comerciales con Europa para vender esos productos en otros países, España habría desarrollado en el Caribe una burguesía francamente industrial —con las limitaciones de la época, desde luego— a base de la industria del azúcar, por ejemplo, puesto que el azúcar comenzó a fabricarse en la Española en los primeros años del siglo XVI. Pero España no tenía ese mercado. España se había adelantado políticamente a Europa y sin embargo iba detrás de ésta en desarrollo de su organización social. Los guerreros de Castilla habían tomado el lugar de los burgueses que no se habían formado, y sucedía que los guerreros podían guerrear, pero no podían comerciar; estaban hechos a la medida de las batallas, no a la medida de las negociaciones en el mercado.
Al llegar el 1600, y a pesar de que para esa fecha había sacado de América riquezas metálicas abundantes —sobre todo de Méjico y del Perú—, España tenía en América la organización política y administrativa de un imperio, pero no era imperio. En cambio, a esa fecha los países que aspiraban a suplantar a España en el Caribe tenían las condiciones internas indispensables para ser imperios y les faltaban las condiciones externas, esto es, el territorio imperial. Así, para el 1600 España dominaba la base exterior de un imperio pero carecía de la base interior, mientras que Holanda, Inglaterra y Francia disponían de la base interior y carecían de la exterior.
Ahora bien, la base exterior del imperio español es un concepto que no podía aplicarse al Caribe en su totalidad. Por ejemplo, fue en 1523 cuando se fundó en Venezuela el primer establecimiento de población, y fue en 1528 cuando el Trono capituló por primera vez para una colonización de Venezuela. La capital de esa gobernación —la ciudad de Tocuyo— vino a ser establecida en 1546. En 1562 se estimaba que en Venezuela había sólo 160 vecinos, esto es, familias españolas; en 1607 llegaban a 740.
Las costas de Puerto Rico podían verse desde la costa de la Española y la conquista y la colonización de la Española había comenzado a fines de 1493; sin embargo, la primera expedición sobre Puerto Rico se inició, y sólo con 50 hombres, en 1508, esto es, quince años después de haberse comenzado la conquista de la Española. Fue en 1511 cuando Diego Velázquez, colonizador de Cuba, llegó a la isla mayor del Caribe, que estaba a un paso de la Española. En 1540, la población de La Habana era de 40 vecinos casados y por casar, indios naborías naturales de la isla, 120; esclavos indios y negros, 200; un clérigo y un sacristán. Fue en 1584 cuando se fundó en Trinidad la primera población española, San José de Oruña, y Trinidad era una isla importante, la quinta en extensión de las Antillas, y estaba en el paso natural para las salidas del Orinoco y la costa venezolana del Caribe. Las pequeñas islas de Barlovento no fueron ni siquiera tocadas por España.
Si no tomamos nota de esa situación de debilidad militar y económica de España en el Caribe durante todo el siglo XVI, no será fácil comprender por qué los holandeses, los franceses y los ingleses pudieron penetrar la región y establecer allí su frontera imperial.
Tenemos, pues, que en el Caribe se dieron estas condiciones: su pobreza en oro o en otros metales, mucho más si se compara con la riqueza de Méjico y del Perú en esos renglones, le impedía proporcionarle a España el tipo de riqueza que ella necesitaba, si se exceptúan, hasta cierto punto, los criaderos de perlas de Cubagua, Margarita y los situados frente al istmo de Panamá; poblado en varios de sus territorios por indios caribes, que lucharon durante tres siglos defendiendo sus tierras, el Caribe no se ofrecía como una región fácil de conquistar; por último, el Caribe había sido descubierto y conquistado por un país que tenía capacidad política y cierto grado de capacidad militar, pero no tenía la capacidad económica ni la capacidad social que hacían falta para desarrollar la zona como empresa colonial. Agregúese a esto que en el momento en que España debía aplicar su mayor capacidad colonizadora en el Caribe, se descubrieron Méjico y el Perú, tierras fabulosamente ricas en metales, y España, necesitada de esos metales para suplir con ellos su falta de capital y para adquirir productos de consumo, se vio en el caso de concentrar toda su atención en esos países nuevos. Así, pues, el vacío de poder que mantenía España en el Caribe se acentuó de manera dramática.
Al mismo tiempo sucedía que durante el siglo XVI otros países de Europa, como Francia, Holanda e Inglaterra, acumulaban capitales, desenvolvían su organización social, fortalecían sus poderes centrales y creaban fuerzas militares, y se desarrollaban en su seno mercados consumidores de productos tropicales.
Podemos advertir, pues, que mientras en el Caribe se formaba un vacío de poder, en Europa se creaban las fuerzas que podían llenar ese vacío. Cuando la potencia que dominaba en el Caribe —España— chocó en Europa con las que podían llenar el vacío, esas potencias acudieron al Caribe. Las fronteras españolas no estaban, en el doble sentido militar y económico, en la península de Iberia; estaban en el Caribe, y además, allí estaba el punto más débil de esa frontera. Allí era donde los nacientes imperios, que aspiraban a sustituir a España, podían obtener lo que necesitaban, tierras tropicales que se podían poner a producir con trabajo esclavo; allá era donde estaban los lugares más vulnerables en la muralla militar de España; y además esos territorios del Caribe podían servir de bases para cualesquiera planes ulteriores contra el imperio español de tierra firme.
Podemos decir con toda propiedad que fue en el siglo XVIII, pasado el 1700, cuando España comenzó a ser imperio en el Caribe, pero no ya en la totalidad del Caribe sino en lo que le había quedado allí después de las desgarraduras hechas en sus posesiones por sus enemigos europeos. Un siglo antes de eso, del 1601 en adelante, era tanta la debilidad de España en el Caribe que al comenzar el siglo abandonó casi la mitad occidental de la Española porque no podía enfrentarse con los traficantes holandeses y franceses que operaban en la isla. A mitad del siglo estuvo a punto de perder la porción más rica de esa isla, el valle del Cibao, cuando en 1659 una columna de piratas tomó la ciudad de Santiago de los Caballeros. Al firmar la paz de Nimega en el año 1679, España no hizo reclamaciones contra la existencia de un establecimiento francés en la isla, y poco más de un siglo después le cedía a Francia la parte ocupada por ella.
En 1653 hacía treinta años que no iba a Trinidad un barco español autorizado para llevar mercancías o para sacar frutos de la isla; en 1671 el gobernador de Trinidad comunicaba al Consejo de Indias que para defender la colonia en caso de ser atacada por algún enemigo sólo disponía de 80 indios españolizados y de 80 vecinos españoles; y debemos suponer que entre esos españoles una parte importante era nacida en la isla, puesto que hacía treinta años que no iba un buque español. En 1655 Jamaica estaba tan desguarnecida y tan escasamente poblada de españoles o criollos, que cayó con relativa facilidad en manos de los soldados ingleses que unos días antes habían sido derrotados en Santo Domingo.
Hay que tener en cuenta que esos hechos sucedían en el siglo XVII, es decir, en algunos casos a más de ciento cincuenta y en otros a doscientos años después de haber comenzado la conquista española. En esos tantos años no había habido en la región aumento apreciable de la población nacida en España, si no de la nacida en el Caribe. El mestizaje había comenzado muy temprano. En 1531 había en Puerto Rico 57 españoles casados con blancas y 14 con indias, y es de suponer que el número de matrimonios mixtos debía ser mayor en la Española. Los hijos mestizos eran ya criollos, como lo serían también los hijos de español y española nacidos en las Indias. Doscientos treinta y cuatro años después había en Puerto Rico 39.849 hombres y mujeres libres, entre blancos, pardos y negros, de los cuales hay que suponer que por lo menos la mitad de los blancos, una porción importante de los negros y la totalidad de los pardos habían nacido en la isla. Pero debemos observar que Puerto Rico fue convertido desde temprano en un bastión militar español, por lo cual se enviaban soldados de la península, lo que no sucedía en otros puntos del Caribe.
La afluencia de españoles peninsulares al Caribe era muy escasa en el siglo XVI. En una época tan avanzada como el siglo XVIII, cuando ya gobernaban en España los Borbones y se había adoptado una política para conservar lo que había quedado del imperio, llegaron a la Española 483 familias canarias en cuarenta y cuatro años, esto es, entre el 1720 y el 1764. La proporción anual, como puede verse, era de once familias, y no hay que olvidar que para entonces España era efectivamente un imperio en el Caribe.
Esto quiere decir que entre 1493, cuando comenzó la conquista del Caribe, y los primeros años del 600, cuando empezó la conquista de las islas caribes por parte de ingleses, holandeses y franceses, hubo más de un siglo de posesión efectiva o legal por parte de los españoles, y en todo ese tiempo la población del Caribe creció con muy poco aporte peninsular. De esa población, una parte se rebelaba contra España porque no se consideraba española o porque consideraba que los españoles eran enemigos. Los rebeldes eran siempre indios o negros esclavos y a veces mezcla de indios y negros. Pero otra parte se sentía española y defendía el poder español cuando éste era atacado por filibusteros o corsarios; y esa parte fue decisiva en los combates que se libraron más tarde contra ejércitos invasores extranjeros, por ejemplo, contra los ingleses en Santo Domingo y contra ingleses y holandeses en Puerto Rico.
Estamos, pues, en el caso de decir que cuando España fue realmente imperio en el Caribe, fue un imperio sostenido por los hijos de aquellas tierras, no por tropas españolas, y entre esos hijos del Caribe los había que no eran blancos. Al conocerse en Santo Domingo que España había cedido a Francia la parte española de la isla —lo que hizo mediante el Tratado de Basilea, el 22 de julio de 1795— una negra nacida en el país murió de la impresión al grito de "¡Mi patria, mi querida patria!" No puede haber duda de que al decir "mi patria" aludía a España.
Al estallar la "guerra de la oreja de Jenkins" [1] , declarada a España por Inglaterra el 19 de octubre de 1739, los buques de corso armados en el Caribe y comandados y tripulados por criollos hicieron daños cuantiosos a los ingleses. Esos corsarios criollos habían estado operando desde mucho antes y siguieron operando largos años después. En esos años se destacaron capitanes corsarios del Caribe, como el llamado Lorencín, de Santo Domingo, y el mulato puertorriqueño Miguel Henríquez, de oficio zapatero, que llegó a ser condecorado por Felipe V con la medalla de la Real Efigie y armó a sus expensas una expedición para desalojar a los daneses de las islas Vírgenes.
Eso de que las bases humanas del imperio español en el Caribe estaban fundadas en un sentimiento natural de los nacidos en el Caribe llegó tan lejos que en 1808 los dominicanos hicieron la guerra a las tropas francesas que ocupaban la antigua parte española de la isla, pero no para declararse independientes si no para volver a ser colonos españoles. Con la excepción de Venezuela y Colombia, donde había habido conspiraciones contra España, en todos los territorios españoles de la región del Caribe los pueblos daban sustento al imperio.
Pero no queríamos llegar tan lejos en el tiempo. Para lo que vamos diciendo debemos volver a los años de los 600. En ese siglo XVII todavía España no tenía, por lo menos en el Caribe, las estructuras internas de un imperio. A no ser porque los criollos de diversas razas y colores los defendieron, muchos territorios españoles del Caribe hubieran caído en manos inglesas, como cayó Jamaica y como más tarde cayó Belice y como estuvo a punto de caer la costa oriental de Nicaragua, donde los ingleses fueron dominantes hasta fines del siglo pasado.
En las luchas de los imperios en el Caribe participaron los criollos, y esto sucedió no sólo en las tierras españolas sino también en las de ingleses y franceses. Pero la mayor decisión estuvo de parte de los criollos españoles, aunque no fueran blancos. Los defensores más tenaces del gobierno español en Jamaica fueron algunos criollos y los negros esclavos de criollos y españoles. Esos negros se mantuvieron peleando en las montañas muchos años después que el último español había abandonado las costas de Jamaica.
En sus luchas contra el español, los indios de las islas fueron al fin vencidos y luego desaparecieron, totalmente exterminados, por lo menos como raza y cultura. Igual les sucedió a los caribes de Barlovento en su batalla de casi dos siglos con ingleses y franceses. Pero los negros africanos llevados como esclavos, y muchos de sus Hijos y nietos, no se resignaron a su suerte y se convirtieron en el explosivo histórico del Caribe. Al cabo del tiempo, sobre todo en las islas donde vivieron forzados por el látigo, acabaron siendo o una parte importante o la mayoría de la población; de manera que al andar de los siglos a ellos les ha tocado o les tocará ser los amos de las tierras adonde fueron conducidos por la violencia. A ellos tiene que dedicarse un capítulo especial de la historia del Caribe, y en este libro habrá muchas páginas destinadas a sus rebeliones, algunas de las cuales —como la de Haití— es una verdadera epopeya. También, desde luego, habrá capítulos dedicados a las rebeliones indias, puesto que ellos combatieron hasta la muerte contra los imperios.
Este libro está destinado a ser sólo un recuento de las agresiones imperiales que se han producido en el Caribe, fueran hechas por grupos aislados —como piratas, filibusteros, corsarios— o por ejércitos imperiales; será además un recuento de las luchas de indios y negros provocadas por la opresión y la explotación de los imperios; será un recuento de las agresiones hechas por los imperios a los pueblos independientes.
Para poder hacer evidentes todos los episodios de esas luchas —que son en fin de cuenta las innumerables crisis de las políticas imperiales en el Caribe— se requiere un orden, no meramente cronológico, si no imperial, es decir, un orden que se ciña al que siguió cada uno de los imperios en sus actividades por las tierras del Caribe.
En el caso de los corsarios, piratas y filibusteros, eso no es fácil, dado que a menudo sus ataques no eran descritos en documentos oficiales y ni siquiera en relatos privados.
El primero de los imperios que entró en el Caribe fue España, así se tratara de un imperio a medias; el último fueron los Estados Unidos.
El Caribe comenzó a ser frontera imperial cuando llegó a las costas de la Española la primera expedición conquistadora, que correspondió al segundo viaje de Colón. Eso sucedió el 27 de noviembre de 1493. El Caribe seguía siendo frontera imperial cuando llegó a las costas de la antigua Española la última expedición militar extranjera, la norteamericana que desembarcó en Santo Domingo el 28 de abril de 1965.
Como puede verse, de una fecha a la otra hay cuatrocientos setenta y cuatro años, casi cinco siglos. Demasiado tiempo bajo el signo trágico que les imponen los poderosos a las fronteras imperiales.
pp.11-33
[1] En Inglaterra se llamó a la de 1739 "guerra de la oreja de Jenkins" porque un marinero inglés de este nombre fue llamado a declarar ante un comité de la Cámara de los Comunes acerca de la circunstancia en que, años antes, unos españoles le habían arrancado una oreja.

Rubén Berríos Martínez - Discurso en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico

2007-08-29T18:23:00.000-03:00

Discurso ante el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico
Por: Rubén Berríos Martínez PresidentePartido Independentista Puertorriqueño
18 de noviembre de 2006

Queridos compatriotas latinoamericanos y caribeños:
Los que creemos en la libertad no nos podemos conformar con menos. Por eso nos reunimos hoy en Panamá bajo el lema “América Latina Unida por la Independencia de Puerto Rico”.
Rubén Berríos se dirige a las delegacionespresentes en el Congreso
Hace ciento ochenta años el Congreso Anfictiónico convocado por el Libertador Simón Bolívar, se reunió en esta misma ciudad con el propósito de garantizar y completar la independencia de nuestra América. Hoy estamos aquí en cumplimiento de ese mandato.
En la última parte del siglo 20, Panamá ha sido ejemplo de lo que unidos podemos lograr. Aquí, un pueblo en lucha por sus derechos, y con el respaldo y la solidaridad de nuestra América, logró lo que hasta entonces parecía imposible: la recuperación de la zona del Canal, un territorio secuestrado por un enclave colonial que le partía en dos su propio corazón.
Los aquí presentes, representantes de toda la América Latina y el Caribe, pertenecientes a las más diversas tendencias ideológicas, podremos tener diferentes puntos de vista sobre múltiples asuntos, pero a todos nos une la independencia de Puerto Rico.
Porque, cuando se deja a un lado lo coyuntural, lo pasajero, y vemos la historia desde la cúspide de los siglos, Nuestra América la sufrida, es una sola patria; por donde va uno vamos todos. Tan libre será la América Latina y el Caribe como libre sea Puerto Rico. La historia de nuestras naciones durante el siglo XX ha sido la de variaciones sobre el tema de la dependencia. Puerto Rico es sólo su caso extremo.
Hoy, en la época de las nacionalidades y la democracia, y ante el fortalecimiento del respeto propio y la dignidad en nuestro continente, nada más natural que nuestra América –cada vez más dueña de sí misma- reclame a Puerto Rico como lo que siempre ha sido, como uno de los suyos.
Constituye una afrenta a Nuestra América y a la democracia que a la altura del siglo XXI Puerto Rico sea la última gran colonia que queda en el mundo. La democracia y el colonialismo son antagónicos e incompatibles. No puede haber democracia cuando las leyes básicas, y la vida misma de un país, son determinadas por un país extranjero. Una colonia democrática es un absurdo, una contradicción en sí misma. Una colonia democrática no es otra cosa que una jaula de oropel.
Pero el colonialismo no sólo ofende la democracia y violenta el principio de la igualdad entre los pueblos. El colonialismo constituye un ultraje contra la dignidad humana. Por eso el derecho a la libre determinación y la independencia es inalienable e irrenunciable y se ha convertido en norma absoluta e irrevocable de derecho internacional. Por eso el colonialismo ha sido proscrito por la humanidad. Por eso los Estados Unidos está en la obligación de descolonizar a Puerto Rico.
Ha llegado el momento de la independencia de Puerto Rico. La soberanía nacional de mi patria, que hasta ayer no era para muchos más que un reclamo de principios, se convierte hoy en una necesidad imperiosa, en una demanda necesaria para dar a respetar a nuestro continente. De eso se trata este Congreso.
Durante más de un siglo de colonialismo norteamericano (y antes bajo España), los puertorriqueños hemos luchado por nuestra descolonización y libertad, por todos los medios imaginables. Pero la desproporción de fuerzas ha sido avasalladora y la coyuntura histórica no ha sido la apropiada. Baste recordar que nos ha tocado ser colonia del país más poderoso del mundo en lo que se ha llamado el siglo norteamericano.
Pero los puertorriqueños tenemos la perseverancia, el arrojo y el tesón para hacer valer nuestros derechos. ¡Los Estados Unidos podrán tener la fuerza de la fuerza, pero nosotros tenemos la fuerza de la moral!
Todo lo que somos los puertorriqueños lo hemos hecho nosotros. Con el sudor y el esfuerzo de nuestros trabajadores, con la técnica de nuestros científicos y profesionales, con la inspiración de nuestros poetas, pintores y escritores; con la música de nuestros compositores y artistas y con el poder de nuestro pensamiento y nuestra imaginación. ¡No somos más que nadie, pero tampoco menos!
Pero la libertad, como enseñó Martí, hay que pagarla a su justo precio. Y yo puedo decir con orgullo: los puertorriqueños hemos pagado con creces el precio de la libertad.
Lo hemos pagado a través de los siglos con el sacrificio de nuestra lucha, con el calvario de nuestros patriotas; desde Betances, Ruiz Belvis y Hostos en el Siglo 19, hasta De Diego, Albizu Campos y Concepción de Gracia en el Siglo 20. Los patriotas puertorriqueños no se han conformado con escribir su protesta, al decir de Darío “sobre las alas de los inmaculados cisnes tan ilustres como Júpiter”. Han ido más allá; como aquel joven nacionalista, bien nombrado Bolívar Márquez, quien luego de ser herido de muerte por órdenes de los gobernantes norteamericanos junto a más de veinte compañeros desarmados, dejó escrita con su propia sangre sobre una pared la protesta, ¡“Viva la República, abajo los asesinos”! “Y se le murió el tintero”.
Y hemos pagado el precio de la libertad con el heroísmo y la constancia de hombres y mujeres como doña Lolita Lebrón y don Rafael Cancel Miranda, quienes cumplieron más de 25 años en prisión por la libertad de su patria y quienes nos honran hoy con su presencia. ¡Perseguidos, arando en el mar, pero siempre combatiendo, irradiando luz, esperanza, optimismo!
Si alguien, por desconocimiento de nuestra historia, tenía alguna duda sobre el arrojo y el tesón de los puertorriqueños en la lucha por su libertad, ahí está Vieques. Allí, en esa isla borincana, en los albores del Siglo 21, el pueblo puertorriqueño, con su fuerza moral, puso de rodillas a la Marina de Guerra más poderosa del mundo. ¡Los pusimos de rodilla y los forzamos a salir de nuestro suelo!
Los puertorriqueños hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra obligación. Nuestra es la responsabilidad primaria y nuestro es el privilegio de luchar por la independencia de la patria.
Pero si a nuestra lucha por la libertad unimos el esfuerzo y la solidaridad militante de nuestros hermanos y hermanas del continente, ¿qué no seremos capaces de lograr?
Habrá quienes piensen que la exigencia de Puerto Rico para superar su condición colonial no es todavía para Estados Unidos un asunto urgente; pero de lo que no cabe la menor duda es de que América Latina es para los Estados Unidos un asunto de la mayor importancia. Por eso, al quedar la independencia de Puerto Rico inscrita en la agenda permanente de la América Latina y el Caribe, la liberación nacional de mi patria se hace inevitable.
Hoy estamos dando un paso fundamental e imprescindible en esa dirección. Este Congreso, más que la culminación, debe ser el comienzo de una gesta libertaria continental. América Latina y el Caribe se tienen que convertir en el interlocutor de la independencia de Puerto Rico ante los Estados Unidos y ante el mundo. De aquí, de este Congreso, tiene que surgir esa determinación y tiene que surgir una agenda, un plan de acción, para hacer realidad la libertad de Puerto Rico.
Ese plan de acción debe incluir desde el reclamo de los parlamentos y gobiernos latinoamericanos y caribeños hasta la constitución de comités de solidaridad en todos los países de nuestro continente. Tenemos que lograr que las organizaciones sindicales, estudiantiles, culturales, religiosas, cooperativistas, cívicas y de toda índole –desde su liderato hasta sus militantes y miembros- apoyen, difundan y promuevan la lucha por la liberación de Puerto Rico. Tenemos que lograr que nuestra América, la de carne y hueso conozca y se enamore de la independencia de mi patria.
Al luchar por la independencia de Puerto Rico la América Latina y el Caribe no sólo estará cumpliendo con su obligación ética e histórica. La independencia de Puerto Rico le dará a nuestra América una mayor conciencia de su propia valía y de su propia fuerza. Pero digo más: me atrevo a avizorar el futuro y prever que la liberación de Puerto Rico muy bien podría ser el detonador que desencadene el proceso para hacer realidad el gran proyecto de Bolívar, La gran patria de patrias. Porque ante todo, los latinoamericanos y caribeños –y no me canso de repetirlo- somos hijos de una misma patria grande y generosa; nos enamoramos con las mismas canciones, nos estremecemos con los mismos poemas, bailamos con los mismos ritmos, nos ilusionamos con las mismas aspiraciones y sufrimos con un mismo corazón.
En las fiestas nacionales de todas las Repúblicas de América Latina y el Caribe se honra a aquellas generaciones que legaron a las del presente el regalo exquisito de la independencia, requisito indispensable para una vida de plena libertad, justicia y dignidad. Ninguno de nosotros tuvo el privilegio de participar en aquellas luchas heroicas. Yo los invito a convertir a nuestra generación en la última generación de libertadores de Nuestra América. A esa misión los invito. Vamos a hacer realidad la independencia de mi patria, que es también la de ustedes, la nuestra.
Los herederos de Hatuey, de Cuauhtémoc, de Atahualpa, de Toussaint, de Hidalgo, de San Martín, de Artigas, de O’ Higgins, de Sucre, de Bolívar, de Duarte, de Juárez, de Martí, de Sandino, y de Pedro Albizu Campos, juntos, no hay reto que no podamos superar ni sueño que no podamos realizar. ¡Viva Nuestra América Unida! ¡Viva Puerto Rico Libre!
Rubén Berríos Martínez18 de noviembre de 2006

George Monbiot - Cómo Gran Bretaña niega sus Holocaustos

2007-08-29T05:07:00.000-03:00

Cómo Gran Bretaña niega sus Holocaustos
George Monbiot

Al leer las informaciones sobre el juicio del novelista turco Orhan Pamuk, llaman la atención dos aspectos:
El primero, desde luego, es la brutalidad anacrónica de las leyes de ese país. El señor Pamuk, como numerosos otros escritores y periodistas, es procesado por “ultraje a la nación turca”, con lo que se quiere decir que se atrevió a mencionar el genocidio armenio en la primera guerra mundial y el asesinato de kurdos en la última década.
El segundo, es su asombrosa, incoherente, estupidez. El camino más adecuado para que esas masacres se conviertan en temas de actualidad, es precisamente procesar al novelista más importante del país por haberlas mencionado.
Mientras se prepara para acceder a la Unión Europea, el gobierno turco descubrirá que los otros miembros han encontrado un medio más efectivo para suprimir informaciones. Sin coerción legal, sin utilizar turbas aullantes para expulsar a escritores de sus hogares, hemos desarrollado una capacidad casi infinita para olvidar nuestras propias atrocidades.
¿Atrocidades? ¿Qué atrocidades? Cuando un escritor turco utiliza esa palabra, todos en Turquía saben de qué habla, aunque lo nieguen vehementemente. Pero la mayoría de la gente en Gran Bretaña te mirará sin comprender. Quisiera mencionar dos ejemplos, ambos tan bien documentados como el genocidio armenio.
En su libro “Late Victorian Holocausts” [Holocaustos de fines de fines del período victoriano], publicado en 2001, Mike Davis cuenta la historia de las hambrunas que mataron entre 12 y 29 millones de indios (1). Fueron, demuestra, asesinados por la política estatal británica.
Cuando una sequía de El Niño llevó a la indigencia a los campesinos de la meseta de Decca en 1876 había un excedente neto de arroz y trigo en India. Pero el virrey, Lord Lytton, insistió en que nada debía impedir su exportación a Inglaterra. En 1877 y 1878, en el punto álgido de la hambruna, los mercaderes de granos exportaron un récord de 6,4 millones de quintales de trigo. Mientras los campesinos comenzaban a morir de inanición, se ordenó a los funcionarios del gobierno que “desalentaran las labores de ayuda de todas las maneras posibles” (2). La Ley contra contribuciones caritativas de 1877 prohibió “bajo pena de encarcelamiento donaciones privadas de ayuda que interfirieran potencialmente con la fijación de precios del grano por el mercado.” La única ayuda permitida en la mayoría de los distritos eran los trabajos forzados, de los que se excluía a todo el que estuviera en un estado avanzado de inanición. Dentro de los campos de trabajo, los trabajadores recibían menos comida que los reclusos en Buchenwald. En 1877, la mortandad mensual en los campos equivalía a una tasa anual de mortalidad de un 94%.
Mientras morían millones, el gobierno imperial lanzó “una campaña militarizada para cobrar deudas por impuestos acumuladas durante la sequía.” El dinero, que arruinó a los que de otra manera podrían haber sobrevivido a la hambruna, fue utilizado por Lytton para financiar su guerra en Afganistán. Incluso en sitios que habían producido un excedente de alimentos, la política de exportación del gobierno, como la de Stalin en Ucrania, produjo hambre. En las provincias del noroeste, Oud y el Punjab, que habían producido cosechas récord en los tres años precedentes, murieron por lo menos 1,25 millones.
Tres libros recientes – “Britain’s Gulag” [El Gulag británico] de Caroline Elkins,
“Histories of the Hanged” [Historias de los ahorcados] de David Anderson y “Web of Deceit” [Red de engaños] de Mark Curtis – muestran cómo colonos blancos y soldados británicos reprimieron la revuelta maumau en Kenia en los años cincuenta. Expulsados de sus mejores tierras y privados de derechos políticos, los kikuius comenzaron a movilizarse – algunos de ellos violentamente – contra el régimen colonial. Los británicos reaccionaron encerrando a hasta 320.000 de ellos en campos de concentración (3). La mayoría de los restantes – más de un millón – fueron mantenidos en “aldeas cercadas”. Los prisioneros fueron interrogados con ayuda de “cortado de orejas, perforación de tímpanos, azotes hasta la muerte, vaciado de parafina sobre sospechosos que después eran incendiados, y la quema de tímpanos con cigarrillos encendidos.” (4) Soldados británicos utilizaban un “instrumento castrador metálico” para cortar testículos y dedos. “Cuando terminé de cortarle las bolas”, alardeó un colono, “no le quedaban orejas, y su globo ocular, el derecho, creo, colgaba fuera de su órbita” (5). A los soldados se les dijo que podían dispararle a cualquiera que quisieran “siempre que fuera negro” (6). La evidencia de Elkins sugiere que más de 100.000 kikuius fueron asesinados por los británicos o murieron de enfermedades y hambre en los campos. David Anderson documenta el ahorcamiento de 1090 presuntos rebeldes: muchos más que los ejecutados por los franceses en Argelia (7). Miles más fueron sumariamente ejecutados por soldados que afirmaron que “no se detuvieron” cuando se les ordenó hacerlo.
Son sólo dos ejemplos de por lo menos veinte atrocidades semejantes supervisadas y organizadas por el gobierno británico o colonos británicos: incluyen, por ejemplo, el genocidio tasmaniano, el uso de castigos colectivos en Malaya, el bombardeo de aldeas en Omán, la guerra sucia en el Norte de Yemen, la evacuación de Diego García. Algunas de ellas podrían provocar una marea, en la memoria de algunos miles de lectores, pero la mayoría de la gente no tendrá la menor idea de qué estoy hablando. Max Hastings, en el Guardian de hoy, lamenta nuestra “relativa falta de interés por los crímenes de Stalin y Mao.” (8). Pero por lo menos sabemos que ocurrieron.
En el Express podemos leer al historiador Andrew Roberts que argumenta que para “en la mayor parte de su historia de medio milenio, el Imperio Británico fue una fuerza ejemplar por el bien… los británicos renunciaron a su Imperio en gran parte sin derramamiento de sangre, después de haber tratado de educar a sus gobiernos sucesores en la forma de la democracia y de las instituciones representativas” (9) (presumiblemente encarcelando a sus futuros dirigentes). En el Sunday Telegraph, insiste en que “el imperio británico aseguró sorprendentes tasas de crecimiento, por lo menos en los sitios suficientemente afortunados, para ser coloreados en rosa en el globo.” (10). (Compárese con el dato central de Mike Davis, de que “no hubo aumento en el ingreso per capita de India desde 1757 a 1947”, o la demostración de Prasannan Parthasarathi de que “los labradores del sur de la India tuvieron mayores ingresos que sus homólogos británicos en el siglo XVIII y vivieron vidas de mayor seguridad financiera.” (11). (En el Daily Telegraph, John Keegan afirma que “el imperio, en sus últimos años, se hizo altamente benévolo y moralista.” Los victorianos “querían llevar la civilización y el buen gobierno a sus colonias y abandonarlas cuando ya no fueran bienvenidos. En casi cada país, otrora coloreado de rojo en el mapa, cumplieron con esta resolución.” (12)
Existe un Holocausto, sagrado justamente, en la historia europea. Todos los demás pueden ser ignorados, negados o menospreciados. Como señala Mark Curtis, el sistema dominante de pensamiento en Gran Bretaña “promueve un concepto crucial que subyace a todo lo demás – la idea de la benevolencia básica de Gran Bretaña… La crítica de políticas exteriores es ciertamente posible, y normal, pero dentro de límites estrechos que muestran “excepciones” en, o “errores” en, la promoción de la regla de la benevolencia básica.” (13). Temo que esta idea, es el genuino “sentido de la identidad cultural británica” por cuya presunta pérdida se queja Max en la actualidad. No se requiere a ningún juez o censor para imponerla. Los dueños de los periódicos simplemente contratan las historias que desean leer.
El acceso de Turquía a la Unión Europea, puesto ahora en peligro por el juicio de Orhan Pamuk, requiere no que acepte sus atrocidades; sólo que permita que sus escritores expresen impotentemente su furia en su contra. Si el gobierno quiere que se olvide el genocidio de los armenios, debería abandonar sus leyes de censura y dejar que la gente diga lo que quiera. Sólo tiene que permitir que Richard Desmond y los hermanos Barclay compren sus periódicos, y el pasado no volverá a molestarlo.
www.monbiot.com
Referencias:
1. Mike Davis, 2001. Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World. Verso, Londres.
2. Una orden del lugar teniente-gobernador Sir George Couper a sus oficiales de distrito. Citado en Mike Davis, Ibíd.
3. Caroline Elkins, 2005. Britain’s Gulag: The Brutal End of Empire in Kenya. Jonathan Cape, Londres.
4. Mark Curtis, 2003. Web of Deceit: Britain’s Real Role in the World. Vintage, Londres.
5. Caroline Elkins, Ibíd.
6. Mark Curtis, Ibíd.
7. David Anderson, 2005. Histories of the Hanged: Britain’s Dirty War in Kenya and the End of Empire. Weidenfeld, Londres.
8. Max Hastings, 27th December 2005. This is the country of Drake and Pepys, not Shaka Zulu. The Guardian
9. Andrew Roberts, 13th July 2004. We Should Take Pride in Britain’s Empire Past. The Express.
10. Andrew Roberts, 16th January 2005. Why we need empires. The Sunday Telegraph.
11. Prasannan Parthasarathi, 1998. Rethinking wages and competitiveness in Eighteenth-Century Britain and South India. Past and Present 158. Citado por Mike Davis, Ibíd.
12. John Keegan, 14th July 2004. The Empire is Worthy of Honour. The Daily Telegraph.
13. Mark Curtis, Ibíd.

Ruy Mauro Marini - Fragmentos de Dialéctica de la dependencia -

2007-08-23T11:31:00.000-03:00

(...)
El secreto del intercambio desigual
La inserción de América Latina en la economía capitalista responde a las exigencias que plantea en los países industriales el paso a la producción de plusvalía relativa. Esta se entiende como una forma de explotación del trabajo asalariado que, fundamentalmente con base en la transformación de las condiciones técnicas de producción, resulta de la desvalorización real de la fuerza de trabajo. Sin ahondar en la cuestión, conviene hacer aquí algunas precisiones que se relacionan con nuestro tema.
En lo esencial, se trata de disipar la confusión que suele establecerse entre el concepto de plusvalía relativa y el de productividad. En efecto, si bien constituye la condición por excelencia de la plusvalía relativa, una mayor capacidad productiva del trabajo no asegura de por sí un aumento de la plusvalía relativa. Al aumentar la productividad, el trabajador sólo crea más productos en el mismo tiempo, pero no más valor; es justamente este hecho el que lleva al capitalista individual a procurar el aumento de productividad, ya que ello le permite rebajar el valor individual de su mercancía, en relación al valor que las condiciones generales de la producción le atribuyen, obteniendo así una plusvalía superior a la de sus competidores —o sea, una plusvalía extraordinaria.
Ahora bien, esa plusvalía extraordinaria altera el reparto general de la plusvalía entre los diversos capitalistas, al traducirse en ganancia extraordinaria, pero no modifica el grado de explotación del trabajo en la economía o en la rama considerada, es decir, no incide en la cuota de plusvalía. Si el procedimiento técnico que permitió el aumento de productividad se generaliza a las demás empresas, y por ende se uniforma la tasa de productividad, ello no acarrea tampoco el aumento de la cuota de plusvalía: se habrá tan sólo acrecentado la masa de productos, sin hacer variar su valor, o lo que es lo mismo, el valor social de la unidad de producto se reduciría en términos proporcionales al aumento de productividad del trabajo. La consecuencia sería, pues, no el incremento de la plusvalía, sino más bien su disminución.
Esto se debe a que lo que determina la cuota de plusvalía no es la productividad del trabajo en sí, sino el grado de explotación del trabajo, o sea, la relación entre el tiempo de trabajo excedente (en el que el obrero produce plusvalía) y el tiempo de trabajo necesario (en el que el obrero reproduce el valor de su fuerza de trabajo, esto es, el equivalente de su salario).[12] Sólo la alteración de esa proporción, en un sentido favorable al capitalista, es decir, mediante el aumento del trabajo excedente sobre el necesario, puede modificar la cuota de plusvalía. Para esto, la reducción del valor social de las mercancías debe incidir en bienes necesarios a la reproducción de la fuerza de trabajo, vale decir bienes-salarios. La plusvalía relativa está ligada indisolublemente, pues, a la desvalorización de los bienes-salario, para lo que concurre en general, pero, no forzosamente, la productividad del trabajo.[13]
Esta digresión era indispensable si queremos entender bien por qué la inserción de América Latina en el mercado mundial contribuyó a desarrollar el modo de producción específicamente capitalista, que se basa en la plusvalía relativa. Mencionamos ya que una de las funciones que le fue asignada, en el marco de la división internacional del trabajo, fue la de proveer a los países industriales de los alimentos que exigía el crecimiento de la clase obrera, en particular, y de la población urbana, en general, que allí se daba. La oferta mundial de alimentos, que América Latina contribuye a crear, y que alcanza su auge en la segunda mitad del siglo XIX, será un elemento decisivo para que los países industriales confíen al comercio exterior la atención de sus necesidades de medios de subsistencia.[14] El efecto de dicha oferta (ampliado por la depresión de los precios de los productos primarios en el mercado mundial, tema al que volveremos más adelante) será el de reducir el valor real de la fuerza de trabajo en los países industriales, permitiendo así que el incremento de la productividad se traduzca allí en cuotas de plusvalía cada vez más elevadas. En otros términos, mediante su incorporación al mercado mundial de bienes-salario, América Latina desempeña un papel significativo en el aumento de la plusvalía relativa en los países industriales.
Antes de examinar el reverso de la medalla, es decir, las condiciones internas de producción que permitirán a América Latina cumplir esa función, cabe indicar que no es sólo a nivel de su propia economía que la dependencia latinoamericana se revela contradictoria: la participación de América Latina en el progreso del modo capitalista de producción en los países industriales será a su vez contradictoria. Esto se debe a que, como señalamos antes, el aumento de la capacidad productiva del trabajo acarrea un consumo más que proporcional de materias primas. En la medida en que esa mayor productividad se acompaña efectivamente de una mayor plusvalía relativa, esto significa que desciende el valor del capital variable en relación al del capital constante (que incluye las materias primas), o sea, que se eleva la composición-valor del capital. Ahora bien, lo que se apropia el capitalista no es directamente la plusvalía producida, sino la parte de ésta que le corresponde bajo la forma de ganancia. Como la cuota de ganancia no puede ser fijada tan sólo en relación al capital variable, sino que sobre el total del capital avanzado en el proceso de producción, es decir, salarios, instalaciones, maquinaria, materias primas, etc., el resultado del aumento de la plusvalía tiende a ser —siempre que implique, aunque sea en términos relativos, una elevación simultánea del valor del capital constante empleado para producirla— una baja de la cuota de ganancia.
Esta contradicción, crucial para la acumulación capitalista, se contrarresta mediante diversos procedimientos, que, desde el punto de vista estrictamente productivo, se orientan ya en el sentido de incrementar aún más la plusvalía, a fin de compensar la declinación de la cuota de ganancia, ya en el de inducir una baja paralela en el valor del capital constante, con el propósito de impedir que la declinación tenga lugar. En la segunda clase de procedimientos, interesa aquí el que se refiere a la oferta mundial de materias primas industriales, la cual aparece como la contrapartida —desde el punto de vista de la composición-valor del capital— de la oferta mundial de alimentos. Tal como se da con esta última, es mediante el aumento de una masa de productos cada vez más baratos en el mercado internacional, como América Latina no sólo alimenta la expansión cuantitativa de la producción capitalista en los países industriales, sino que contribuye a que se superen los escollos que el carácter contradictorio de la acumulación de capital crea para esa expansión.[15]
Existe, sin embargo, otro aspecto del problema que debe ser considerado. Trátase del hecho sobradamente conocido de que el aumento de la oferta mundial de alimentos y materias primas ha sido acompañado de la declinación de los precios de esos productos, relativamente al precio alcanzado por las manufacturas.[16] Como el precio de los productos industriales se mantiene relativamente estable, y en todo caso declina lentamente, el deterioro de los términos de intercambio está reflejando de hecho la depreciación de los bienes primarios. Es evidente que tal depreciación no puede corresponder a la desvalorización real de esos bienes, debido a un aumento de productividad en los países no industriales, ya que es precisamente allí donde la productividad se eleva más lentamente. Conviene, pues, indagar las razones de ese fenómeno, así como las de por qué no se tradujo en desestímulo para la incorporación de América Latina a la economía internacional.
El primer paso para responder a esta interrogante consiste en desechar la explicación simplista que no quiere ver allí sino el resultado de la ley de oferta y demanda. Si bien es evidente que la concurrencia desempeña un papel decisivo en la fijación de los precios, ella no explica por qué, del lado de la oferta, se verifica una expansión acelerada independientemente de que las relaciones de intercambio se estén deteriorando. Tampoco se podría interpretar el fenómeno si nos limitáramos a la constatación empírica de que las leyes mercantiles se han visto falseadas en el plano internacional gracias a la presión diplomática y militar por parte de las naciones industriales. Este razonamiento, aunque se apoye en hechos reales, invierte el orden de los factores, y no ve que la utilización de recursos extraeconómicos se deriva precisamente de que hay por detrás una base económica que la hace posible. Ambos tipos de explicación contribuyen, por tanto, a ocultar la naturaleza de los fenómenos estudiados y conducen a ilusiones sobre lo que es realmente la explotación capitalista internacional.
No es porque se cometieron abusos en contra de las naciones no industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles, es porque eran débiles que se abusó de ellas. No es tampoco porque produjeron más de lo debido que su posición comercial se deterioró, sino que fue el deterioro comercial lo que las forzó a producir en mayor escala. Negarse a ver las cosas de esta manera es mixtificar la economía capitalista internacional, es hacer creer que esa economía podría ser diferente de lo que realmente es. En última instancia, ello conduce a reivindicar relaciones comerciales equitativas entre las naciones, cuando de lo que se trata es de suprimir las relaciones económicas internacionales que se basan en el valor de cambio.
En efecto, a medida que el mercado mundial alcanza formas más desarrolladas, el uso de la violencia política y militar para explotar a las naciones débiles se vuelve superfluo, y la explotación internacional puede descansar progresivamente en la reproducción de relaciones económicas que perpetúan y amplifican el atraso y la debilidad de esas naciones. Se verifica aquí el mismo fenómeno que se observa en el interior de las economías industriales: el uso de la fuerza para someter a la masa trabajadora al imperio del capital disminuye a medida que entran a jugar mecanismos económicos que consagran esa subordinación.[17] La expansión del mercado mundial es la base sobre la cual opera la división internacional del trabajo entre naciones industriales y no industriales, pero la contrapartida de esa división es la ampliación del mercado mundial. El desarrollo de las relaciones mercantiles sienta las bases para que una mejor aplicación de la ley del valor tenga lugar, pero simultáneamente crea todas las condiciones para que jueguen los distintos resortes mediante los cuales el capital trata de burlarla.
Teóricamente, el intercambio de mercancías expresa el cambio de equivalentes, cuyo valor se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario que incorporan las mercancías. En la práctica, se observan diferentes mecanismos que permiten realizar transferencias de valor, pasando por encima de las leyes del intercambio, y que se expresan en la manera como se fijan los precios de mercado y los precios de producción de las mercancías. Conviene distinguir los mecanismos que operan en el interior de la misma esfera de producción (ya se trate de productos manufacturados o de materias primas) y los que actúan en el marco de distintas esferas que se interrelacionan. En el primer caso, las transferencias corresponden a aplicaciones específicas de las leyes del intercambio, en el segundo adoptan más abiertamente el carácter de transgresión de ellas.
Es así como, por efecto de una mayor productividad del trabajo, una nación puede presentar precios de producción inferiores a sus concurrentes, sin por ello bajar significativamente los precios de mercado que las condiciones de producción de éstos contribuyen a fijar. Esto se expresa, para la nación favorecida, en una ganancia extraordinaria, similar a la que constatamos al examinar de qué manera se apropian los capitales individuales el fruto de la productividad del trabajo. Es natural que el fenómeno se presente sobre todo a nivel de la concurrencia entre las naciones industriales, y menos entre las que producen bienes primarios, ya que es entre las primeras que las leyes capitalistas de intercambio se ejercen de manera plena; esto no quiere decir que no se verifique también entre estas últimas, máxime cuando se desarrollan allí las relaciones capitalistas de producción.
En el segundo caso —transacciones entre naciones que intercambian distintas clases de mercancías, como manufacturas y materias primas— el mero hecho de que unas produzcan bienes que las demás no producen, o no lo pueden hacer con la misma facilidad, permite que las primeras eludan la ley del valor, es decir, vendan sus productos a precios superiores a su valor, configurando así un intercambio desigual. Esto implica que las naciones desfavorecidas deban ceder gratuitamente parte del valor que producen, y que esta cesión o transferencia se acentúe en favor de aquel país que les vende mercancías a un precio de producción más bajo, en virtud de su mayor productividad. En este último caso, la transferencia de valor es doble, aunque no necesariamente aparezca así para la nación que transfiere valor, ya que sus diferentes proveedores pueden vender todos a un mismo precio, sin perjuicio de que las ganancias realizadas se distribuyan desigualmente entre ellos y que la mayor parte del valor cedido se concentre en manos del país de productividad más elevada.
Frente a estos mecanismos de transferencia de valor, fundados sea en la productividad, sea en el monopolio de producción, podemos identificar —siempre al nivel de las relaciones internacionales de mercado— un mecanismo de compensación. Trátase del recurso al incremento de valor intercambiado, por parte de la nación desfavorecida: sin impedir la transferencia operada por los mecanismos ya descritos, esto permite neutralizarla total o parcialmente mediante el aumento del valor realizado. Dicho mecanismo de compensación puede verificarse tanto en el plano del intercambio de productos similares como de productos originarios de diferentes esferas de producción. Nos preocupamos aquí sólo del segundo caso.
Lo que importa señalar es que, para incrementar la masa de valor producida, el capitalista debe necesariamente echar mano de una mayor explotación del trabajo, ya a través del aumento de su intensidad, ya mediante la prolongación de la jornada de trabajo, ya finalmente combinando los dos procedimientos. En rigor, sólo el primero —el aumento de la intensidad del trabajo— contrarresta realmente las desventajas resultantes de una menor productividad del trabajo, ya que permite la creación de más valor en el mismo tiempo de trabajo. En los hechos, todos concurren a aumentar la masa de valor realizada y, por ende, la cantidad de dinero obtenida a través del intercambio. Esto es lo que explica, en este plano del análisis, que la oferta mundial de materias primas y alimentos aumente a medida que se acentúa el margen entre sus precios de mercado y el valor real de la producción.[18]
Lo que aparece claramente, pues, es que las naciones desfavorecidas por el intercambio desigual no buscan tanto corregir el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas (lo que implicaría un esfuerzo redoblado para aumentar la capacidad productiva del trabajo), sino más bien compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio internacional, a través del recurso a una mayor explotación del trabajador. Llegamos así a un punto en que ya no nos basta con seguir manejando simplemente la noción de intercambio entre naciones, sino que debemos encarar el hecho de que, en el marco de este intercambio, la apropiación del valor realizado encubre la apropiación de una plusvalía que se genera mediante la explotación del trabajo en el interior de cada nación. Bajo este ángulo, la transferencia de valor es una transferencia de plusvalía, que se presenta, desde el punto de vista del capitalista que opera en la nación desfavorecida, como una baja de la cuota de plusvalía y por ende de la cuota de ganancia. Así, la contrapartida del proceso mediante el cual América Latina contribuyó a incrementar la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia en los países industriales implicó para ella efectos rigurosamente opuestos. Y lo que aparecía como un mecanismo de compensación a nivel del mercado es de hecho un mecanismo que opera a nivel de la producción interna.
(...)

[12] “El trabajo debe [...] poseer un cierto grado de productividad antes que pueda prolongarse más allá del tiempo necesario al productor para garantizar su subsistencia, pero no es jamás esa productividad, cualquiera que sea su grado, la causa de la plusvalía. Esa causa es siempre el trabajo excedente, cualquiera que sea el modo de extorsionarlo”. Traducción literal del pasaje incluido en El Capital, I, XVI, PP. 1008-1009, Pléiade; dicho pasaje no aparece en la edición FCE donde correspondería al tomo I, cap. XIV p. 428.
[13] Cf. El Capital, I, secciones IV y V y El Capital, Libro 1, Capítulo VI (inédito). Ed. Signos, Buenos Aires, 1971, parte I.
[14] La participación de las exportaciones en el consumo de alimentos de Inglaterra, hacia 1880, era de 45% para el trigo, 53% para la mantequilla y el queso, 94% para las papas y 70% para la carne. Datos de M. G. Mulhall, reportados por Paul Bairoch, op. cit., pp. 248‑249.
[15] Esto es resumido por Marx de la manera siguiente: “Cuando el comercio exterior abarata los elementos del capital constante o los medios de subsistencia de primera necesidad en que se invierte el capital variable, contribuye a hacer que aumente la cuota de ganancias, al elevar la cuota de la plusvalía y reducir el valor del capital constante.” E! Capital, III, XIV, p. 236. Es necesario tener presente que Marx no se limita a esta constatación, sino que muestra también el modo contradictorio mediante el cual el comercio exterior contribuye a la baja de la cuota de ganancia. No lo seguiremos, sin embargo, en esta dirección, y tampoco en su preocupación sobre cómo las ganancias obtenidas por los capitalistas que operan en la esfera del comercio exterior pueden hacer subir la cuota de ganancia (procedimiento que se podría clasificar en un tercer tipo de medidas para contrarrestar la baja tendencial de la cuota de ganancia, junto con el crecimiento del capital en acciones: medidas destinadas a burlar la tendencia declinante de la cuota de ganancia a través del desplazamiento del capital a esferas no productivas). Nuestro propósito no es el de ahondar ahora en el examen de las contradicciones que plantea la producción capitalista en general, sino tan sólo el de aclarar las determinaciones fundamentales de la dependencia latinoamericana.
[16] Apoyándose en estadísticas del Departamento Económico de las Naciones Unidas, Paolo Santi anota, respecto a la relación entre los precios de productos primarios y manufacturados: “Considerando al quinquenio 1876-80 = 100, el índice desciende a 96.3 en el periodo 1886-90, a 87.1 en los años 1896-1900 y se estabiliza en el periodo que va de 1906 a 1913 en 85.8 comenzando a descender, y con mayor rapidez, después de la finalización de la guerra.” “El debate sobre el imperialismo en los clásicos del marxismo”, Teoría marxista del imperialismo. Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, Argentina, 1969, p. 49.
[17] “No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como capital y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligar a éstos a venderse voluntariamente. En el transcurso de la producción capitalista, se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales. La organización del proceso capitalista de producción ya desarrollado vence todas las resistencias, la existencia constante de una superpoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de trabajo a tono con las necesidades de explotación del capital, y la presión sorda de las condiciones económicas sella el poder de mando del capitalista sobre el obrero. Todavía se emplea, de vez en cuando, la violencia directa, extraeconómica; pero sólo en casos excepcionales. Dentro de la marcha natural de las cosas, ya puede dejarse al obrero a merced de las 'leyes naturales de la producción', es decir, entregado al predominio del capital, predominio que las propias condiciones de producción engendran, garantizan y perpetúan.” El Capital, I, XXIV, p. 627, subr. orig.
[18] Celso Hurtado ha comprobado el fenómeno, sin llegar a sacar de él todas sus consecuencias: “La baja en los precios de las exportaciones brasileñas, entre 1821-30 y 1841-50, fue de cerca de 40%. En lo que respecta a las importaciones, el índice de precios de las exportaciones de Inglaterra [...] entre los dos decenios referidos se mantuvo perfectamente estable. Se puede, por tanto, afirmar que, la caída del índice de los términos de intercambio fue de aproximadamente 40%, esto es, que el ingreso real generado por las exportaciones creció 40% menos que el volumen físico de estas. Como el valor medio anual de las exportaciones subió de 3 900 000 libras a 5 470 000, o sea, un aumento de 40%. De esto se desprende que el ingreso real generado por el sector exportador creció en esa misma proporción, mientras el esfuerzo productivo realizado en este sector fue del doble, aproximadamente.” Op. cit., p. 115.

La Vallese - Ideologías y poderes -Editorial

2007-08-23T11:26:00.000-03:00

Ideologías y poderes
LA VALLESE en Ciencia Política
Editorial

Creemos que el oficio del politólogo se ubica en algún punto de la compleja trama de ideologías y poderes que conforma nuestra realidad. Esto significa que en la práctica profesional, científica y académica el politólogo no puede evitar favorecer a determinados poderes e ideologías. De ahí partimos para debatir en nuestra carrera remarcando la necesidad de asumir esta imposibilidad aséptica desde el nombre de esta publicación.
Ciertas modas intelectuales han logrado desdibujar el perfil de la carrera hacia una suerte de narrativa posmoderna que paradójicamente reniega de lo político. Este deslizamiento se alimenta de la crítica al malestar que genera el dogmatismo institucionalista en sus versiones más reduccionistas. La huida respecto del reduccionismo institucionalista (y de la epistemología que lo sustenta) amenaza llevarnos a una disolución filosófica del estudio científico de la política, acorde a la narrativa posmoderna. Las consecuencias políticas de esto son gravísimas. Corremos el peligro de que nuestra carrera pierda su vocación por entender y develar la realidad política, es decir, esa dosis de realismo político mínimo que convertía a nuestra disciplina en algo tan valioso para Gramsci. En efecto, cuando Gramsci reflexiona sobre los destinatarios reales de El Príncipe de Maquiavelo, entiende que son los que ignoran el realismo en política: “(…) ¿quién "no sabe"?. La clase revolucionaria de su tiempo, el "pueblo" y la "nación" italianas(…)” [1] . Despolitizar la ciencia política por exceso de formalismo institucionalista o disolverla por escapismo posmoderno implica ayudar a sostener el statu quo, implica un posicionamiento conservador, mas allá de la fraseología con la que se lo encubra.
El dogmatismo institucionalista, en su reduccionismo, se agota en planteos que privilegian los factores internos en el análisis de las crisis latinoamericanas sin dar cuenta de los condicionamientos implícitos a nuestra posición periférica en el sistema mundo capitalista. Se convierte así en un discurso justificatorio de la gobernabilidad neoliberal y de la aceptación del desarrollo dependiente asociado como determinismo impuestos por la globalización. La evaporación filosófico-posmoderna tampoco logra ir más allá y hoy se encuentra impotente para explicar procesos políticos como el boliviano, en los cuales los movimientos sociales de campesinos indígenas han tomado el Estado.
De hecho, tanto Bolivia como Venezuela, así como la ocupación norteamericana de Irak ponen en el centro de la actualidad política internacional situaciones que refutan ampliamente gran parte de los discursos sobre la globalización en su aspecto político. Vemos así como resucitan planteos estadocéntricos supuestamente caducos, márgenes impensables de soberanía política para estados débiles (como Bolivia), intervenciones imperialistas descaradas, etc. Todos estos fenómenos hacen evidentes los fallidos esfuerzos de la reflexión política de los noventa por evadir, encubrir o justificar los conflictos que generan las diversas formas políticas que intentan legitimar las asimetrías que caracterizan al capitalismo realmente existente.
[1] Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, Juan Pablos Editor, México, 1986.

Por una reforma del plan de estudios
Como estudiantes de ciencia política nos planteamos como productores de conocimiento, no sólo como meros reproductores y consumidores. En este sentido, creemos que es necesario poner en debate una reforma del plan de estudios de la carrera que recupere la importancia de las herramientas para el análisis político y las ubique al inicio de la carrera como materias obligatorias y talleres prácticos de análisis político (¡hoy la única materia especializada en análisis político es una optativa!). De esta forma, los estudiantes de la carrera contaran tempranamente con las herramientas mínimas para entender y analizar diversos escenarios y coyunturas políticas sobre los cuales desplegaran su interés y su práctica profesional como graduados en función de la orientación que elijan.
Análisis político, centro y periferia
En el análisis de nuestra realidad actual, entendemos que resulta crucial poder integrar, los factores que surgen de nuestra posición en la asimetría centro-periferia (que caracteriza al sistema mundo capitalista) con la forma actual de nuestros sistemas políticos latinoamericanos. De la artificial separación de estos factores provienen la mayoría de las limitaciones de los enfoques actualmente predominantes en los contenidos de la carrera. En su forma clásica, los reduccionismos institucionalistas han prescindido, descartado o desvalorado los condicionamientos y desafíos que surgen de las políticas para la región de las potencias hegemónicas para la explicación de las crisis de las democracias latinoamericanas. Por otro lado, los planteos posmodernos prescinden de los condicionamientos que surgen de la forma de los distintos sistemas políticos latinoamericanos. Con ello, se ubican en un nivel de generalización incapaz de dar cuenta de factores claves para comprender los recorridos diferenciados que desembocaron en las crisis de los neoliberalismos así como las modalidades diferenciadas de salida de dichas crisis. Y es que los diversos diseños institucionales, con sus sistemas electorales, y sus sistemas de partidos resultan cruciales para comprender como se van resolviendo los distintos escenarios así como las posibilidades concretas que presentan. La polarización del sistema de partidos junto con su fragmentación forman parte decisiva de la pauta de conflicto en Venezuela. Seria ridículo minimizar el alcance de los procesos constituyentes de Venezuela y Bolivia en la búsqueda de lograr diseños institucionales que avancen hacia el postneoliberalismo y postcapitalismo. A nivel de partidos y movimientos, la cohesión interna, la disciplina partidaria y las tradiciones organizativas marcan límites y posibilidades de la acción política tanto para el campo popular como para los sectores conservadores, así como los parámetros para formar coaliciones de gobierno viables.
De hecho, sin integrar todos estos elementos en un mismo análisis, resultaría imposible analizar la descomposición actual del sistema de partidos argentino (y las novedades que produce), la estrategia de construcción política que llevo por primera vez en la historia a un indígena a la presidencia de Bolivia, o la necesidad de Chávez de intentar la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo tanto, creemos que integrando estas perspectivas de análisis podremos lograr una mejor comprensión de la realidad política, no solo con fines científicos, académicos y profesionales, sino también para guiar la acción política de quienes hemos optado políticamente por la liberación nacional y social.

POR UNA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO EN UNA PATRIA LIBERADA
LA VALLESE

La Valllese - Sociología Año Cero - Editorial

2007-08-11T14:39:00.000-03:00

Sociología Año Cero
La Vallese en Sociología

Editorial
Como estudiantes de sociología nos planteamos la necesidad de repensar nuestra carrera a la luz de su situación actual y del malestar que nos genera. Un malestar difuso que podemos sintetizarlo en una sensación de “desconexión” entre lo que estudiamos en las aulas y el resto de la realidad. Dicho malestar también se vincula con la situación de “consumidores- reproductores” de conocimiento sociológico en la cual nos ubica la institución. Una situación que nos resulta pasiva frente a la necesidad de poder constituirnos en productores de conocimiento desde nuestra situación de estudiantes.
Entendemos esa desconexión en el marco de una crisis más general, caracterizada en la ausencia de audacia intelectual, en el subproducto conservador de ciertas comodidades instaladas, en la atemporalidad de algunas ortodoxias, en el escepticismo, la resignación y el derrotismo destilados por el discurso y la estética posmoderna.
Frente a ello nos reclamamos una actitud fundante que sintetizamos en el Año Cero. No desconocemos todo lo anterior, ni lo desvalorizamos, creemos que hay que asumirlo críticamente, que ese pasado nos trajo a este presente. Y dentro de ese pasado encontramos algunos puntos de apoyo para pensar críticamente el presente. Sabemos que ni la historia ni la sociología empiezan con nosotros pero también sabemos que no podemos dejar que nos aplasten las herencias que desembocan en el malestar actual. Necesitamos pensar desde la metáfora de una nueva temporalidad para intentar pensar la realidad (y sus problemas) desde algo mas que la aplicación mecánica del dogma o el refrito monográfico.
Así, situados en ese imaginario Año Cero, livianos de herencias, nos planteamos comenzar los esbozos de una sociología de la dependencia como forma de intentar superar esa desconexión con la realidad. Para nosotros la sociología debe poder servirnos para conocer mejor la realidad que queremos transformar. Es desde ese conocimiento que podemos plantearnos correctamente nuestra opción política para intentar cambiar la realidad.
La reflexión sociológica tal cual surge de nuestras aulas solo nos permite pensar aquello que se corresponde al paisaje social de los países centrales, lo cual en América Latina implica una mirada sesgada hacia las “islas” de modernidad y posmodernidad. Tenemos herramientas conceptuales que nos permiten pensar y criticar al centro pero que ocultan la periferia. Es más, resulta muy difícil que podamos pensar al centro y la periferia como partes de un mismo sistema.
Nuestra “intuición sociológica” nos dice que el Che Guevara, Fanon, Gunder Frank y Carri estaban más cerca de pensar esa realidad que Gino Germani. Una realidad en la que las masas indígenas y campesinas de Bolivia (representadas en Evo Morales) se esfuerzan por refutar bibliotecas enteras de teorías canonizadas o consagradas por la moda. Esa actividad creativa de las masas, empeñadas en hacer lo “ teóricamente imposible”, resultan pensables y son la preocupación central de obras como Los condenados de la tierra de Fanon o Isidro Velásquez de Carri que hoy son ignoradas, denostadas o marginadas como exotismos setentistas.
Hacia una Sociología de la Dependencia
A partir de las reflexiones arriba expuestas queremos comenzar a plantear cuestiones que nos parecen centrales a la hora de orientar nuestra actividad como estudiantes e investigadores. Más allá de algunas fraseologías que circulan en la carrera, quien se pregunte por la identidad concreta de los sectores o clases dominantes y sus modos actuales de ejercer la dominación, o por la identidad y modos de los sectores o clases subalternos, se encuentra con grandes obstáculos para abordar dichos interrogantes. Una parte de esos obstáculos lo constituye la sacralización de autores y textos, lo cual los congela en el tiempo y les quita gran parte de su utilidad. Otra parte proviene de diversos ejercicios de evasión asociada a resaltar “contradicciones secundarias” o incluso preocupaciones barrocas cuyo principal objeto consiste en el despliegue de una profusa ilustración sobre cuestiones irrelevantes.
Por ello, entendemos que lo primero que tenemos que lograr es arraigar la reflexión sociológica en la periferia dependiente, es decir en nuestra posición dentro del llamado Tercer Mundo. No creemos en una sociología que no localice su mirada claramente desde la periferia del sistema-mundo actual. Junto a Carri afirmamos que “(…)No existen realidades contemporáneas preexistentes al sistema mundial imperialista ni sobrevivientes del precapitalismo; éste hace uno de un mundo dividido, y su escisión antagónica es la cara contradictoria de la unidad estructural del sistema (...) sin imperialismo no hay Tercer Mundo. (...) El imperialismo es el modo de vida de la sociedad capitalista contemporánea, su estructura determinante (...) constituye el modo de vida de la sociedad dependiente(… )”. Y en ese marco tenemos que asumir el papel de Latinoamérica que constituyo “(…)el primer intento en el mundo de organización de la dependencia dentro de los marcos que posteriormente se llaman neocoloniales(… )” .
Arraigar la mirada implica también introducir el cuestionamiento al eurocentrismo, dentro de los debates de la sociología del conocimiento. Las ciencias sociales argentinas presentan una fuerte inercia de eurocentrismo en los términos de Samir Amin (términos que incluyen dentro del eurocentrismo a Norteamérica) . Así, no es un etnocentrismo más sino que el eurocentrismo constituye una dimensión de la cultura y de la ideología del mundo capitalista moderno que se presenta como un universalismo al proponer a todos la imitación del modelo occidental como única solución. Constituye una deformación sistemática e importante que la mayoría de las ideologías y teorías sociales dominantes padecen. La dimensión eurocéntrica no solo desempeña funciones de legitimación sino que también contribuyen a ocultar la naturaleza del capitalismo realmente existente. Como visión del mundo descansa en dos axiomas: a) que los factores internos propios de cada sociedad son decisivos en su evolución comparada; b) que el modelo occidental del capitalismo puede generalizarse a todo el planeta.
En este sentido, retomamos los planteos de Guillermo Gutiérrez cuando afirmaba que “(…)se trata de dilucidar como la cientificidad, es decir, un tipo de conocimiento legitimado como científico, y como lo tanto ´universal´, a partir de la aplicación de un método particular, participó activamente del proceso de dominación de unos pueblos por otros, y cómo a la vez es en gran parte producto de la situación de dominio.(…)La sociedad europea aparece como La Sociedad, producto del grado más alto de racionalidad y a la vez hecho natural y necesario. Lo histórico de la sociedad europea solo aparece en la medida en que ésta debe ser considerada como el punto mas alto de la evolución humana; sus relaciones internas son la demostración de la necesidad de la organización y el sistema capitalista. En el otro lado de la escisión, una humanidad múltiple no pertenece a esta sociedad, no tiene sociedad, debe ser introducida en el fenómeno social de Europa como una manera de arrastrarla al campo de lo evolucionado. Habrá que imponer la necesariedad de las relaciones internas de esa sociedad a la humanidad externa, una forma de triunfo de la Razón sobre el oscurantismo irracional: todo aquel que no participe, que se oponga al avance de la civilización pertenece al mundo de lo irracional, y en un mundo donde la historia y la realidad la construye el sujeto humano, quedara relegado al mundo de lo pasivo: será Objeto. Así es como la periferia y su humanidad, que durante años, siglos, han sido objeto de explotación, serán también objeto porque la razón del sujeto explotador ha encontrado la forma de sistematizar ese fenómeno en un cuerpo orgánico: la ciencia social ".
Pero, además de relocalizar la perspectiva y expurgar críticamente nuestros saberes de su dimensión eurocéntrica, también debemos dar cuenta de lo que Carri denominaba colonias internas o “áreas del capitalismo colonial”: “(…) en los países de América Latina, la “dualidad estructural” muestra en un solo país las dos caras de la moneda: las áreas más desarrolladas de la sociedad dependiente explotan conjuntamente con sus amos imperiales a otras áreas que son mantenidas en la absoluta miseria y sujeción . A estas colonias internas llamamos áreas del capitalismo colonial”.
Carri coincide con los planteos de Andre Gunder Frank en el sentido de que así como la capital nacional y colonial con su sector de exportación se convierte en satélite de la metrópoli imperial, este satélite se convierte a su vez en una suerte de metrópoli local e intermediaria con respecto a los sectores de producción y la población del interior. En contraste con el desarrollo de las metrópolis centrales que no son satélites de nadie, el desarrollo de las metrópolis periféricas esta limitado por su estatuto de satélite.
Finalmente, hay que resaltar el hecho de que tanto los sectores dominantes como los subalternos se posicionan diferencialmente respecto de la relación de dependencia, de la cual también participan de manera diferencial, en tanto estén o no asociados a ella , y en el grado o intensidad en que se dé dicha asociación. En este sentido, Carri afirmaba que “(…)el proceso de integración imperialista produce en los países neocoloniales el desarrollo de una clase monopólica asociada, cuyo nivel de ingresos y la escala de su actividad, tiende a asemejarse a la de los centros metropolitanos” . Y el Che Guevara planteaba en sus inacabados Apuntes críticos a la Economía Política , la forma en que la contradicción centro-periferia redefine los alineamientos políticos más allá de los clásicos esquemas heredados del siglo XIX. Así, el Che denunciaba crudamente que: "(…)La clase obrera de los países imperialistas ha aumentado en cohesión y organización, pero no en conciencia, a menos que se le dé esa denominación a la conciencia de formar parte de los explotadores mundiales. Precisamente, el desarrollo de la explotación de los pueblos por parte del imperialismo ha provocado una dicotomía en la actitud de los obreros de los países imperialistas: organización y conciencia de la clase explotada en lo interno; prescindencia del internacionalismo proletario en lo externo, con lo que se le anula, transitoriamente al menos, como vanguardia revolucionaria. (…)No hay punto de contacto entre las masas proletarias de los países imperialistas y los dependientes; todo contribuye a separarlas y crear antagonismos entre ellas. También es falso que el proletariado [se distingue el proletariado de estos países de la ideología del proletariado] sea el que cumpla el papel dirigente en la lucha de liberación en la mayoría de los países semicoloniales (…).La escala es esta: los obreros de los países imperialistas reciben las migajas de la explotación colonial y se vuelven cómplices de los monopolistas; los obreros de los países dependientes reciben un salario muchas veces menor, pero un salario al fin y tienen cierta estabilidad en sus puestos sobre los que pesa una gran oferta de trabajo de campesinos sin tierra y desalojados, los campesinos de estos países son despojados de sus tierras para crear la posición latifundista y la oferta de trabajo. Su economía natural desaparece y nada la reemplaza, son los auténticos miserables de este momento en la gran mayoría de los países. Son la fuerza revolucionaria".
La actual situación mundial y regional nos plantea la urgencia de repensar y debatir todas estas cuestiones. Las modas y/o la aceptación de una modernización dependiente posteriores a la ultima Dictadura Militar cortaron y marginaron el estudio de nuestra realidad desde la perspectiva de nuestra posición periférica y dependiente en el sistema mundo capitalista. Creemos que esa perspectiva debe retomarse y desarrollarse seriamente si queremos romper la opresión que sufre nuestro pueblo en el marco del capitalismo. Sin una Sociología de la Dependencia difícilmente podemos desarrollar una política de Liberación Nacional y Social.

Fidel Castro - Testimonio de los días previos a Playa Giron

2007-08-11T14:35:00.000-03:00

Percibíamos la inminencia del ataque. No se puede decir que conocíamos fecha exacta, pero percibíamos toda una serie de síntomas de lo que iba a suceder.
Habíamos trabajado intensamente en las semanas anteriores, fue enorme el esfuerzo de organización y preparación de personal que se llevó a cabo, cientos de miles de personas fueron organizadas, entrenadas y armadas en unas cuantas semanas. Las armas venían llegando a ritmo rápido y llegaron oportunamente. Podemos decir que unas cuantas semanas antes de la invasión arribaron gran número de piezas de artillería terrestre, artillería antiaérea, artillería antitanque, tanques y cañones autopropulsados; y habíamos logrado reunir cientos de miles de armas, la mayor parte de las cuales era socialista, puesto que nuestros intentos de adquirir al principio ciertos lotes de armas en Europa occidental fueron saboteados {...}
Las armas recibidas en vísperas de la agresión no estuvieron muchos días guardadas en los almacenes. Se aceleró todo el proceso de organización de batallones. En aquella época, la unidad mayor de que disponían nuestras fuerzas armadas era batallón: batallones pesados, batallones ligeros, que era como le llamábamos, en dependencia del armamento. Se hizo todo un programa de formación de cuadros, de entrenamiento del personal, un programa acelerado; porque había un puñadito de técnicos, especialistas soviéticos y checos, pero aquel programa de preparación de personal para hacer uso de todas aquellas armas era un programa largo. Las primeras baterías se suponía estarían listas al cabo de varios meses, y ya teníamos armamento para cientos de baterías; la circunstancia era especial, la situación era de emergencia. En los mismos campamentos donde estaban entrenándose las primeras baterías, hablamos con los milicianos y les dijimos: lo que ustedes aprendan por la mañana tienen que enseñarlo por la tarde. Reclutamos miles y miles de combatientes para formarlos como artilleros, los escogimos voluntarios entre las distintas unidades ya organizadas.

Álvaro García Linera - Fragmentos de "El evismo: lo nacional-popular en acción"

2007-08-07T17:05:00.000-03:00

Fragmentos de "El evismo: lo nacional-popular en acción"
Álvaro García Linera

(…)
El evismo es fundamentalmente una estrategia de poder que ha transitado, principalmente, por tres etapas: la resistencia local, en sus inicios, entre 1987 y 1995; la expansión en la búsqueda de alianzas, entre 1995 y 2001; la etapa de consolidación en el poder y de iniciativa ofensiva por llegar al poder, en el período 2001-2006.
Pero aunque en su núcleo fuerte parta de una persona, el evismo es un hecho colectivo revelado como una práctica política que para avanzar en estas tres etapas que señalamos fue incorporando una serie de componentes.
El primer componente central del evismo es una estrategia de lucha por el poder fundada en los movimientos sociales. Esto marca una ruptura con las estrategias previas observables en nuestra historia política y en buena parte de la historia política continental y mundial. Anteriormente, las estrategias de los subalternos estaban construidas a la manera de una vanguardia política cohesionada que lograba construir movimientos que eran su base social. Ese fue el caso de muchos países de Centroamérica, de Chile y, en parte, de Brasil. En otros casos se trató de una vanguardia política democrática legal o armada que lograba arrastrar a, o empalmarse con, movimientos sociales que la catapultaban, como ocurrió en distintos momentos en Perú o Colombia. El evismo modifica este debate al plantearse la posibilidad de que el acceso a niveles de decisión del Estado lo puedan hacer los propios movimientos sociales.
El evismo ya no hace una lectura de la representación de lo político a través de la delegación de poderes. Es una proyección que busca de manera casi absoluta la auto-representación de los propios movimientos sociales. Hablamos del evismo como una praxis porque este horizonte en el que los sindicatos campesinos optan por la auto-representación, rompiendo todos sus vínculos con los viejos partidos, no nace de una propuesta teórica definida, sino que se va implementando en la práctica, desde mediados de la década del noventa, con la fundación del Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) en 1995, sigla con la cual Evo Morales y el movimiento campesino entran a la vida política, ya con perspectivas emancipadoras.

La lucha por la auto-representación
A partir de la fundación del IPSP, los sindicatos campesinos empiezan a pugnar por llegar a controlar las estructuras estatales gubernamentales. De la negociación desde la resistencia, los movimientos sociales pasan a ocupar alcaldías e incrementan su trabajo por tener presencia en el parlamento. Como movimientos sociales son ellos quienes luchan por acceder al gobierno. A partir de la fundación del IPSP, los movimientos sociales (especialmente los campesinos) nunca más van a entregar la responsabilidad de lo político
a un representante o a una vanguardia.
El evismo es pues una forma de auto-representación político-estatal de la sociedad plebeya.
(…)
Un segundo componente central del evismo –que lo caracteriza notoriamente– es que el núcleo articulador de esa estrategia es el discurso de la identidad y la presencia indígena. Para ser estrictos, la identidad es algo construido: no es una condición natural ni perpetua. Y el evismo es una forma de reconstrucción contemporánea de la identidad. Ello se puede ver claramente en el movimiento cocalero, que pasa del discurso plenamente campesinista de la década del ochenta a otro claramente indígena en la década del noventa. Y ese proceso se extendió en todos los sindicatos campesinos en diversos momentos.
(…)
Pero lo central en la estrategia evista es que, partiendo de ese su indianismo flexible, núcleo unificador de su lectura política, puede abrirse a los mestizos, a los blancos o a quien fuera, pero bajo la premisa de organizar un nuevo proyecto que tenga como base otra vez a la nación, aunque ya de un modo distinto respecto de la idea de nación que proponía el nacionalismo revolucionario de 1952. El núcleo unificador de lo social y promovedor de la idea de nación es el indio.
El evismo se diferencia del nacionalismo revolucionario porque ahí el núcleo unificador y promovedor de la idea de la nación eran las clases medias letradas, y aquí la idea de la nación recae en los indios que vienen de los sindicatos agrarios y campesinos.
(…)
En esta nueva etapa, cincuenta años después, el indio es ya un sujeto político autónomo que propone un nuevo modelo de nacionalismo expansivo, una nación multicultural que resalta la “unidad en la diversidad”, como lo ha repetido tantas veces Evo Morales en sus campañas electorales.
En la práctica, las bases económicas de este nuevo proyecto parten de la recuperación de los recursos naturales, la nacionalización, y la atención especial que pone el programa del MAS en la pequeña producción, los microempresarios, los artesanos, las comunidades, los campesinos. La base material del evismo es la priorización de la pequeña producción, individual, familiar, comunitaria. Es la pequeña producción la que se ha rebelado durante este tiempo: los cooperativistas, los cocaleros, los microempresarios, las fejuves. Es claro que el MAS expresa esta rebelión pero de un modo inclusivo, incorporando la gran producción extranjera, tratando de dialogar con el mundo globalizado, pero girando todo en torno a un núcleo indígena en términos políticos y a la pequeña producción familiar y comunal en términos económicos. El evismo es también la visibilización de más de un modo de producción y de múltiples modernidades: esa es una de sus virtudes.
(…)
Composición ideológica del evismo
Hemos dicho que el MAS representa el despertar de los sujetos subalternos hacia un nuevo nacionalismo revolucionario, pero eso no quiere decir que el movimiento de Evo Morales pretenda resucitar la vieja ideología del nacionalismo revolucionario. El evismo transita más bien la vertiente de lo nacional popular, cuyo filo es todavía más revolucionario, y cuyas raíces en Bolivia pueden rastrearse en el despertar de las masas promovido por Belzu en el siglo XIX, incorporando fácilmente otras experiencias emancipatorias como el zapatismo –“mandaré obedeciendo”, prometió Evo en su discurso de asunción– o las luchas de líderes influidos por las ideas marxistas como el Che Guevara o Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Evo también dialoga con la antigua izquierda en la dimensión nacional-popular. Se hace cargo de los múltiples marxismos que todavía existen en el espacio político nacional, pero los subordina completamente al proyecto indianista.
El componente antiimperialista del discurso de Evo Morales y del MAS deviene de la praxis de la resistencia que tuvieron los sindicatos cocaleros desde fines de la década del
ochenta y durante la década del noventa. El Chapare fue el epicentro de una gran lucha en torno al cultivo de la coca. Eso potenció un discurso radicalmente antiimperialista, pues los distintos gobiernos neoliberales actuaban contra los cocaleros presionados –y apoyados militarmente– por EE.UU.
Otra vertiente importante que debemos destacar en este punto es el sindicalismo, lo cual nos retrotrae nuevamente a la fundación del IPSP, momento en que el sindicalismo cobista recibe quizás el primer revés histórico: los campesinos, cansados del sindicalismo clientelar y pactista que representaba la COB, organizan una nueva coordinadora de sindicatos –eso ha sido y es el IPSP– con fines emancipatorios.
(…)
¿El evismo es la revolución?
Los movimientos sociales radicales, que cuentan con una representación política mínima o nula, quieren entender al MAS como un movimiento plenamente reformista y no revolucionario.
Pero hay que considerar por lo menos dos formas de revolución: la social, que combina estructuras y modos de producción, y la política, que abre espacios de representación. Ambas tienen efectos económicos concretos. En el caso del evismo, estaríamos ante una revolución política que tiene su impacto en el ámbito económico, pero no de manera estrictamente radical. El propio Evo Morales ha conceptualizado al proceso que encabeza como una revolución democrática cultural o revolución democrática descolonizadora, que modifica las estructuras de poder, modifica la composición de las elites del poder y los derechos, y con eso las instituciones del Estado, y eso tiene un efecto en la propia estructura económica, porque toda ampliación de derechos significa la redistribución de la riqueza.
(…)
En el fondo, el evismo –no precisamente Evo– es el tercer gran intento histórico de los pueblos indígenas por establecer una lucha por el poder que lo redistribuya, compartiendo el acceso al mismo con los sectores no indígenas.
Su duración habrá de depender en gran medida de las clases medias. En la época de Katari, hay un período de dos meses de diálogo y luego rompen los mestizos, se pasan al bando de los españoles y entonces ahí se declara la guerra a muerte. Lo mismo sucedió con Wilka, que después de servir a los fines de las oligarquías paceñas es traicionado y asesinado. Y aunque este evismo se construye hoy con otras virtualidades y en un escenario en el que las elites blancas –a excepción del Oriente– han aceptado anticipadamente su derrota, habría que trabajar arduamente para evitar que asistamos a una repetición trágica de la historia.

Samir Amin - Fragmento de Capitalismo, Imperialismo, Mundialización - 2001

2007-07-31T16:46:00.000-03:00

La polarización que caracteriza a la mundialización capitalista revistió formas asociadas a las características principales de las fases de la expansión capitalista, que se expresan en formas apropiadas de la ley del valor mundializada. Estas son producidas, por un lado, por la articulación de las leyes del mercado trunco (como consecuencia de la segmentación del mercado de trabajo) y, por el otro, por las políticas de Estado dominantes, que se asignan el objetivo de organizar este mercado trunco en sus formas apropiadas. Separar lo político de lo económico no tiene aquí ningún sentido; no hay capitalismo sin Estados capitalistas, salvo en la imaginación de los ideólogos de la economía burguesa. Estas formas políticas apropiadas articulan los modos de dominación social internos propios a las sociedades del sistema y sus modos de inserción en el sistema mundial, ya sea como formaciones dominantes (centrales) o dominadas (periféricas).

En la fase mercantilista (1500-1800) que precede a la revolución industrial –y que por esta razón podemos considerar como una transición del feudalismo al capitalismo acabado- encontramos la conjunción entre formas políticas apropiadas –la monarquía absolutista del Antiguo Régimen, fundada sobre el compromiso social feudalidad/burguesía mercantil- y las políticas de implementación de las primeras formas de polarización: la protección militar y naval de los monopolios del gran comercio, la conquista de las Américas y su modelado como periferias del sistema de la época (que se “especializa” en producciones particulares útiles a la acumulación del capital mercantil), y la trata de negros que se encuentra asociada a ésta (Braudel, 1979; Gunder Frank, 1978; Wallerstein, 1989).

De la Revolución Industrial a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1800-1950) se extiende una segunda fase de la mundialización capitalista fundada en el contraste entre centros industrializados/periferias a las que se les niega la posibilidad de la industrialización (Arrighi, 1994; Bairoch, 1994). Este contraste, que define una nueva forma de la ley del valor mundializada, no es un producto natural de las “ventajas comparativas” invocadas por la economía burguesa. Este contraste toma forma a través de la implementación de medios que revisten tanto dimensiones económicas (el “libre cambio” impuesto a los partenaires de la nueva periferia en formación) como políticas (las alianzas con las clases dominantes tradicionales de la nueva periferia, su inserción en el sistema mundial, la intervención de las cañoneras y, por último, la conquista colonial). Estas formas de la mundialización se articulan en base a sistemas políticos propios de los centros industriales, nacidos ya sea de las revoluciones burguesas (Inglaterra, Francia, Estados Unidos), o de unificaciones nacionales que substituyen a éstas en la constitución de los mercados nacionales (Alemania, Italia), o, por último, de modernizaciones “despóticas iluminadas” (Rusia, Austria-Hungría, Japón). La variedad de las alianzas sociales hegemónicas propias de estas formas no debe hacernos olvidar su denominador común: todas estas formas apuntan a aislar a la clase obrera. Determinan igualmente las formas y los límites de la democracia burguesa de la época.

Este complejo sistema conoce una marcada evolución, entre otras cosas, por el paso a la dominación de los monopolios en la economía industrial y financiera de los centros -a partir de finales del siglo XIX- y, desde 1917, por la desconexión de la URSS. La mundialización se caracteriza entonces por la acentuación de los conflictos inter-centros (inter-imperialistas) y por la aceleración de la colonización de las periferias, una de las cuestiones más importantes de esta competencia agravada (Amin, 1993; Bellamy Foster, 1986). En conjunción con esta evolución se dibujan nuevas formas políticas que asocian al sistema -al menos parcialmente- a los representantes políticos de la clase obrera de los centros, aunque estos sistemas de “social-imperialismo” sólo son embrionarios en aquella época. Hasta el New Deal Norteamericano y el Frente Popular francés -a finales de los años 1930-, los bloques hegemónicos siempre habían sido anti-obreros.

La Segunda Guerra Mundial modificó las condiciones que guiaban la expansión capitalista polarizante de este siglo y medio de historia moderna. La derrota del fascismo modificaba profundamente las relaciones sociales de fuerza a favor de las clases obreras, que adquirieron en los centros posiciones que nunca habían conocido con anterioridad en el capitalismo; a favor de los pueblos de las periferias, cuyos movimientos de liberación reconquistaron la independencia política de sus naciones; a favor del modelo soviético del socialismo realmente existente, que aparecía como la forma más eficaz del proyecto de desconexión y de rattrapage. Al mismo tiempo, la consolidación de la predominancia norteamericana sobre todos los otros centros capitalistas modificaba las condiciones de la competencia inter-imperialista. En otras oportunidades propuse una lectura del medio siglo de posguerra (1945-1990) fundada en la articulación entre los sistemas político-sociales de los tres conjuntos que constituyen el mundo por un lado, y de las formas de la mundialización que la acompañan por el otro (Amin, 1993). A nivel de la organización interna de las sociedades en cuestión, encontramos pues: (i) el gran compromiso social capitaltrabajo que caracteriza a los antiguos centros (el Estado de Bienestar, las políticas keynesianas, etc.); (ii) los modelos nacionalistas populistas modernizadores del Tercer Mundo; (iii) el modelo soviético de socialismo (prefiero hablar de “capitalismo sin capitalistas”). La mundialización que caracteriza a esta tercera gran fase de la historia moderna es negociada (por los Estados), encuadrada y controlada por los compromisos que estas negociaciones garantizan. Sus condiciones no son dictadas unilateralmente por el capital de los centros dominantes, como en las fases precedentes. Esta es la razón por la cual esta fase está dominada por el discurso del “desarrollo” (es decir, el del rattrapage) y por prácticas de desconexión anti-sistémicas que están en conflicto con las lógicas unilaterales de despliegue del capitalismo.

Esta fase se encuentra hoy terminada con la erosión y el posterior hundimiento de los tres modelos societarios que la fundaban (el debilitamiento del Estado de Bienestar en Occidente, la desaparición de los sistemas soviéticos, la recompradorisation de las periferias del Sur) y la recomposición de relaciones de fuerza favorables al capital dominante. Más adelante volveré sobre la cuestión de las alternativas a la mundialización, y sobre los conflictos que resultan de éstas.

En este análisis, el énfasis puesto en la polarización inmanente a la expansión mundial del capitalismo es esencial. Este carácter permanente de la mundialización capitalista es simplemente negado por la ideología burguesa dominante, que persiste en afirmar que la mundialización ofrece una “oportunidad” que las sociedades pueden aprovechar o no, según razones que les son propias. Pero lo que según mi punto de vista resulta más grave, es que el pensamiento socialista (incluido el del marxismo histórico) compartió, al menos en parte, la ilusión de rattrapage posible en el marco del capitalismo.

La teoría de la mundialización capitalista que propongo, y de la cual esbocé las grandes líneas, hace de este concepto un sinónimo de imperialismo. El imperialismo no es pues un estadio -el estadio supremo- del capitalismo, sino que constituye su carácter permanente.

NOTAS DEL TRADUCTOR
El término rattrapage en francés refiere a la posibilidad de recuperar, de “reatrapar”, el atraso respecto a cierto fenómeno o proceso en curso. En este caso, el término hace referencia a la imposibilidad de los países periféricos de alcanzar niveles de desarrollo similares a los de los países centrales. Esto se debe a que, según explica el autor, a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, la lógica actual de la mundialización no otorga estas oportunidades a los países periféricos.

El término recompradorisation remite al complejo proceso de inserción subordinada que la nueva fase del capitalismo supuso para los países periféricos y que refiere tanto al desmantelamiento de las estructuras y conquistas características de las experiencias del “nacionalismo populista” anteriores como a las políticas y procesos que devienen de la constitución de lo que el autor llama los “cinco monopolios”.

Enmienda Platt - El colonialismo yanqui en Cuba a principios del siglo XX

2007-06-28T20:52:00.000-03:00

Enmienda Platt
(1901)

Que en cumplimiento de la declaración contenida en la Resolución Conjunta aprobada en 20 de abril de mil ochocientos noventa y ocho, estimulaba «Para el conocimiento de la Independencia del Pueblo cubano» exigiendo que el Gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la Isla de Cuba, y retire sus fuerzas terrestres, y marítimas de Cuba y de las aguas de Cuba y ordenando al Presidente de los Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar de los Estados Unidos para llevar a efecto estas resoluciones; el Presidente por la presente quedó autorizado para dejar el Gobierno y Control de dicha isla, a su pueblo, tan pronto como se haya establecido en esa Isla un Gobierno bajo una Constitución en la cual, como parte de la misma, o en una ordenanza agregada a ella se definan las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sustancialmente como sigue:

I.- Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la Independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla.

II.- Que dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubierto los gastos del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios.

III.- Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la Independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.

IV.- Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba, durante su ocupación militar, sean tenidos por válidos, ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos.

V.- Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciones, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que el comercio y el pueblo de los puertos del Sur de los Estados Unidos.

VI.- Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para su futuro arreglo por Tratado la propiedad de la misma.

VII.- Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la Independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos.

VIII.- Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un Tratado Permanente con los Estados Unidos.